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La Fundación Comité de Solidaridad Con los Presos Políticos denunció ante la comunidad Nacional e Internacional, los organismos de control, las delegaciones de los procesos de paz y al Gobierno, el hostigamiento y abuso que la guardia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), habría hecho realizó a los internos del patio dieciséis del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Medellín, Bellavista.
El comité denunciante basa su acusación en que el pasado 22 de diciembre, en horas de la mañana, se presentó un operativo en el pasillo oriental de la segunda planta del patio 16 de dicha cárcel, lugar donde se encuentran recluidos la mayor parte de los presos políticos. Según la versión de los denunciantes, en dicho operativo fueron destruidos implementos de aseo, pertenecías personales y se generaron daños a la infraestructura de la instalación.
Al día siguiente y luego de que los presos recibieran visita de sus seres queridos, se repitió el operativo, pero según los prisioneros, con más violencia. En esta acción, manifiestan los denunciantes, participaron unos 20 auxiliares del Inpec comandados por un cabo de apellido Alvarado. “Estos ingresan al pasillo afirmando hacer una visita de rutina, pero nuevamente destruyen implementos de aseo, pertenencias personales, colchonetas, cobijas; además del daño ocasionado a paredes y a una de las planchas (las cuales utilizan los reclusos como camas)”, asegura el Comité de Solidaridad Con los Presos Políticos.
También manifestaron su preocupación el cómo de forma reiterativa los dragoneantes del Inpec utilizan los operativos y las revisiones de rutina, como una oportunidad para maltratar a la población reclusa. Dicen que “es aún más preocupante que estos episodios se sigan presentando sin que se den las respectivas investigaciones y sanciones disciplinarias a los funcionarios que continúan desbordando, de forma ilegal, el uso de la fuerza”.
Estos presos, en su mayoría pertenecientes a las Farc, están a la espera de que se apruebe una ley de amnistía. Por lo tanto el comité que defiende sus derechos manifiesta que “no tiene ninguna presentación, que tras la firma de un acuerdo de paz con esta insurgencia, el Estado a través de sus instituciones siga declarándole la guerra a los miembros de esta organización. No podemos hablar de un país en paz si no se respetan los derechos de la población carcelaria”. Piden que desde las diferentes instituciones, como la Procuraduría, el ministerio del Interior y la Defensoría, adelante las respectivas investigaciones.