Defensa del coronel (r) Plazas Vega pide que se le otorgue la libertad

El abogado Jaime Granados Peña, quien defiende los intereses el coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega, le pidió a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que le otorgue inmediatamente la libertad a su cliente mientras se toma una decisión de fondo en su caso.

La defensa del excomandante de la Escuela de Caballería del Ejército solicitó además que se le dé celeridad al estudio del recurso de casación presentado en contra de la condena de 30 años de prisión emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.

“A efectos de surtir a la brevedad posible deliberaciones y votaciones a las que haya lugar o en su defecto llevar a cabo las mismas ordenando la libertad de mi representado hasta tanto se profiera una decisión, evitando así agravar la situación de violación de derechos humanos de la cual viene siendo víctima”, precisó.

En el documento radicado ante el alto tribunal se manifiesta que se ha excedido el plazo razonable de la privación preventiva del oficial en retiro “de conformidad con el Bloque de Constitucionalidad, de manera que las liberaciones y decisiones que requiera la sentencia de casación se surtan sin seguir menoscabando los derechos de mi prohijado”.

Ante esto se advierte que el 16 de julio de 2007 el coronel en retiro fue cobijado con medida de aseguramiento por parte de la Fiscalía cuarta delegada ante la Corte Suprema en el proceso que se le adelantaba por su participación y responsabilidad en la desaparición de 11 personas durante la operación de recuperación del Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985.

“A partir de ese momento, el coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega ha estado sometido a una medida de aseguramiento que en la actualidad no aprobaría ningún análisis de responsabilidad, proporcionalidad y/o necesidad. Es decir, ha estado sujeto a detención arbitraria durante 8 años”.

Actualmente la Sala Penal de la Corte Suprema estudia la ponencia del magistrado Luis Guillermo Salazar Otero que pide absolver al excomandante de la Escuela de Caballería al considerar que no existen pruebas documentales o testimoniales que permitan inferir su responsabilidad en la desaparición de Carlos Augusto Rodríguez Vera, administrador de la cafetería y la guerrillera Irma Franco.

“Confiados en la absoluta probidad y rigor jurídico de la Honorable Corte, mi representado, su familia y el suscrito, hemos esperado que se decida la casación en contra de la condena y se corrija de algún modo la flagrante injusticia y arbitrariedad cometida hasta ahora por los funcionarios judiciales que se han conocido del proceso”, señala el documento.