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El abogado Jaime Granados Peña anunció que en los próximos días presentará una denuncia ante organismos internacionales las presiones ejercidas por el Fiscal General de la Nación en la investigación que se adelanta contra Santiago Uribe Vélez por presuntamente gestionar la creación de grupos paramilitares en el municipio de Yarumal (Antioquia).
El jurista citó la declaración entregada en una entrevista radial por el jefe del ente investigador en al cual aseguró que la metodología de contexto presentada por la politóloga Natalia Springer podría aplicarse en la instalación que se adelanta contra el empresario antioqueño, lo cual, en su concepto, afecta el derecho al debido proceso y “constituye una clara injerencia a la autonomía del Fiscal Delegado ante la Corte Suprema”.
En este sentido llama la atención sobre el hecho que dos años después de ampliar indagatoria no se ha definido la situación jurídica de su cliente. “Dicha entidad debía resolver su situación jurídica (determinar si imponía una medida de aseguramiento en su contra o no) en un término de 10 días hábiles”. En los últimos días, señala, se ha presentado un rumor mediático ante una decisión de fondo.
“Además de que no existen pruebas en su contra, una medida de aseguramiento resultaría absolutamente innecesaria ya que, a pesar de que los hechos investigados fueron ocurrencia hace más de 20 años, el señor Santiago Uribe ha comparecido oportunamente ante la justicia, no constituye ningún peligro para la sociedad y no ha obstaculizado el actuar de la justicia”, señala.
Se señala que estos rumores se presentan en una época electoral y la firma de acuerdos en el proceso de paz, intentando afectar la imagen del actual senador de la República reseñando que “la privación de la libertad de Santiago Uribe Vélez pareciera ser un mecanismo de presión, control y censura pública frente al doctor Álvaro Uribe Vélez o la forma de ir ambientando ante la opinión pública su juzgamiento por la jurisdicción de paz que se pretende crear”.
Uribe Vélez es investigado por su presunta participación en los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado por las actividades ilegales ejecutadas por el grupo conocido como "los 12 Apóstoles".