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“El artículo 101 de la Constitución prohíbe la incorporación automática de las sentencias de la Corte Internacional de Justicia que cambien los límites de Colombia”. En esta afirmación se resume el argumento central del gobierno Santos para oponerse al fallo de noviembre de 2012 que modificó los límites marítimos de Colombia con Nicaragua. Una conclusión que hace parte de la demanda presentada el pasado jueves ante la Corte Constitucional por el propio jefe de Estado y que busca frenar los alcances del fallo de La Haya.
En concreto, la demanda del presidente Juan Manuel Santos refiere que el Pacto de Bogotá o Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, incorporado al ordenamiento jurídico colombiano a través de la Ley 37 de 1961, desconoce la soberanía nacional y pasa por encima de una norma específica de la Carta Política de 1991: su artículo 101, en el que se lee: “Los límites señalados en la forma prevista por esta Constitución sólo podrán modificarse en virtud de tratados aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el presidente de la República”.
Según el mandatario, aunque la Ley 37 de 1961 es anterior a la Constitución de 1991, en estricto derecho lo que se ha presentado es una “inconstitucionalidad sobreviniente”, es decir, una circunstancia nueva que está afectando los límites de Colombia: la sentencia proferida por la Corte de La Haya. Además, agregó el presidente Santos, ya existen antecedentes en la Corte Constitucional de juzgamiento de leyes aprobatorias de tratados firmados antes de la Carta Política de 1991.
Es el caso del concordato suscrito entre la Iglesia católica y el Estado colombiano, que en febrero de 1993 fue declarado inexequible en algunos de sus apartes porque desconocía el espíritu de la Constitución con respecto a la libertad de cultos. Asimismo, la demanda recuerda el reciente debate por el fallido acuerdo entre Colombia y Estados Unidos sobre el uso de siete bases militares en territorio nacional. En este último caso, la conclusión de la Corte Constitucional fue que ese acuerdo tenía que ser aprobado por el Congreso y revisado por ese alto tribunal.
La demanda firmada por el jefe de Estado expresa que en su fallo del 19 de noviembre pasado la Corte de La Haya no se limitó a decidir sobre aspectos de soberanía, sino que se pronunció sobre límites marítimos e incluso se sobrepasó en sus consideraciones al aludir a temas como el área relevante del archipiélago de San Andrés o la delimitación de las zonas económicas exclusivas y las plataformas continentales. Ninguno de estos aspectos puede ser aplicado sin un proceso interno en Colombia que pase por las tres ramas del poder público.
En otras palabras, la argumentación del presidente Santos es contundente en el sentido de que un fallo de la Corte de La Haya con los alcances ya conocidos —75.000 kilómetros cuadrados le quitó a Colombia—, de ninguna manera puede ser aplicado de manera automática, sino que requiere de la aprobación de un tratado internacional por parte del Gobierno, del trámite de una ley en el Congreso, de la revisión de la Corte Constitucional y, finalmente, de la ratificación definitiva del jefe del Estado.
En otro de sus apartes, el primer mandatario destacó especialmente el contenido del tercer inciso del citado artículo 101 de la Carta Política de 1991. Dicha norma señala que “forman parte de Colombia, además del territorio continental, el archipiélago de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y Malpelo, además de las islas, islotes, cayos, morros y bancos que le pertenecen”. Asimismo, recalca la demanda que este archipiélago fue elevado a la categoría de departamento, lo cual demuestra su importancia territorial para Colombia.
Uno de los puntos de mayor discusión es la aplicación del Tratado Esguerra-Bárcenas, que fijó en 1928 los límites marítimos entre Colombia y Nicaragua. Al respecto, la demanda del presidente Santos recuerda dos sentencias de la Corte Constitucional que han respetado este tratado. En 1994, cuando la Corte declaró ajustado a la Constitución un tratado firmado con Jamaica, y en 1999, cuando avaló un tratado firmado con Honduras. En ambos casos se reconoció la soberanía colombiana sobre el archipiélago, islas, islotes y cayos.
De igual modo, la demanda examina situaciones presentadas después de fallos de la Corte de La Haya, en las cuales los estados han recurrido a solucionar sus diferencias por medio de tratados internacionales. Luego de referenciar litigios, laudos europeos o disputas territoriales en África, la Conclusión es que cuando una sentencia de la Corte de La Haya suponga dificultades jurídicas, el derecho internacional permite que los Estados enfrentados lleguen a un acuerdo para regular sus derechos bajo la forma de un tratado internacional.
Con la demanda del presidente Santos, son ya tres las peticiones en el mismo sentido que deberá fallar en uno solo pronunciamiento la Corte Constitucional. El pasado viernes, este alto tribunal, en un documento firmado por el magistrado Mauricio González, admitió las dos demandas anteriores. La primera, presentada por los abogados Juan Carlos Moncada, Carlos Borrero y Jessica Mancipe; y la segunda, por el abogado Óscar Vanegas. Estas demandas apuntan más a que el fallo de La Haya desconoce la autodeterminación de los pueblos y los mecanismos de participación ciudadana.
El magistrado González ya les pidió a los expresidentes Belisario Betancur, César Gaviria, Ernesto Samper, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe que emitan sus opiniones en este candente asunto. Además, les pidió al presidente del Congreso, Juan Fernando Cristo, a la canciller, María Ángela Holguín; a la gobernadora de San Andrés y Providencia, a los raizales y a las principales facultades de derecho del país que expresen su posición jurídica. En menos de seis meses la Corte deberá pronunciarse.
jlaverde@elespectador.com