Del Caguán para Cuba

Hace 16 años, 42 mil kilómetros cuadrados del departamento de Caquetá fueron despejados para un proceso de paz que terminó mal.

Juan Sebastián Jiménez Herrera
21 de septiembre de 2014 - 09:12 p. m.
Una de las marchas realizadas durante la semana por la paz en Florencia (Caquetá).   / Germán Moreno - Red Prodepaz
Una de las marchas realizadas durante la semana por la paz en Florencia (Caquetá). / Germán Moreno - Red Prodepaz

“Hemos visto tanto muerto que pareciera que trabajáramos en una funeraria”, dijo un periodista caqueteño. Y es cierto: Caquetá ha sufrido, casi por igual, con la barbarie guerrillera y la barbarie paramilitar. Eso sin contar el estigma que ha tenido que padecer por haber sido sede durante cuatro años de unos diálogos de paz fallidos tras los cuales el conflicto, en vez de terminar, arreció. No es raro que muchos caqueteños desconfíen de los diálogos que adelantan el Gobierno y las Farc en La Habana, Cuba. Y, sin embargo, el pesimismo no ha impedido que en este departamento crean en la posibilidad de una salida negociada al conflicto.

Pero son vehementes: la paz no la hacen exclusivamente quienes se encuentran negociando en Cuba y el fin del conflicto es apenas uno de los problemas que hay que solucionar para que la paz se haga realidad. Porque, para los caqueteños, la lista de flagelos es larga: las Farc, el narcotráfico, los cultivos ilícitos, las aspersiones, las minas antipersonas y, desde hace un tiempo, la explotación petrolera.

En lo que al grupo guerrillero se refiere, mientras dos de sus integrantes (José Benito Cabrera, alias Fabián Ramírez, y Pedro Nel Daza Narváez, alias Jairo Martínez) ya se encuentran en La Habana como parte de la delegación de las Farc, en Caquetá el bloque Sur ha sufrido varios cambios en su estructura por cuenta de los golpes que le ha propinado el Gobierno. Aunque sigue siendo una amenaza para un departamento considerado durante muchos años el “santuario” de este grupo armado ilegal.

Cultivos ilícitos

Caquetá es el quinto departamento con la mayor cantidad de cultivos ilícitos. Estos se han ido incrementando desde 2010, cuando se contabilizaban 2.578 hectáreas de cultivos de coca. El año pasado fueron 4.322 hectáreas, un aumento del 17% en comparación con 2012, de acuerdo con un informe sobre cultivos de coca presentado el año pasado por las Naciones Unidas.

Pero, curiosamente, las medidas tomadas para acabar con estos cultivos ilegales se han convertido en una pesadilla para muchos pobladores. “Hace dos semanas hubo fumigaciones indiscriminadas, fumigaron hasta personas”, señala una campesina del oriente del departamento.

En 2013 hubo 5.784 hectáreas asperjadas. Pero las fumigaciones han sido fuertemente criticadas por los campesinos porque, dicen, han acabado con sus cultivos legales. Apenas hace un mes, unas 200 familias se desplazaron de la zona rural de San José de Fragua hacia el casco urbano de este municipio, debido a las fumigaciones.

“Los cultivos que tenían los campesinos eran de cacao, cultivos que se habían logrado plantar con los créditos que habían solicitado (al Banco Agrario) para sustituir los cultivos ilícitos; otros no los sustituyeron porque nunca han tenido en sus fincas estos cultivos ilícitos, lo que hicieron fue aumentar sus ingresos (...) Los cultivos han sido fumigados y este es el repudio de la gente, toda vez que quedaron con el crédito y tienen sus cultivos fumigados”, dijo, en ese momento, el personero de San José de Fragua, Hervy Avello.

Precisamente esta fue una de las mayores quejas de los campesinos durante el cuarto encuentro regional por la paz, organizado la semana pasada por la Red Nacional de Programas Regionales de Desarrollo y Paz (Redprodepaz), la Red de Iniciativas y Comunidades de Paz desde la Base, Pensamiento y Acción Social (PAS) y la Ruta Pacífica de las Mujeres, y apoyado por Pastoral Social, la Unidad de Víctimas, la oficina del alto comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, y las embajadas de Suiza y Suecia.
Durante este encuentro —promovido, entre otras razones, para dar a conocer los pormenores de las conversaciones que se adelantan en La Habana— varios campesinos señalaron inconformes que “con hambre no puede haber paz”. Uno de ellos dijo vehemente: “Nos quieren seguir dominando por el estómago”. Hay cifras alarmantes al respecto como, por ejemplo, que pese a sus potencialidades, el 83% de los productos alimenticios que se consumen en Caquetá viene de otros departamentos. De hecho, Caquetá fue uno de los epicentros del pasado paro agrario.

Explotación petrolera

Pero como si el problema de las fumigaciones no fuera suficiente, los campesinos se quejan de que el Gobierno “tiene concesionado el departamento entero para la exploración petrolera”. La ANH ha calculado hasta en 2.200 millones de barriles el potencial de la cuenca Caguán-Putumayo. En la pasada Ronda Colombia se otorgaron ocho bloques ubicados en esta cuenca, que se suman a los 19 otorgados en años anteriores en el departamento. El temor por las posibles consecuencias de la explotación petrolera en plena Amazonia colombiana es evidente.

“Los parques nacionales del Caquetá (Serranía de Chiribiquete, Picos del Fragua) se encuentran copados, dentro de sus zonas de amortiguación, por solicitudes mineras y concesiones petroleras, situación que configura una amenaza, teniendo en cuenta los conflictos ecológicos relacionados con las industrias extractivas en zonas ambientalmente frágiles”, denunciaron la Vicaría del Sur-Diócesis de Florencia y la ONG Censat en un reciente informe sobre la crítica situación medioambiental en el departamento.

Y a este panorama para nada alentador hay que sumar las altas tasas de deforestación que afectan a Caquetá. El pasado 22 de agosto, Corpoamazonia dio a conocer un plan piloto para monitorear la deforestación en Caquetá. Una medida, según la entidad, de “mucha pertinencia, pues el departamento del Caquetá es responsable de aproximadamente el 25% de la deforestación que se presenta en el país. Esta se da, principalmente, en los municipios de San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá y Solano, al igual que en los municipios del piedemonte, con una tendencia importante hacia las zonas de montaña, donde se encuentran los principales nacimientos de agua del departamento, que tienen gran importancia para toda la cuenca amazónica”.
“¿Cómo vamos a volver mierda nuestro pulmón? La paz no es solamente dejar las armas”, señaló una líder indígena durante el encuentro regional de paz celebrado en Caquetá, tras denunciar las consecuencias nefastas que ha dejado la explotación petrolera en los territorios indígenas de Caquetá.

Minas antipersonas

“Que las Farc desminen a Colombia” fue la solicitud que hizo Francinei Chaux, representante de la Asociación de Víctimas de Minas Antipersonas y de Unidos por la Vida, y coordinador de la Campaña Colombiana contra Minas de Caquetá. Chaux cayó en un campo minado el 24 de febrero de 2002, a pocas horas de que las Farc secuestraran a la entonces candidata presidencial Íngrid Betancourt y, curiosamente, a pocos metros de donde la dirigente fue raptada. Chaux sostuvo indignado que “las víctimas de minas son discriminadas” y que “sin desminado no va a haber paz”. Caquetá es uno de los departamentos con la mayor cantidad de víctimas de minas antipersonas. Hubo por lo menos 880 entre 1990 y agosto de 2014.

Paz

Pero tal panorama no amilana a los pobladores de este departamento, el único con tres premios nacionales de paz: el otorgado al Círculo de Lectores Infantil y Juvenil para la Educación a la Convivencia en el Vicariato Apostólico San Vicente del Caguán-Puerto Leguízamo en 1997; el concedido al Comité de Cacaoteros del Caguán y Suncillas (Chocaguán) en 2004, y el otorgado a la comunidad de la Unión Peneya en 2009.

Respecto al encuentro regional por la paz celebrado en Caquetá, la gobernadora encargada, Julieta Gómez, consideró que este evento fue un “hecho histórico para el departamento porque es muy importante que la comunidad se entere de la negociación en La Habana. Acá todos debemos estar comprometidos con la paz”.

Durante el encuentro el presidente de la Comisión Episcopal, monseñor Luis Augusto Castro, fue contundente: “Esto es un holocausto terrible del que debemos darnos cuenta porque no podemos repetir estos hechos. Perdimos el sentido, nos deshumanizamos, y por eso tal vez no sentimos dolor y la gravedad de lo que ha pasado en Colombia”. De ahí la necesidad de la paz. Aunque en el aire va a estar siempre la pregunta que hiciera un campesino durante el encuentro: “¿Qué pasa si los diálogos no se dan? ¿Qué pasa si se rompen? ¿Será que nos seguirán parando bolas?”. Preguntas pertinentes para un departamento que sigue siendo víctima del conflicto, pero, además, del olvido estatal.

Por Juan Sebastián Jiménez Herrera

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