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Judicial 15 Oct 2011 - 9:00 pm

Por un caso de desaparición forzada en diciembre de 2000

De investigador a investigado

Experto en criminalística e inteligencia y educador de oficiales, el coronel Hugo Javier Agudelo Sanabria afronta sindicación de la justicia.

Por: María del Rosario Arrázola
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    http://www.elespectador.com/noticias/judicial/de-investigador-investigado-articulo-305716
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Coronel Hugo Javier Agudelo Sanabria, sindicado como coautor de desaparición forzada. / Tomada de El Universal

Hay revuelo en la Policía. Por orden de un fiscal de Derechos Humanos, bajo el cargo de presunta participación en un caso de desaparición forzada agravada, fue detenido esta semana el coronel Hugo Javier Agudelo Sanabria. Considerado en la institución como uno de los más avezados investigadores judiciales y experto en materia criminalística, al actual subdirector nacional de Escuelas de la Policía se le indaga por un episodio ocurrido en el departamento del Quindío en diciembre de 2000.

El caso ocurrió el 7 de diciembre de 2000, cuando la Policía fue informada de que en la vereda Quebrada Negra, del municipio de Calarcá (Quindío), se estaba presentando un reiterado episodio de extorsión. Un grupo de detectives policías de la Sijín acudió al lugar y, a pesar de que los oficiales y suboficiales investigados siempre han negado que se hubiera producido la captura de Isaac Galeano Arango, lo cierto es que desde ese día está desaparecido y por esta razón ahora responden ante la justicia.

Fueron Heroína y Rocío Galeano, hermanas del desaparecido, quienes por establecer qué sucedió en la vereda Quebrada Negra llevaron el caso a la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y la Procuraduría, basadas en testimonios que daban cuenta de que Isaac Galeano sí había sido detenido por oficiales y suboficiales de la Sijín. Con un agravante: en 2003 una de ellas testificó que la habían llamado para decirle que su hermano estaba muerto y que no alborotaran el avispero porque la familia podía peligrar.

A su vez, la Fiscalía y la Procuraduría, urgidas por la Defensoría del Pueblo, adelantaron sus pesquisas. El ente investigador inició averiguaciones por el presunto delito de secuestro simple en Armenia, después el caso fue remitido a una fiscalía de Patrimonio Económico y, finalmente, en esta unidad, en razón de que no fue posible individualizar a los responsables del hecho, se expidió una resolución inhibitoria el 26 de septiembre de 2001. En apenas diez meses, la investigación penal estaba casi cerrada.

Las hermanas Galeano Arango persistieron en su búsqueda de la verdad y el 15 de septiembre de 2004 vino la respuesta. Un procurador delegado para la defensa de los Derechos Humanos declaró responsable al entonces mayor Hugo Javier Agudelo Sanabria como coautor de la desaparición forzada de Isaac Galeano, y ordenó su destitución absoluta de la Policía Nacional, junto al teniente Óscar Javier García, al subcomisario Diago Hernández y a los sargentos Pedro Barreto y Rodibelson Hernández.

En ese fallo de primera instancia, el delegado Édgar Escobar concluyó que si bien hasta la propia hermana del desaparecido, Heroína Galeano, admitió que éste se encontraba realizando actividades ilícitas, quedó claro que sí hubo un operativo de la Sijín el 7 de diciembre de 2000, que Isaac Galeano fue retenido porque pretendía cobrar el producto de una extorsión en la finca Las Margaritas, pero que existió ocultamiento de la información sobre una persona que había sido privada de la libertad.

En su momento las evidencias de la Procuraduría estaban basadas en testigos del retén de la Policía para hacer las requisas de rutina y de haber visto por última vez al desaparecido, amarrado y sin camisa, en un carro blanco de los dos que participaron en el operativo policial. El Ministerio Público concluyó entonces que los implicados, en especial el oficial Agudelo Sanabria, aunque aceptaron el operativo negaron la captura de Isaac Galeano, y por eso no podían anotarlo en los libros llevados por la Sijín.

Aunque la decisión de la Procuraduría fue destituir al entonces mayor Hugo Javier Agudelo y demás implicados en el caso, la decisión de primera instancia fue apelada y el 2 de diciembre de 2004 el fallo fue revocado y se produjo la absolución de los implicados. Ante esta circunstancia, el 8 de abril de 2005 las hermanas Heroína y Rocío Galeano optaron por llevar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en búsqueda de una solución internacional porque en Colombia no era posible.

Después de dos años de trámite en la CIDH, con reiteradas solicitudes al Estado para que aportara sus observaciones de manera oportuna, el 15 de octubre de 2007 el organismo internacional notificó la admisión del caso, argumentando no sólo su competencia, sino también la convicción de que, a la luz de la Convención contra la Desaparición Forzada y la Convención Americana, era pertinente aceptarlo y requerirle al Estado colombiano explicaciones sobre lo sucedido en diciembre de 2000.

En ese momento, para la Policía Nacional el caso tomó la máxima relevancia porque el oficial Hugo Javier Agudelo Sanabria ya era un elegido para retos mayores. De hecho, después de haberse desempeñado como investigador de la Dijín entre 1995 y 2000 y jefe de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) en Quindío, entre 2000 y 2002, siguió progresando en la institución y había sido jefe de inteligencia en Risaralda hasta 2005, en Cali hasta 2006 y también en la Policía Fiscal y Aduanera.

Cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió el caso de la desaparición de Isaac Galeano, el oficial Agudelo Sanabria ya era el decano de la Facultad de Investigación Criminal de la Policía. Un experto en la materia, con probados resultados en la lucha contra la delincuencia organizada y el narcotráfico. Un oficial que ha trabajado con él admitió que se trata de uno de los oficiales más preparados de la institución, con claro conocimiento del derecho penal y de la criminalística.

“Hasta finales de 2010 y durante dos años, el coronel Agudelo Sanabria fue el comandante de la Policía de Sucre y sus resultados fueron contundentes. Las bandas criminales estuvieron identificadas porque lo suyo es la investigación y la inteligencia”, agregó la fuente. Pero ya pesaba en los círculos judiciales la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que el caso fuera reabierto. Así se hizo y la semana anterior fue afectado con medida de aseguramiento por parte de la Fiscalía.

La diferencia es que de los cinco señalados desde 2000, sólo dos continúan en la Policía: el coronel Hugo Javier Agudelo Sanabria y el sargento primero Rodibelson Díaz Hernández. El teniente Óscar Javier García, el subcomisario Diago Alberto Hernández y el sargento Pedro José Barreto ya están retirados. Esta misma semana, unos y otros empezaron a ser ubicados en unidades policiales. El oficial Agudelo Sanabria quedó recluido en el Centro de Estudios Superiores de la Policía (Cespo).

El caso ha causado conmoción en la Policía. Es la primera vez que un alto oficial de la institución es vinculado a una investigación judicial de tanta gravedad como una desaparición forzada. Y mucho más tratándose del exdirector de la Escuela de Investigación Criminal y en la actualidad subdirector nacional de Escuelas de la Policía. Una autoridad contra la delincuencia que en sus primeras declaraciones públicas aseguró que saldrá bien librado porque no hay pruebas en su contra. Será la Fiscalía quien lo desmienta o lo acepte.

La Comisión Interamericana de D.H.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un organismo internacional que revisa procesos penales que no han tenido mayores avances en las jurisdicciones de los países. A este organismo de la Organización de Estados Americanos han llegado varios procesos de Colombia por casos de violaciones de los derechos humanos. Esta semana El Espectador entrevistó al actual vicepresidente de ese organismo, Rodrigo Escobar Gil, quien durante ocho años se desempeñó como magistrado de la Corte Constitucional. En ese diálogo Escobar sostuvo que es muy probable que algunos de los denominados casos de los llamados falsos positivos podrían ser eventualmente examinados por la comisión.

El Estado colombiano ha sido condenado internacionalmente por distintos casos, por ejemplo la masacre de los 19 comerciantes de Cimitarra (Santander) y la de La Rochela, cometidas en la década de los ochenta. También por la masacre de Mapiripán, de 1997.

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