Ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Humberto Monroy, quien trabajaba en el grupo de asuntos internos de la subdirección de contrainteligencia del DAS explicó la forma en cómo se solicitó información privilegiada sobre asuntos bancarios a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) sobre un grupo de magistrados, congresistas y particulares.
El testigo aseguró que el organismo de inteligencia ordenó la recolección de información sobre transacciones en efectivo, depósitos bancarios, número de cuenta, fecha, transacciones cambiarias y notariales, así como registros de propiedades.
En este sentido indicó que la información recolectada tenía relación principal con los hechos que rodearon el viaje de un grupo de togados, y algunos de sus familiares, a Neiva por invitación del polémico empresario Ascencio Reyes, en el caso conocido por el DAS como la “Operación Paseo”.
El análisis de esta información, según las órdenes oficiales, buscaba establecer si existían vínculos con la mafia y el narcotráfico con los magistrados.
“Me ordenaron realizar el análisis de todos los documentos relacionados con Ascencio Reyes con el fin de verificar si había algunos vínculos con la mafia o el narcotráfico”, explicó el testigo quien hizo énfasis en que solamente hizo los análisis respectivos con el empresario y su núcleo familiar.
Sin embargo aseguró que cuando recibió los documentos pudo ver los nombres del magistrado (del Consejo Superior de la Judicatura) y Jorge Alfredo Escobar Araújo y Martha Luz Hurtado (quien era fiscal de un caso), pero no se acuerdó de otros nombres.
Igualmente, narró el testigo, le ordenó la recolección de información de los congresistas Piedad Córdoba, Yidis Medina y Teodolindo Avendaño.
Estas declaraciones se hicieron en el marco del juicio que se adelanta contra el exsecretario general de Presidencia, Bernardo Moreno Villegas y la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado por las llamadas 'chuzadas'.