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En las próximas horas será presentada una demanda en contra del proyecto de la Alcaldía Mayor de Bogotá para la construcción de viviendas para desplazados por la violencia en lotes del Distrito que están ubicados zonas de estratos cinco y seis. (Ver Distrito gestiona construcción de viviendas dde interés prioritario en el barrio Chicó)
En la acción judicial, que será radicada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, se indica que este proyecto afecta directamente el patrimonio público a los propios beneficiarios, hecho por el cual se pide que se tomen medidas para salvaguardar y garantizar sus derechos.
En la demanda se pide tumbar el proyecto presentado la semana pasada, el cual utilizará siete parqueaderos que pertenecen al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) para la construcción de 327 viviendas de interés prioritario (VIP) en cuatro exclusivos sectores de la capital de la República, entre las calles 82 y 109 y las carreras 11 y 17.
Se espera que antes de enero de 2015 se abra la licitación para el diseño y construcción de las edfificaciones. Este tipo de construcciones, hacen parte del proyecto de vivienda del Gobierno Nacional, que busca beneficiar a las familias víctimas del conflicto armado o de bajos recursos.
En un comunicado de prensa, el Distrito aseguró que los interesados en adquirir este tipo de viviendas tienen que estar inscritos en el Subsidio Distrital de Vivienda en Especie que otorga la Secretaria de Hábitar en la capital de la República, o acercarse a los Cades, SuperCades y Centros Dignificar.
Según el Decreto 399, firmado por la Administración Distrital en octubre de este año,se fijaría el estrato uno por diez años para estas viviendas de interés prioritario. De esta manera se continuaría con el Plan de Desarrollo de la ‘Bogotá Humana’, que busca construir viviendas subsidiadas en áreas centrales de la ciudad y así acercar la población menos favorecida a los centros de trabajo y al resto de la comunidad.
El decreto solo aplicaría para las familias víctimas del conflicto armado o con máximo dos salarios mínimos legales al mes. Además de ello, contarían con mayores subsidios en los servicios públicos y menores tarifas en el impuesto predial. De esta forma quienes habiten la vivienda, podrán residir allí con los gastos acordes a su situación.