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El abogado Arturo Jiménez, quien defiende los intereses de la rectora de la Universidad Autónoma del Caribe, Silvia Gette le solicitó a Medicina Legal que le adelante un “examen especializado” a su cliente quien se encuentra recluida en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá en el proceso que se le adelanta por su presunta participación en el delito de soborno.
El jurista indicó que la rectora universitaria se encuentra en grave estado de salud “por lo que está en inminente peligro” indicando que el examen de Medicina Legal tenido en cuenta para hacer valido el traslado de su cliente a la cárcel fue “hecho de manera parcial”.
“Se está solicitando que un médico de la cárcel haga la valoración. Su está de salud es grave”, precisó el abogado que cuestionó seriamente la forma en cómo Medicina Legal adelanta las valoraciones médicas.
“Se hace una revisión de la historia clínica, no más, esto es un total exabrupto”, indicó el abogado de Gette, quien fue trasladada desde Barranquilla hasta el centro de reclusión por orden de un juez de conocimiento que consideró que representa un peligro para la sociedad y puede obstruir a la justicia.
El pasado 18 de marzo, el juez 28 de conocimiento en decisión de segunda instancia revocó la detención domiciliaria que tenía la rectora de la Universidad Autónoma del Caribe en el proceso que se adelanta por su presunta participación en el delito de soborno en actuación penal.
Al resolver el recurso de apelación presentado por la Fiscalía y el representante de víctimas, el juez envío a la cárcel El Buen Pastor a Gette quien se encontraba con detención domiciliaria en la ciudad de Barranquilla desde hace dos meses.
Gette es procesada por presuntamente haber la determinadora en el pago de 249 millones de pesos a un emisario del excomandate paramilitar alias 'Don Antonio' para que este cambiara su versión en el proceso que se le adelanta por presenta participación en el homicidio del ganadero Fernando Cepeda Vargas.
La rectora de la Universidad Autónoma del Caribe fue capturada por agentes del CTI cuando iba a ingresar al complejo judicial de Paloquemao para cumplir con la segunda etapa de su indagatoria por su presunta participación en el asesinato del ganadero Fernando Cepeda, perpetrado por paramilitares en el 2003.
La retención se presentó a consecuencia de los hechos que rodearon la captura de su abogado, Arcadio Martínez quien fue detenido en flagrancia cuando le intentaba entregar dos bolsos con una suma de 249 millones de pesos a un emisor de ‘Don Antonio’.
Según las pruebas recolectadas por el ente, entre las cuales se destacan testigos y documentos, el jurista le habría indicado al emisor que dicho dinero había sido enviado por Gette con el fin de que se lo hiciera llegar al excomandante paramilitar que se encuentra recluido en la cárcel La Picota de Bogotá.
En este sentido se indicó que este soborno tenía como finalidad que ‘Don Antonio’ cambiara u omitiera parte de su versión de los hechos después de que fuera citado para que retirara sus declaraciones sobre el pago de 150 millones de pesos a un grupo de paramilitares para que perpetraran el homicidio.
En la decisión de segunda instancia, el juez de conocimiento compulsó copias al Consejo Superior de la Judicatura para que investigue a la jueza de garantías, al considerar que, con su actuación, la juzgadora no resolvió a fondo la detención domiciliaria.
En este sentido consideró que en dicha decisión judicial no se tuvo en cuenta la gravedad del delito imputado y el hecho de que Gette Ponce podría obstruir a la justicia.