Ante el Consejo de Estado fue radicada una demanda de pérdida de investidura contra el representante a la Cámara por el departamento de Santander, Holger Horacio Díaz Hernández por presuntamente haber recibido comisiones del Grupo SaludCoop para beneficiarlos con los trámites de reforma a la salud en el Congreso de la República.
Según la demanda con este pago de comisiones se garantizó que el representante omitiera el ejercicio parlamentario y el control sobre lo que se denominó el ‘cartel de la salud’ el cual estaría liderado por el denominado Grupo SaludCoop el cual enfrenta varias investigaciones fiscales, disciplinarias y penales por el uso inadecuado de recursos.
En la acción presentada por la Red de Veedurías Ciudadanas se indica que el congresista habría incurrido en un tráfico de influencias y conflicto de intereses puesto que su esposa hacia parte de la regional Santander de SaludCoop y luego habría fungido como contratista independiente de la EPS.
Para esto citó los correos publicados en la columna de Daniel Coronell en la Revista Semana entre el congresista y el entonces presidente del Grupo SaludCoop, Carlos Palacino manifestándole que no había recibido los últimos dos pagos como “contraprestación por la gestión en el trámite a la reforma a la salud”.
En los correos revelados Hernández Díaz le presentó a Palacino un NIT para que le hiciera los depósitos represados. Por esto se le solicitó a las autoridades financieras que establezcan el desembolso a favor del representante a la Cámara teniendo en cuenta las fechas en las que se hace referencia a los email revelados en la columna.
“Empeñó e hipotecó la gestión legislativa y de control política para ponérsela al servicio de Carlos Palacino y el Grupo SaludCoop”, precisó el presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas, Pablo Bustos al indicar que solicitarán el testimonio de Palacino y del fiscal General, Eduardo Montealegre quien fungió como representante legal de dicho Grupo antes de ser elegido como jefe del ente investigador.
En este sentido aseguró que Montealegre “sustentó” desde su cargo “las bases legales para la integración vertical para que se utilizarán los recursos de la salud para otros propósitos”, hecho por el cual presentó una denuncia ante la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes.
Bustos también manifestó que el jefe del órgano persecutor del delito en Colombia se lucró con las actividades ilegales adelantadas en el Grupo SaludCoop “obteniendo una propiedad en Vila Valeria (…) Se benefició de manera personal, benefició a terceros y tenía lazos familiares puesto que su esposa seguía en la junta directiva de SaludCoop”.
Por estos hechos, manifestó Bustos, la Fiscalía General no ha adelantado de manera efectiva las investigaciones por el denominado ‘carrusel de la salud’ “lo que representa una abierta impunidad” para establecer a los responsables de las irregularidades en el manejo de los recursos de la salud.