El abogado Jesús Albeiro Yepes, quien defiende los intereses del contratita Emilia Tapia señaló que no está de acuerdo con el preacuerdo formulado por la Fiscalía General en el cual su cliente pagaría una pena de 13 años de prisión.
El jurista manifestó que este viernes fueron in vitados a escuchar la última propuesta de la Fiscalía, después de que ellos presentaran una serie de consideraciones al borrador del preacuerdo que se ha discutido en las últimas semanas.
“Nosotros deseamos una pena fijada por un juez de la República, esa es la mejor garantía para la Fiscalía, la defensa, el acusado y la sociedad”, precisó el abogado, quien señaló además que prefiere escuchar una versión oficial por parte del ente investigador con el fin de dar una respuesta.
En este caso el abogado defensor indicó que no es obligatorio que la Fiscalía tase una pena cuando se firma un preacuerdo, sino que se deben presentar una serie de consideraciones para la entrega de este beneficio jurídico y ahí si presentárselo a un juez con el fin de que este lo avale.
“Esa es la propuesta de la Fiscalía, a mí no me suena”, indicó Yepes, quien se encuentra reunido con el vicefiscal General, Jorge Fernando Perdomo, quien el pasado miércoles anunció que si no se firmaba ningún preacuerdo con el contratista al término de esta semana el paso a seguir era la acusación formal.
El abogado señaló que ya ha “quedado claro” tanto para las autoridades como para la sociedad que su cliente tiene la firme intención de colaborar con la justicia, indicando que él mismo ha manifestado en reiteradas oportunidades que presentará toda la información que tiene sobre el escándalo de la contratación en la capital de la República.
Piden nueva medida de aseguramiento
La Red de Veedurías Ciudadanas presentó ante la Corte Suprema de Justicia un ofició con el fin de que se revoque la libertad que se le otorgó al polémico contratista, recurso que fue presentado hace algunas semanas por la Procuraduría General.
En el escrito se señala la importancia de dictar nuevamente medida de aseguramiento contra Tapia, considerado por el organismo como uno de las “cabecillas” del carrusel de la contratación en la capital de la República.
“Honorables magistrados solicito amparar los derechos fundamentales al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, que se vieron transgredidos desconociendo el ordenamiento jurídico y afectando a los ciudadanos de a pie que ven con zozobra que el Zar de la Intermediación del desfalco a nuestra ciudad continua libre”, precisa uno de los apartes del documento.
Para la Red de Veedurías Ciudadanas se indica que es menester que se tome una decisión sobre la acción judicial presentada por la Procuraduría al considerar que se están “violando los derechos fundamentales de la sociedad bogotana al dejar en libertar al señor Tapia, por lo cual bajo el amparo de la constitución apoyamos la tutela de la Procuraduría que busca enviar a Tapias a la cárcel”.
El presidente de la Red de Veedurías Pablo Bustos calificó al contratista como “un peligro para la sociedad” puesto que existe el riesgo que Tapia no se presente ante las autoridades judiciales y salga del país, obstruyendo así la justicia.