Los abogados Jorge Eliécer Molano y Germán Romero denunciaron ante los diferentes organismos y autoridades falta de garantías para continuar ejerciendo su profesión y seguir actuando en cualquier audiencia o diligencia ante la administración de justicia en Colombia.
Esto debido a los “ataques” que se han presentado en los últimos años en contra de sus familiares, así como los constantes asaltos a las residencias con el único fin de hurtar información, así como el ingreso no autorizado a sus correos electrónicos y página web e “interceptación y triangulación de nuestras comunicaciones”.
Pese a que desde marzo de 2014 el Gobierno asumió el compromiso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) para que se le brindarán medidas de protección, hasta la fecha no han obtenido una respuesta seria y pertinente por parte del Ejecutivo ni del organismo internacional.
Los juristas aseguraron que lamentan que esta decisión afecte el funcionamiento de la administración de justicia, pero en esta situación prima la vida e integridad de sus familiares, por lo que además se pide investigar penal y disciplinariamente a las personas que por acción u omisión “nos han forzado a llegar a la presente determinación”.
Los abogados representan a la parte civil en los procesos que se adelantan por los 11 desaparecidos del Holocausto del Palacio de Justicia, ejecuciones extrajudiciales en el eje cafetero, la masacre contra de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, Operación Dragón en el Valle del Cauca, entre otros.
Señalan además que “se verá afectada su participación en la investigación por amenazas con fines terroristas, hechas por las ‘Águilas Negras’ en donde han señalado la responsabilidad del Álvaro Uribe Vélez, Francisco Santos y José Obdulio Gaviria. “Como también, en la que se representan a familiares y víctimas en crímenes de ejecuciones extrajudiciales, persecución a líderes políticos, sociales de oposición, al igual que los procesos de formación en derechos humanos y de asesoría en restitución de tierras”.
Finalmente los abogados manifestaron además que los seguimientos se hicieron en contra de los miembros de dhColombia y la Corporación Sembrar, por lo que incluso dos de sus integrantes tuvieron que abandonar el país para resguardar su integridad personal y la de sus familiares.
La denuncia fue presentada ante la Corte Suprema de Justicia, Consejo Superior de la Judicatura, Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, Tribunales de Bogotá, Caldas y Cartagena, Jueces de la República (Bogotá, Cali, Cartagena, Manizales, Medellín, Popayán) y Fiscalía General de la Nación.