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El próximo 18 de junio será un día clave para el director de Comfenalco Valle, Felice Grimoldi Rebolledo. Para esa fecha quedó fijada la audiencia que estaba programada para esta semana y en la que la Procuraduría dará su veredicto sobre el proceso que adelanta contra Grimoldi por varias irregularidades respecto al manejo de la mayor caja de compensación familiar del departamento. Un caso que se asemeja a algunos tristemente recordados como el de Saludcoop e Interbolsa.
Irregularidades en la contabilidad de la firma, el presunto uso de subsidios liquidados y no cobrados en créditos para afiliados, y empresas que no tenían derecho a ellos, haber autorizado un pago por $10 millones para un directivo de Comfenalco para que este viajara a Europa a un congreso que poco o nada tenía que ver con sus funciones y haber autorizado el pago de bonificaciones extralegales a funcionarios por un monto de $7.154 millones. Todos estos hechos tienen a Grimoldi en la mira del Ministerio Público.
La investigación de la Procuraduría tuvo lugar, según esa misma entidad, “tras la denuncia efectuada por algunos medios de comunicación en la cual se informaron supuestas irregularidades en el manejo de los recursos parafiscales por parte de la caja de compensación familiar Comfenalco Valle y luego de conocer los reparos, en ese mismo sentido, por parte de la Contraloría General de la República y la Superintendencia de Subsidio Familiar”.
El Espectador tuvo acceso a esos dos informes, en los que se da cuenta de las preocupaciones de estas dos entidades, respecto al manejo de Comfenalco Valle. El primero, el de la Superintendencia de Subsidio Familiar, es del 11 de diciembre de 2014. En este se hacen varias observaciones, entre ellas, que la caja “presenta una diferencia de $5.270 millones respecto de los recursos por concepto de ajustes por pagar, o excedentes del 55% de la vigencia 2013, por lo tanto la caja debe justificar dicha diferencia o la utilización de los recursos, en virtud de una posible violación de la normatividad”.
Esto porque, al parecer, estos dineros fueron destinados “para el apalancamiento de las necesidades financieras de la caja, beneficiando incluso a empresas, las cuales no son objeto de beneficio con los recursos parafiscales”. En el documento de 56 páginas, la Superintendencia le reprocha a Comfenalco, además, el deterioro del Club La Ribera, adquirido, según la misma caja, para atender a los afiliados de Tuluá (Valle).
Pero, de acuerdo con la Superintendencia, “el Club La Ribera se encuentra inactivo y en un avanzado estado de deterioro. Este sólo ha sido objeto de mantenimiento en sus áreas verdes y vigilancia, generando unos costos y gastos de operación de $146 millones, entre enero y agosto de 2014 (...) La inactividad del Club y la erogación que representan los costos y gastos de funcionamiento, así como los gastos transferidos, generan un incumplimiento esencial de la función social del subsidio familiar”.
Se cuestiona además que, según la Superintendencia, Comfenalco Valle viene “subsidiando en su servicio de recreación a población que no tiene derecho a ello” y se ponen en entredicho algunos convenios suyos con Éxito y la Universidad Libre. Así mismo, la Superintendencia se pregunta por las razones que llevaron a los directivos de esta caja de compensación familiar a pagarle $10 millones de comisión a un consejero, Alberto Guzmán Gómez, para asistir a un evento sindical, en Ginebra (Suiza), cuando este poco o nada tenía que ver con sus funciones.
Y estos no son los únicos privilegios puestos en duda. La Superintendencia señala que la caja “deberá explicar por qué se otorgan bonificaciones a los funcionarios en el primer semestre de 2014, por valor de $1.257 millones, teniendo en cuenta que la corporación en su estado de resultados al mes de junio de 2014 reporta unos excedentes de $574 millones”. La conclusión de la Superintendencia es clara: “La corporación asigna bonificaciones por mera liberalidad a sus funcionarios (...) que no tienen en cuenta las cifras correspondientes a los programas de salud a cargo de Comfenalco Valle”.
De hecho, a mediados de este año, Comfenalco Valle tuvo que salir a pedirle a la Superintendencia de Salud su retiro de la lista de Entidades Promotoras de Salud del régimen contributivo en el departamento del Cauca y 37 municipios del Valle del Cauca. Un tremendo revés para la empresa que afectó, por contera, a por lo menos 79 mil afiliados a esta caja de compensación familiar. También de mediados de este año es el informe de la Contraloría en el que, sumado a lo hallado por la Superintendencia, se denuncian posibles irregularidades en la contabilidad de la empresa. Entre ellas, la ausencia de un Manual de Contratación debidamente aprobado e implementado. “Se detectó que en los contratos verbales o escritos, hay inobservancia y debilidades en los procesos contractuales en su etapa precontractual, contractual, en las garantías contractuales y de supervisión”. Todos estos hallazgos ya fueron conocidos por la Procuraduría y, se espera, sean tenidos en cuenta a la hora de tomar una decisión.
Grimoldi ha dicho que no se va a pronunciar sino hasta el fin del proceso, aunque en entrevista con El País de Cali, en octubre del año pasado, dijo que las denuncias contra Comfenalco Valle son parte de una suerte de venganza del exauditor de esa caja, Juvenal Andrade Mayor, y que todas las bonificaciones se hicieron conforme a la ley y con el aval del consejo directivo. Falta ver qué define la Procuraduría sobre una entidad que agrupa a más de 200 mil afiliados y mueve miles de millones al año.