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Sólo falta el aval del presidente Juan Manuel Santos para que las siete personas supuestamente responsables del asesinato del agente de la DEA James Terry Watson sean enviadas a Estados Unidos. Ayer, tras meses de incertidumbre y pese a las protestas de los familiares de los siete implicados en el crimen, la Corte Suprema de Justicia dio el visto bueno a su extradición.
Se trata de Héctor Leonardo López, Edwin Gerardo Figueroa Sepúlveda, Ómar Fabián Valdés, Julio Steven Gracia Ramírez, Andrés Álvaro Oviedo García, Wilson Daniel Peralta Bocachica y Édgar Javier Bello Murillo, alias Payaso, quienes, según las autoridades, son los responsables del homicidio del agente Watson, perpetrado el 21 de junio de 2013 en Bogotá.
De acuerdo con la Corte, “aunque el homicidio del agente no se ejecutó por razón de su función diplomática, con su muerte se afectaron otros bienes jurídicos significativos para el gobierno americano, en razón a la importancia de las actividades adelantadas por él en la agencia para la cual trabajaba dentro del esquema de seguridad nacional de los Estados Unidos, de donde se activa en este caso el principio de protección arriba reseñado, que hace viable la extradición solicitada”.
En criterio de la Corte, “puede decirse que la muerte de un agente de la DEA, no sólo pone en riesgo la continuidad del programa de colaboración mutua entre Estados Unidos y Colombia por la lucha contra el narcotráfico, sino que también, a todas luces, afecta la agenda política de ese país, por los traumatismos que genera el reemplazo del agente especial y los costos que ello demanda”.
Es por ello que, en su criterio, el crimen de Watson “debe considerarse cometido no solamente en el lugar donde se desarrollaron materialmente los hechos, sino también en el territorio de los Estados Unidos, cuyo Estado, por razón del principio de protección, tiene derecho a reclamar jurisdicción para investigar y juzgar la conducta que afectó intereses esenciales suyos”.
‘Fue un acto soberano’
En respuesta a los defensores y familiares de estas siete personas, quienes señalaron que con la extradición se vulneraba la soberanía colombiana, la Corte Suprema de Justicia sostuvo vehemente que “cuando un Estado decide, por supuesto de manera autónoma, si entrega o no a un ciudadano solicitado en extradición para dar cumplimiento a compromisos asumidos internacionalmente, no está perdiendo soberanía sino ejerciéndola, como quiera que la facultad de adquirir obligaciones internacionales es un atributo de la soberanía del Estado”.
Es por ello que esa corporación hizo un llamado a las autoridades colombianas, encabezadas por el presidente Juan Manuel Santos, para que “haga(n) las exigencias que estime(n) convenientes en aras a que en el país reclamante se le(s) reconozcan todos los derechos y garantías inherentes a su calidad de colombiano(s) y de procesado(s)” y efectúen “el respectivo seguimiento a las exigencias que se impongan a la concesión de la extradición y determine(n) las consecuencias que se derivarían de su eventual incumplimiento”.
El crimen de Watson
“El 20 de junio de 2013, en Bogotá, Colombia, los acusados seleccionaron al agente especial Watson para un ‘paseo millonario’. Después de que recogieron al agente en un taxi, los acusados lo transportaron y retuvieron. Uno de ellos usó un arma de aturdimiento contra el agente; otro, apuñaló al agente. Watson pudo escaparse de la custodia de los acusados. No obstante, se desplomó a los pocos segundos y fue llevado a un hospital, donde murió por una hemorragia causada por múltiples heridas de puñal”, recordaron las autoridades de Estados Unidos sobre el crimen que tiene a estas siete personas cerca de ser extraditadas.
De acuerdo con las autoridades, no era la primera vez que estas personas atracaban a alguien que, sin saber de sus motivos, se subía a sus taxis esperando llegar sano y salvo a casa. No fue la primera vez, pero sí la última. Ahora están muy cerca de ser procesadas en una corte de los Estados Unidos y muy lejos de la zona donde, según las investigaciones, llevaban a cabo sus macabros paseos millonarios.
Ante la CIDH
Al conocer de la decisión de la Corte Suprema de Justicia, el abogado Miguel Ángel Ramírez, quien defiende los intereses de estas siete personas, radicó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una solicitud de medidas cautelares para que el Gobierno de Colombia no haga efectiva una posible extradición de sus defendidos. “A nuestro juicio se han vulnerado derechos como las garantías judiciales a un colombiano. Estamos solicitando a la Comisión que le diga al Gobierno que se abstenga de autorizar esta extradición”, dijo el abogado defensor.