En la tarde de este martes se conoció que la fiscal 13 de Derechos Humanos, Ángela Neira, decidió negar la solicitud de declarar el crimen del periodista Jaime Garzón, asesinado en la madrugada del 13 de agosto de 1999, como delito de lesa humanidad para evitar su prescripción. La solicitud, elevada por el abogado de la familia Luis Guillermo Pérez, fue rechazada porque no se evidenció la sistematicidad en el asesinato. Es decir, para la Fiscalía la muerte de Garzón fue un hecho aislado. Esta decisión puede apelarse ante el mismo ente acusador.
Además, el delito de concierto para delinquir, sustentado en la alianza que habrían configurado militares, paramilitares y miembros del DAS, tampoco fue considerado. Sólo se tuvo en cuenta el cargo de homicidio agravado. Sin embargo, el fiscal general, Eduardo Montealegre aclaró que en caso de que las pruebas en el juicio oral demuestren que el asesinato fue parte de un plan criminal sistemático, posteriormente puede ser calificado crimen de lesa humanidad. “Este es un crimen que no va a quedar en la impunidad”, sostuvo.
Esta decisión de la Fiscalía se produce en la resolución de acusación que profirió contra el coronel (r) Jorge Eliécer Plazas Acevedo, quien en el momento del asesinato de Garzón se desempeñaba como jefe de inteligencia de la Brigada 13 del Ejército y habría participado en el crimen del periodista.
El ente acusador ya había ordenado su captura el pasado diciembre, pues desde el 2003 está prófugo de la justicia cuando escapó de la Escuela de Artillería en Bogotá, donde purgaba una condena de 40 años por el secuestro y asesinato del comerciante Benjamín Khoudari. Además, el nombre del coronel (r) ya había sido salpicado por Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’, quien sostuvo que Plazas se aprovechó de su cargo militar para orquestar el homicidio de Jaime Garzón.
Precisamente, con base en estas declaraciones del exjefe ‘para’ fue que el abogado Luis Guillermo Pérez sustentó la solicitud de declarar el crimen de Jaime Garzón como delito de lesa humanidad e insistió el pasado 17 de junio en que ‘Don Berna’ ratificara los testimonios en los que acusa a Plazas Acevedo de apoyar en Bogotá la operación para acabar con la vida del periodista. Según señaló, en febrero de 2012, militares del B-2 habrían recibido a los cuatro sicarios que Carlos Castaño envió por órdenes del entonces teniente coronel.
Luis Guillermo Pérez recordó que en el testimonio de ‘Don Berna’ también se reveló que el exsubdirector del DAS, José Miguel Narváez tuvo una activa participación y responsabilidad en el plan ordenado por Carlos Castaño Gil, por su trabajo humanitario para facilitar la liberación de personas secuestradas por el ELN y las Farc. Sostuvo que Narváez se reunió en repetidas oportunidades con Castaño y que la muerte de Jaime Garzón obedeció a “un pedido de amigos de la cúpula del Ejército de ese entonces” a los grupos paramilitares que delinquían en diferentes zonas del país.
De ahí que para el abogado de la familia no existan dudas sobre un ataque sistemático ejecutado por los grupos paramilitares contra personas de las que se sospechaba tenían nexos con la guerrilla. Ataque que contó, además, con la coparticipación de las Fuerzas Militares, principalmente el Ejército Nacional.
“La orden de asesinar personas que recibía el paramilitarismo no era algo excepcional, había una sistematicidad, una práctica generalizada donde se ejecutó y se masacró a varias personas de las que se consideraban que tenía varios vínculos con la guerrilla o que colaboraban de alguna forma con estos grupos armados ilegales”, dijo Pérez en junio pasado.