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Cuando Luz Marina Oliveros llegó al Hospital Cancerológico para empezar el tercer ciclo de quimioterapias para su hijo de 15 años, le dieron una noticia agridulce. Le dijeron que su niño, un muchacho moreno y de 1,78 metros, estaba respondiendo bien a los tratamientos para combatir la leucemia que le habían descubierto hacía tres meses. Pero además agregaron que no había camas para atenderlo.
“Él está bien, ahora traiga la cama de su casa”, le dijo entre jocosa y amarga la jefa de enfermeras, Marcela Cárdenas. Por casos como el suyo es que el abogado German Perfetti decidió poner una demanda que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ya decidió estudiar.
La acción popular conocida por El Espectador se sustenta en el derecho colectivo de los niños, niñas y adolescentes a la salubridad y al acceso a una infraestructura de servicios que garantice su salud, lo que, en palabras simples, significa la presencia de camas pediátricas en las cuales puedan ser atendidos.
Según Nicolás Ramos, presidente de la Asociación Colombiana de Pediatría, desde el año 2010 las Eps vienen disminuyendo la cantidad de camillas para niños por considerarlas poco rentables. La situación ha llegado a tal punto que en el país hay 14 camas por cada 10.000 habitantes, cuando las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), es que haya 26.
Si se tiene en cuenta que el 32% de los colombianos son menores de edad, el déficit de camas pediátricas en los centros de salud es un drama de proporciones alarmantes. El abogado German Perfetti le explicó a este medio que “el cierre de camas pediátricas pone en riesgo la vida de los niños y adolescentes, pues cuando un niño llega a un servicio de urgencias en el que no hay camas suficientes, se aumentan los tiempos de espera para su atención y se promueve el mal llamado “paseo de la muerte””.
Pero a pesar de los numerosos casos conocidos y desconocidos de niños muertos por falta de atención en salud, desde hace cinco años se han dejado de usar 750 camas para niños en todo el país, de las cuales 321 estaban en Bogotá. La capital del país, donde vive Luz Marina Oliveros, es la ciudad con mayor déficit: Según la Asociación Colombiana de Pediatría, en la ciudad debería haber 4.000 camas, pero solo hay 1.800, y cada día hay menos.
Por eso las dos últimas sesiones de quimioterapias de Danilo Jimenez, el hijo de Luz Marina Oliveros, se han retrasado, afectando el tratamiento que podría salvarle la vida. El día en que descubrieron su enfermedad salieron de su casa a las 7:00 p.m., pero por las demoras en las salas de espera de tres centros médicos –Hospital de Meisen, Hospital del Tunal y Hospital Santa Clara– regresaron a casa a las 2:30 de la madrugada del siguiente día.
La acción popular instaurada por Perfetti busca que casos como los de Luz Marina Oliveros no se sigan presentando. La demanda pretende que el Ministerio de Salud ordene reabrir las camas pediátricas cerradas, que “adelante una investigación para establecer el número de camas pediátricas que requiere el país por cada habitante” y que, a través de la Superintendencia de Salud, haga un “un control efectivo del cierre sistemático” de las mismas.
Para esto, la demanda propone aumentar el presupuesto de esta entidad para que en un plazo de dos años tenga presencia en todo el territorio nacional. Según Perfetti, la falta de control es uno de los principales alicientes para que las Eps sigan cerrando camas infantiles.
Otro aspecto señalado por la acción popular y que Nicolás Ramos destaca es el déficit que hay de profesionales formados en pediatría. Para el presidente de la Asociación Colombiana de Pediatría, “sería iluso creer que todos los niños de Colombia van a ser atendidos por pediatras, pero sí esperamos que haya médicos generales que tengan un conocimiento básico de las patologías más prevalentes en los niños y que puedan ayudar a que el déficit no se sienta tanto”.
Además, señaló que la educación de las madres es fundamental para prevenir las muertes de infantes y que eso se lograría con una medida tan simple como “una consulta médica de mínimo media hora, que permita al médico explicarle a la mamá cómo cuidar a su bebé”, dice.
Estos aspectos se encuentran contenidos en la acción popular que hoy reposa en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y cuyo estudio fue aceptado el pasado 30 de marzo por el magistrado Moises Rodrigo Mazabel. El abogado Germán Perfetti señala que “esta es una oportunidad que abre el Tribunal para que todo el mundo haga parte de este proceso, para que todo el que quiera pueda informarse y proponer en lo que podría ser una decisión estructural en sistema de salud para niños y niñas”.
De ser aceptadas las exigencias consignadas en esta acción judicial, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca sentaría un precedente en la protección del derecho a la salud de los más de 14 millones de niños y adolescentes del país.