“Debemos dejar de usar la cárcel para responder a todo”: investigador de Dejusticia

Informe señala que en el continente americano es donde más se encarcela a las personas, hay 387 reclusos por cada 100 mil habitantes. Sergio Chaparro Hernández explica cuáles son las posibles soluciones a la crisis.

Redacción Judicial
14 de marzo de 2017 - 11:53 p. m.
AFP
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La crisis carcelaria que vive Colombia por cuenta de la sobrepoblación y las condiciones inhumanas en las que las personas cumplen sus condenas se extiende por América Latina y Estados Unidos. Investigadores de 10 países del continente se dieron a la tarea de analizar la situación de las prisiones, y en un informe publicado recientemente dieron luces sobre los caminos que deben tomar los Estados para combatir realmente los delitos, en especial los relacionados con las drogas.  

Sergio Chaparro Hernández, uno de los autores del estudio “Castigos irracionales: leyes de drogas y encarcelamiento de América Latina” e investigador de Dejusticia, dice que una de las principales conclusiones es que la cárcel se ha utilizado de forma excesiva y no ha resuelto nada de fondo. En esa “sobredosis de encarcelamiento”, en la región hay 387 reclusos por cada 100 mil habitantes, y los delitos de drogas son la tercera causa por la que la gente va a la cárcel.

Evitar la detención preventiva en caso de delitos de drogas menores, aplicar amnistías especiales para los sentenciados por estos delitos y para quienes no tengan antecedentes penales, promover los clubes de cannabis, descriminalizar el consumo de drogas, y no encarcelar a las mujeres embarazadas y madres de menores condenadas por delitos de drogas no violentos, son algunas de las recomendaciones del documento.

La crisis carcelaria es común en América. ¿Qué tan grave es el panorama de Colombia en la región?

Colombia es el país en el que más rápido ha crecido la población en prisión, y dentro de ella la población presa por delitos de drogas. Entre 2000 y 2015, la población en cárceles creció 141%, y la encarcelada por delitos de drogas aumentó 289%. 244 por cada 100.000 personas están hoy encarceladas, cifra por debajo de países como Estados Unidos o Costa Rica, pero que va en aumento y está por encima de lo que pasa en otros continentes.

A. Latina es la región donde más se encarcela a la población. ¿Realmente somos los más violentos?

Es cierto que América Latina tiene la violencia homicida más alta del mundo. Sin embargo, la cárcel se ha utilizado de forma excesiva incluso frente a conductas no tan graves, pues creemos que es la solución a todo, cuando de fondo no ha resuelto nada. Es un populismo punitivo muy costoso y contraproducente.

¿Cómo se soluciona entonces el caos carcelario que vive la región?

Primero, debemos dejar de usar la cárcel para responder a todo. En los últimos años hemos visto un aumento irracional de delitos y de las penas que tiene que parar. Es la vía fácil pero poco efectiva para responder a las demandas de seguridad ciudadana. Ante la crisis carcelaria, la Corte Constitucional ha dado unos lineamientos razonables de política criminal que es fundamental hacer respetar. Segundo, necesitamos diseñar respuestas más inteligentes y efectivas, como la prevención temprana del delito, las cuales han probado ser más eficaces y a un menor costo.  Es importante que antes de pedir más cárcel la gente sepa cuánto de los impuestos que pagan van a financiar el sistema penitenciario y qué se podría hacer con esa plata de otro modo.

¿Quién sí y quién no debe ser castigado con cárcel por delito de drogas y por qué?

Las drogas es uno de los temas que no deberían ser un asunto penal, sino de salud pública. Es verdad que hay organizaciones criminales asociadas al narcotráfico que representan una amenaza a la seguridad, pero la prohibición de las drogas es lo que las ha vuelto fuertes. Les ha transferido los dineros de un enorme mercado ilegal, que podría ser legal y regulado para evitar su crecimiento y contener los impactos en la salud de la población. Si a alguien se debe encarcelar es a quienes representan una verdadera amenaza a la seguridad, pero lo que hemos hecho es encarcelar a los eslabones más débiles.

¿Por qué prohibir que las embarazadas y madres menores vayan a la cárcel? ¿No sería una invitación para que esta población sea cada vez más usada en el negocio?

Aunque la mayoría de las personas encarceladas por drogas son hombres, la principal causa de encarcelamiento femenino es por delitos de drogas. La cárcel tiene un impacto desproporcionado sobre las mujeres y sus familias, especialmente sobre las mujeres embarazadas o con hijos pequeños. Además del impacto humano de tener a estas mujeres prisión habiendo otras alternativas, la cárcel se convierte en una condena no sólo contra ellas sino contra sus familias, pues estas quedan sin sustento económico, reproduciendo un ciclo de pobreza, vinculación al delito y más encarcelamiento.

¿A dónde nos lleva esto? A ningún lado, no es solo una cuestión de humanidad sino de buscar respuestas más inteligentes.

Las encarceladas son en su mayoría personas que ocupan rangos bajos en la cadena del negocio. ¿Los altos mandos han pasado impunes?

Menos de la quinta parte de las personas encarceladas por drogas lo han sido en concurso con otros delitos. Es decir, la mayoría son eslabones débiles, fácilmente reemplazables: producían, vendían, transportaban o simplemente portaban pequeñas cantidades, sin violencia. Muchos jefes han caído también, pero eso no ha acabado el problema. El narcotráfico es un monstruo al que se le corta la cabeza y le salen dos o tres. El problema es más estructural.

¿Qué debe hacer Colombia finalmente en su política de drogas?

A nivel internacional Colombia ha defendido un cambio de paradigma, de la prohibición hacia otro tipo de respuestas serias y responsables. Ese es el camino pero hay que ser consistentes a nivel interno. Por ejemplo, reduciendo el uso de la cárcel para responder a delitos menores de drogas. También cumpliéndole a las comunidades que están sustituyendo los cultivos de coca, o sus usos ilícitos, por otras opciones.

¿En qué ha tenido razón y en qué ha fracaso el Estado colombiano en su lucha contra las drogas?

Quizás el gran error ha sido entender el asunto de drogas como una guerra, pero ha habido aprendizajes que nos van sacando de ese camino, sin duda. Se han buscado respuestas más flexibles frente a consumidores y a cultivadores, despenalizando el porte para consumo (por decisión de la Corte Constitucional) e implementando programas de desarrollo alternativo. Se ha empezado a entender, con riesgos de retroceso, que es mejor concentrar esfuerzos en la interdicción que en la erradicación de cultivos. Pero corre el riesgo de estancarse, o quedar preso de un populismo conservador que ignora la evidencia de lo que funciona y lo que no. No se trata solo de un cambio institucional sino de un cambio social más profundo, que nos lleve a ensayar responsablemente respuestas como los mercados regulados, como ya ocurre en Estados Unidos, Uruguay, entre otros.

El sistema carcelario en el país ha demostrado su incapacidad para vigilar la casa por cárcel. ¿Esta es una alternativa a la crisis?

Hay un amplio repertorio de alternativas que van desde políticas preventivas antes de que los casos entren al sistema penal, como el caso del programa de jóvenes en paz en Bogotá al que no se le dio continuidad, a medidas cuando la persona ya está condenada, como la casa por cárcel. Las que se implementen deben ser cuidadosamente diseñadas, ejecutadas y evaluadas, pues la improvisación puede costar años de retroceso en el debate o estancamiento.

¿Condenas como la pena de muerte en China han servido para reducir el hacinamiento carcelario y los delitos relacionados con el narcotráfico?

Si las Américas tienen una sobredosis de encarcelamiento por delitos de drogas, otros países tienen perversidades peores como la pena de muerte. Aunque tampoco podemos olvidar que aquí han ocurrido casos de ejecuciones extrajudiciales o asesinatos de usuarios de drogas por grupos ilegales. Por supuesto estas no son alternativas, sino prácticas que requieren la condena decidida de la comunidad internacional para ser erradicadas.

 

Por Redacción Judicial

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