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La Fiscalía en Manizales se alista para llevar a juicio un teniente de la Policía y a tres agentes (uno está prófugo), adscritos al Departamento de Policía Caldas, a quienes investigan por una serie de delitos como secuestro, extorsión y homicidio. Los uniformados fueron señalados por testigos de ser los responsables de raptar en una patrulla oficial a joven, al que le pidieron dinero para dejarlo libre. Hoy, tanto la víctima como dos testigos clave están muertos. Tres testigos más están bajo protección.
La historia inició el 24 de mayo del año pasado cuando los uniformados, que estaban de servicio, se desplazaron en la patrulla de la zona asignada a otro barrio fuera de su jurisdicción. Llegaron hasta una esquina donde se encontraba José Leonardo Aguirre, de 21 años, con unos amigos. Los policías hicieron una requisa y solicitaron la identificación de los muchachos. Un sujeto, quien portaba gorra y chaqueta de la Sijín, fue el encargado de detener al joven.
Aguirre, quien sabía que tenía un lío pendiente por inasistencia alimentaria, no se resistió al supuesto arresto y se subió en la parte trasera de la patrulla, donde encierran a los capturados. La patrulla, que debía dirigirse a la Estación de Policía, empezó a dar vueltas por la ciudad. En un punto cercano a la Estación, el conductor se detuvo y uno de los uniformados le dijo a Aguirre que en su contra había una supuesta investigación por tráfico de droga. Que para frenar el proceso y dejarlo libre, les tenía que dar $10 millones.
El detenido les dijo inicialmente que no tenía ese dinero. Sin embargo, los uniformados sabían de buena fuente que sí los tenía. Resulta que el sujeto que simuló la captura era un civil identificado como Carlos Alberto Moncada López, quien fue el que supuestamente les dijo a los policías que Aguirre había vendido días antes un vehículo y tenía dinero guardado en su casa.
Luego lo trasladaron a un calabozo de la estación de Policía, donde otro uniformado supuestamente se encargó de seguirlo presionando para que accediera a entregar el dinero. Después de varias horas, finalmente acordaron un pago de $1.5 millones. Aguirre llamó a su madre para que llevara el dinero a un parque de Manizales. Al sitio de la entrega del dinero llegó el joven junto a Moncada López.
Con lo que no contaban los supuestos responsables era que la madre de Leonardo ya había puesto una denuncia por secuestro ante el Gaula, ya que después de buscar por varias estaciones de Policía, nadie le supo dar razón del paradero de su hijo. Los investigadores del grupo antiextorsión iniciaron los primeros rastreos. La denuncia se consolidó, luego de que la mujer recibió la llamada de su hijo, en la que le indicaba el lugar dónde debía llevar el dinero.
El Gaula programó la operación para el momento de la entrega del dinero, en la que capturaron a Moncada López. El detenido, al verse atrapado, indicó en ese momento que se trataba de un dinero que Aguirre le debía. A Moncada lo llevaron ante un juez quien, a pesar de la denuncia de Leonardo Aguirre de que su caso había sido un secuestro, lo dejó en libertad.
La investigación continuó y fue cuando varios uniformados e incluso el propio Moncada, decidieron colaborar con las autoridades. Fue la forma cómo la Fiscalía pudo reconstruir todos los detalles de lo que ocurrió ese 24 de mayo del año pasado.
Con la declaración de Moncada y con el relato del propio extorsionado, quien identificó a cada uno de los uniformados y la patrulla, los investigadores del Gaula empezaron a recoger más evidencias para solidificar el caso contra los policías, que supuestamente participaron en el rapto.
Sin embargo, mientras avanzaba la investigación, empezaron a surgir amenazas contra algunos de los posibles testigos clave del proceso. De forma sospechosa, el pasado 8 de febrero asesinaron a Carlos Alberto Moncada López. El pasado 12 de marzo, fue asesinado Leonardo Aguirre Aguirre, luego de acudir a una cita con un socio. Finalmente, la persona que citó a Leonardo el día en que lo mataron, también fue asesinada el pasado 9 de mayo.
La Fiscalía, ante la cantidad de evidencias testimoniales en contra de los uniformados procesados, los capturó y les formuló cargos ante un juez de garantías. Uno de los agentes alcanzó a huir de la justicia. Hoy están tras las rejas, esperando la acusación por el delito de secuestro extorsivo. De igual forma, siguen esperando el avance de la investigación por los tres homicidios, en la que son los principales sospechosos, ya que fueron muertes de personas relacionadas con la investigación.