Declaratoria de guerra en la Corte Constitucional

Este jueves, cuando parecía que el escándalo en la Corte Constitucional no podía crecer más, el magistrado Jorge Pretelt lanzó nuevas y graves acusaciones. Después de anunciar que pedirá una licencia no remunerada por dos meses, arremetió duramente contra varios de sus colegas y declaró que detrás de las denuncias en su contra, por cuenta de un presunto soborno para favorecer a la empresa Fidupetrol, existen “sórdidos intereses políticos”. Desde el inicio de sus declaraciones, Pretelt enfiló baterías contra el magistrado Luis Ernesto Vargas, por cuenta de una grabación que, hasta ahora, parece ser la única prueba física que existe sobre el supuesto soborno. Se trata de un audio en el que se escucha hablar a Vargas con el abogado de Fidupetrol, Víctor Pacheco. En ella se tratan todos los detalles de la reunión en la que, según Pacheco, Pretelt le pidió $500 millones para que la Corte Constitucional fallara una tutela a favor de Fidupetrol.

 

La grabación fue interpretada como la confirmación de la denuncia que presentó el magistrado Mauricio González el pasado 27 de febrero ante la Comisión de Acusación. Sobre todo, teniendo en cuenta que Pacheco cambió su primera versión y declaró ante la Fiscalía que lo que Pretelt le había sugerido era conseguir $400 millones para pagar a un constitucionalista con experiencia que pudiera ganar el pleito ante la Corte. En ese contexto, Pretelt declaró este jueves que Luis Ernesto Vargas incurrió “en un delito” cuando grabó esa conversación, de la que dijo era “clandestina, ilegal y adulterada”. Además, advirtió que Vargas la había utilizado “calculadamente” para obstaculizar su elección como presidente de la Corte. Así las cosas, todo indica que Pretelt busca capitalizar las suspicacias que ha generado ese audio, para defenderse de los señalamientos en su contra, toda vez que el magistrado Vargas no ha explicado cómo y por qué grabó una discusión de ese calibre.

 

Asimismo, Pretelt llamó la atención sobre el hecho de que Mauricio González nunca salpicara en sus declaraciones al exmagistrado Rodrigo Escobar, teniendo en cuenta que —en la conversación que sostuvo con Vargas— Pacheco aseguró que ese exmagistrado había sido el intermediario entre Pretelt y Fidupetrol. Por eso, señaló que había “dos versiones completamente distintas y contradictorias” sobre los hechos que hoy lo tienen contra las cuerdas. Finalmente, cuestionó a los magistrados Luis Ernesto Vargas y Gabriel Mendoza por no haber puesto en conocimiento de las autoridades los graves hechos de corrupción que les había contado el abogado Pacheco mucho antes de que se destapara el escándalo. Y reiteró que no va a renunciar, “pues de lo contrario cualquier persona con intereses oscuros podría hacer retirar de su cargo a un servidor público”.

 

Sin embargo, al tiempo que Pretelt trataba de sacudirse de los señalamientos que lo forzaron a apartarse de la Corte, nuevas y graves revelaciones enlodaron su nombre. Caracol Radio amplió las informaciones publicadas por el diario El Tiempo el pasado 7 de marzo, según las cuales Pretelt era dueño de una finca en Urabá que estaba siendo reclamada por campesinos despojados. De acuerdo con ese medio radial, el magistrado y su esposa son dueños de los predios No hay como Dios, Dos Bocas y Alto Bonito, sobre los cuales sus antiguos propietarios han dicho que les fueron arrebatados por los paramilitares. Entonces, la Fiscalía inició pesquisas por estos hechos y el consejero presidencial para los Derechos Humanos, Guillermo Rivera, declaró que este nuevo hecho hace más perentoria la renuncia de Pretelt.

 

Mientras tanto, la Comisión de Acusación y la Fiscalía avanzan en las investigaciones. Este jueves, el magistrado Mauricio González fue escuchado por segunda vez en esa célula legislativa y lo mismo hizo el exmagistrado Jorge Iván Palacio. Se esperaba que otro de los protagonistas de estos hechos, el exmagistrado Rodrigo Escobar, rindiera interrogatorio hoy ante el ente investigador. Sin embargo, solicitó el aplazamiento de la diligencia porque su abogado, Jaime Granados, se encuentra fuera del país. Con el paso del tiempo, Escobar se ha convertido en uno de los protagonistas de estos hechos, al punto que se vio obligado a cancelar los dos contratos de asesoría jurídica por al menos $2.200 millones que había firmado con la Agencia Nacional de Infraestructura. Pretelt, por su parte, anunció que solicitará la licencia “para evitarle un daño mayor a la institucionalidad” y para dedicarse de lleno a preparar su defensa. Todo parece indicar que el escándalo por corrupción en la Corte Constitucional apenas comienza.