Ante una jueza de conocimiento, la defensa del exalcalde de Bogotá, Samuel Moren o Rojas solicitó que se anule el proceso que se adelanta en contra de su cliente por su presunta participación en los delitos de peculado por apropiación y concierto para delinquir por el llamado ‘carrusel de la contratación’.
En su argumentación el jurista indicó que al exmandatario distrital se le están vulnerando las garantías fundamentales, el derecho a la defensa y el proceso en aspectos sustanciales puesto que se le está acusando dos veces por un mismo delito.
“No se puede decir que es una maniobra dilatoria de la defensa”, aseguró el abogado al indicar que en la audiencia de imputación de cargos celebrada el pasado 26 de noviembre presentó esta nulidad, sin embargo el juez de garantías no la resolvió al indicarle que el momento adecuado era en la audiencia de acusación.
Esta solicitud se presentó en el marco de la diligencia en la cual la Fiscalía iba a presentar formalmente la acusación al exalcalde de Bogotá en el segundo proceso que se le adelanta por las irregularidades en la entrega de multimillonarios contratos viales en la capital de la República durante su administración.
Moreno Rojas enfrenta otro proceso por su presunta responsabilidad en los delitos de cohecho, peculado por apropiación, concusión e interés indebido en la celebración de contratos, hechos por los cuales se encuentra privado de su libertad desde septiembre del 2011.
El nuevo proceso
Según la Fiscalía, el recién elegido burgomaestre se reunió en diversas oportunidades con su hermano, el senador Iván Moreno Rojas; el abogado, Álvaro Dávila; y los contratistas Emilio Tapia y Julio Gómez con el fin de “cuadrar” la entrega de tres multimillonarios contratos viales.
“Entre diciembre de 2007 y mediados de 2010 se pusieron de acuerdo en cometer delitos determinados contra la función pública”, precisó el fiscal, al considerar que existen elementos probatorios que permiten inferir la celebración de dichas reuniones en la sede de la Alcaldía de Bogotá, en el IDU e incluso en la ciudad de Miami, Estados Unidos.
Y es que para el ente investigador, en dichos encuentros estas personas se concertaron para maquinar un plan para entregar los contratos a cambio de una comisión que iba entre el ocho y el seis por ciento.
“Los contratistas eran contactados por los intermediarios Emilio Tapia y Álvaro Dávila para que estuviera seguros de presentar la licitación de unos pliegos amañados y modificados”, precisó el fiscal en la imputación de cargos.
Igualmente la Fiscalía consideró que en el año 2010, el entonces alcalde de Bogotá a través de la directora del IDU, Liliana Pardo y el subdirector del Instituto, Néstor Eugenio Ramírez determinó la cesión del contrato vial de la calle 26, más conocido como la Fase III de TransMilenio.
En ese momento, se indica, el mandatario “los determinó” para que se apropiaron de 190 mil millones de pesos para que hicieran una acción que favoreciera a una empresa contratista, la cual recibió el contrato vial que le habían quitado a los Nule.
La Fiscalía cuestionó la forma en cómo se adelantó dicha cesión contractual presentaron varios sobrecostos e irregularidades que no fueron argumentadas de la manera correcta, lo que llevó a un detrimento al distrito en materia de contratación.
“Este dinero perdido era del Distrito que tenía que administrar el IDU y los fondos de TransMilenio, la forma en cómo se llevó a cabo esta manipulación de la cesión del contrato de la calle 26, la adición tiene que respetar el objeto valor y plazo del contrato”, indicó.
Ante esto señaló que esta cesión provocó una serie de problemas por los atrasos de la obra vial, causando traumatismos en la sociedad. Para la Fiscalía, Moreno Rojas “lesionó el bien jurídico de la administración y seguridad pública, durante este periodo la administración del Distrito se presentó un acto de corrupción tal que llevó al ahora conocido carrusel de la contratación”.