El procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado calificó como “improcedente” el recurso de recusación interpuesto por la defensa del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro en su contra para que se alejara y no tomará ninguna decisión de fondo frente a la reposición presentada frente a la sanción disciplinaria que lo destituyó e inhabilitó por 15 años para ejercer cargos públicos.
El jefe del Ministerio Público indicó que al hacer un análisis de los trámites procesales se consideró que no se presentó ninguna de las causales señaladas de impedimento argumentadas por el mandatario distrital en la acción jurídica radicada el pasado 31 de diciembre, puesto que no se validó irregularidad alguna en su posición en esta investigación disciplinaria.
Ordóñez Maldonado explicó que “con fundamento en las normas constitucionales y legales” se designó a la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General para que estudiara este caso y tomara las decisiones que considerara correspondientes como ocurrió el pasado 9 de diciembre, cuando se destituyó e inhabilitó por 15 años a Petro por las irregularidades en la planeación y ejecución del nuevo modelo de aseo en la capital de la República.
Citando una sentencia del entonces magistrado de la Corte Constitucional y actual fiscal General, Eduardo Montelegre Lynnet la Procuraduría General indicó que no se puede nombrar un procurador ad hoc puesto que dicha figura no existe.
En el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) el Procurador General consideró que sus decisiones “no son vinculantes”, por lo que es decisión de cada Estado si las cumple o no.
“Las normas de ese carácter no son vinculantes, no puede ordenar a ningún Estado (…) El Sistema Interamericano es la justicia complementaria, no alternativa”, precisó el Procurador General, al considerar que estas son “eventualidades” que hay que esperar a que se tomen.