En defensa de los hijos extramatrimoniales

En una tutela que obliga a un padre a pagar las cuotas de alimentos debidas a su menor hija, la Corte Constitucional precisa que el trato diferenciado de los vástagos no puede fundarse en su origen familiar, es decir, en si éstos son adoptivos o nacidos dentro o fuera del matrimonio.

El embargo del 50% de su salario, la prohibición de salir del país y el reporte de su nombre a las centrales de riesgo fueron las sanciones transitorias que la Corte Constitucional le impuso al padre de una menor de 10 años de edad que sistemáticamente se negó a pagar las cuotas de alimentos que acordó con la madre de la niña en una conciliación. La omisión en el cumplimiento de su obligación se prolongó en el tiempo hasta llegar a una deuda cercana a los $15 millones. Fueron dos años en los que la vida, la integridad física, la salud, la seguridad social, la alimentación equilibrada, la educación y la recreación de la pequeña permanecieron amenazados.

Al imponer las sanciones al incumplido padre, un empresario radicado en Bucaramanga, la Corte Constitucional pudo constatar la situación desventajosa de la niña ¬quien sufre de gastritis crónica y migraña y epilepsia¬, y de su progenitora, quien no tiene un empleo estable. En el proceso también quedó demostrado que el demandado no sólo descuidó su patrimonio -todo indica que para eludir el pago de la cuota de alimentos-, sino que con su conducta incurrió en un trato discriminatorio injustificado con la pequeña, nacida de una relación extramatrimonial- frente a sus tres medios hermanos que ya no dependían económicamente de su padre y, sin embargo, disfrutaban del apoyo financiero de éste.

Fue tal su desinterés en la suerte de su hija, que el hombre vendió un inmueble que le pertenecía para pagar deudas correspondiente de otros procesos que se estaban adelantando en su contra, a lo que se suma el cierre de una empresa de la que era dueño, porque llevaba más de cinco años sin cumplir con su obligación de renovar la matrícula mercantil, un patrimonio que le hubiera permitido pagar la referida deuda.

“Esta situación revela con claridad que, pese a que las obligaciones alimentarias tienen una prelación prioritaria de pago sobre otro tipo de créditos, el demandado actuó sin consideración a ello, escogiendo resolver otro tipo de compromisos patrimoniales y poniendo en riesgo un bien jurídico tan valioso, como el mínimo vital de un hijo”, reseña la Corte al resolver la acción de tutela que debió interponer la desesperada madre, quien llevaba varios meses esperando a que un juez penal condenara al padre de su hija por el delito de inasistencia alimentaria, en un proceso que se dilató por las maniobras malintencionadas del denunciado, entre ellas pedir el aplazamiento de las audiencias y cambiar sistemáticamente de abogado.

Un caso de disciminación

Con estos antecedentes, la Corte -con ponencia del magistrado Luis Guillermo Guerrero, advirtió que la vulneración de los derechos fundamentales de la menor en cabeza de su padre, particularmente el de la igualdad, “han estado mediados por una situación de discriminación frente a sus otros hermanos por razón de su origen familiar”, circunstancia que “no es constitucionalmente legítima y por el contrario es transgresora de sus derechos”.

Para llegar a esta conclusión la Corte observó el notorio trato diferente que el demandado daba a su hija extramatrimonial frente a uno de sus hermanos medios que estaba vinculado al sistema de salud en calidad de beneficiario, mientras la menor, por su precaria situación económica, tuvo que ser atendida a través de los subsidios al sistema.

La Corte también demostró que “la diferencia de trato es evidenciable a partir del desinterés y el abandono que el padre de la menor ha mostrado no sólo con su obligación alimentaria, sino que su afecto hacia ella es nulo, pues nunca averiguó por su estado de salud, mientras se interesaba por la educación y la salud de sus otros tres hijos.

Finalmente, el tribunal precisó que la prohibición de discriminar entre hijos no necesariamente exigía tratarlos de manera idéntica por sus progenitores, como quiera que ello no solamente era imposible, sino quizá pedagógicamente inconducente debido a las diferencias de personalidad o conducta de cada uno. Sin embargo, ese tribunal fue lo suficientemente claro en reiterar que, en todo caso, ese trato diferenciado no podía fundarse en el origen familiar de los hijos, es decir, si eran matrimoniales, extramatrimoniales o adoptivos.