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Al fiscal Antonio Luis González, a cargo hasta el 31 de mayo pasado del expediente Colmenares, las críticas siempre le habían llovido desde afuera: los defensores de Laura Moreno y Jessy Quintero, que alegaban que él no brindaba garantías en el proceso; la exjueza Nury Cervera, quien lo acusó de haberla amenazado, o algunos medios que empezaron a cuestionar su mediático manejo del proceso. Pero una queja radicada hace dos semanas, elaborada por quien fuera su fiscal de apoyo mientras lideró la investigación por la muerte de Luis Andrés Colmenares, se asoma en este novelesco proceso para indicar que el descontento también puede venir de adentro.
En carta enviada el 31 de octubre pasado al fiscal Eduardo Montealegre y al procurador Alejandro Ordóñez, el fiscal local Napoleón Botache Díaz relató las que fueron, a su juicio, las principales irregularidades que habría cometido el fiscal González en desarrollo de las pesquisas para establecer si el estudiante de la Universidad de los Andes Luis Andrés Colmenares fue asesinado o murió como consecuencia de un lamentable accidente. Lo que más inquietó a Botache fue que observó muy pronto una especie de afán de González por probar a como diera lugar su tesis de que había sido un crimen.
De acuerdo con la carta conocida por El Espectador, González le sugirió en más de tres ocasiones “la necesidad de conseguir unos testigos como fuera”. La primera vez habría ocurrido a mediados de febrero de 2012, días antes de que se realizara la audiencia de solicitud de libertad por vencimiento de términos de las dos primeras implicadas en este escándalo: las estudiantes Laura Moreno y Jessy Quintero. Para Botache, quien estuvo hasta mayo pasado acompañando la investigación, esa insinuación fue inaceptable, razón por la cual se opuso. “No obstante consideré que era un comentario aislado”, añadió.
El episodio más grave que contó el fiscal Botache ocurrió el 1° de junio, luego de que le quitaran el proceso a González y se lo reasignaran a la coordinadora de fiscales delegados ante la Corte Suprema, Martha Lucía Zamora. “Cuando nos encontrábamos alistando el proceso para remitirlo (González) me manifestó que ahora era necesario conseguir un testigo como fuera, situación que fue fuertemente recriminada por el suscrito (...) nos trenzamos en una discusión con el doctor González, quien me argumentó que había mucho en juego y no podía perder ese caso por nada en el mundo, que estaba en juego su orgullo y profesionalismo, y que esos hp se habían portado muy mal con él”.
El testigo apareció tres días más tarde. Su nombre: José Wílmer Ayola Lerma. Los registros de policía judicial muestran que ese lunes 4 de junio, a las 9:50 p.m., el fiscal Antonio Luis González le recibió su versión hasta las 2:00 a.m., diligencia que continuó al siguiente día desde las 11:00 a.m. hasta las 2:00 p.m. El 6 de junio González ordenó la captura del exnovio de Laura Moreno, el estudiante Carlos Cárdenas. Justo ese día el fiscal Botache se encontraba almorzando con su esposa cuando escuchó la última noticia del caso Colmenares y, sorprendido, fue a buscar a González a verificar lo sucedido. “Él estaba rodeado de un grupo de abogados y no fue posible hablar sobre el asunto. Sin embargo, me dijo: ‘Me gané la lotería’”.
Ese 6 de junio, durante la audiencia de legalización de captura de Cárdenas, González leyó el testimonio entregado por Ayola ante un juez y ante los consternados padres de Luis Andrés Colmenares, quienes escucharon cómo, supuestamente, Laura Moreno había cacheteado a Luis Andrés y luego Cárdenas le había pegado un botellazo en la cabeza. Ayola declaró que el 30 de octubre de 2010 estuvo vendiendo trago con su amigo Cristian o Tizón en la Zona T de Bogotá desde las 9:00 p.m. y que, hacia las 2:30 a.m., fueron juntos al parque El Virrey a entregar un domicilio. Fue allí, aseguró Ayola, cuando presenciaron la golpiza en contra de Colmenares.
Con base en ese testimonio, el 7 de junio el juez ordenó la detención preventiva de Cárdenas y éste fue recluido en la cárcel Modelo de Bogotá. Pero el 20 de junio el abogado Jaime Granados —defensor de Laura Moreno— denunció que el mismo 30 de octubre de 2010 Ayola había firmado una bitácora como supervisor de seguridad del conjunto residencial Bochica, en el occidente de Bogotá. Según la minuta, Ayola había ingresado a trabajar a las 6:00 p.m. y se había ido a las 6:00 a.m. Por eso, Granados lo denunció penalmente por falso testimonio y fraude procesal, pues resultaba imposible su don de la ubicuidad.
En medio de esa controversia, Botache recriminó la credibilidad que el fiscal González le había dado a José Wílmer Ayola, pero la respuesta que recibió fue más desconcertante aún: “(González me dijo) que si había la necesidad de conseguir 50 testigos lo haría, justificando nuevamente que esos hp no le iban a ganar”. Curiosamente, en ese cruce de acusaciones entre la Fiscalía y la defensa, apareció ese mismo 20 de junio un segundo testigo: Jonathan Andrés Martínez Ortiz. Su declaración fue rendida a las 10:00 p.m., menos de 12 horas después de que Jaime Granados denunciara a Ayola. Una semana antes había entregado su testimonio Jesús Alberto Martínez Durán, pero el alcance de sus revelaciones sólo se conocerían hasta principios de octubre.
Esa secuencia cronológica de testigos que aparecieron entre el 4 y el 20 de junio de este año “me llevó a atar cabos en el sentido de que esos testigos atienden a las sugerencias realizadas por el doctor González de conseguir testigos falsos para elaborar una teoría del caso más fuerte, a costa de lo que fuere. Durante el término de mi permanencia en la investigación observé el desespero del doctor González de buscar testigos. Para tal efecto, aparecían en su despacho múltiples personas quienes manifestaban haber visto el hecho, para lo cual eran entrevistadas por la Policía Judicial y llevados al lugar de los hechos. Cuando se encontraban allí era claro que desconocían por completo las circunstancias”, resaltó Botache.
Y denunció algo más: que escuchó que se ofrecía incorporarlos al Programa de Protección de Víctimas de Testigos, darles dinero y sacarlos para Canadá. No obstante, el patrón que notó en los testigos que buscaban a González era “personas desempleadas, consumidores de droga o alcohol”. Una situación que se habría repetido por lo menos en tres ocasiones en las que Botache estuvo presente. Por último, sostuvo que hubo irregularidades en el transporte de evidencia “sin el lleno de los requisitos”, especialmente con las muestras de sangre que salieron del Instituto de Medicina Legal y fueron entregadas por la Fiscalía al laboratorio del reputado genetista Emilio Yunis.
Al margen de lo delicadas de sus denuncias, no se entiende por qué Napoleón Botache Díaz se tardó cinco meses para enunciar estas supuestas irregularidades. ¿Por qué no lo hizo antes?, le preguntó El Espectador el pasado viernes vía telefónica. “Prefiero ser respetuoso de los conductos regulares, y antes de hablar en cualquier otro lado quiero darle mis explicaciones al doctor Eduardo Montealegre”, respondió. La justicia tendrá que aclarar los grises de la escueta denuncia de tres páginas de Botache; por qué concluye que González prácticamente fabricó los testigos, y cómo puede probar que su verdad va más allá de inferencias circunstanciales sobre un fiscal que no aceptaba explicación distinta a la muerte de Colmenares que un homicidio.
En diálogo con este diario, el fiscal González rechazó las quejas de Botache: “Siempre que estuve bajo la dirección del caso Colmenares actué ceñido a criterios de justicia y en favor de buscar la verdad. Los tres testigos que hoy se conocen es porque ellos voluntariamente se presentaron a los entes de Policía Judicial. El origen de cada uno está acreditado en la investigación. Lo que el señor Napoleón Botache diga contrario a eso es una farsa. Es más, él no estaba ya en el caso cuando los testigos se presentaron, es decir, él no tiene ningún conocimiento del origen de los testigos y ese origen fue legal”.
El Espectador también consultó al fiscal Eduardo Montealegre, quien confirmó que la denuncia de Botache fue recibida y que se envió a los fiscales delegados ante el Tribunal Superior de Bogotá, a quienes les corresponde por competencia conocer la queja. Sin embargo, el paro judicial que ya cumple más de un mes ha estancado el procedimiento. Este diario ratificó también que en el despacho de Montealegre no hay más quejas en contra de González. Al final del documento, Botache les pidió al procurador y al fiscal general “una audiencia para informar de manera directa la situación”. De considerarlo necesario, Montealegre se la dará.
Desde que asumió el caso Colmenares y anunció su hipótesis del homicidio, Antonio Luis González se ha ido cada noche a dormir abrazado por la polémica. Los padres del joven fallecido expresan con frecuencia la gratitud que sienten por este abogado penalista. Dicen que fue él quien desempolvó este proceso del armario de la impunidad. La principal prueba que esgrimió González fue el dictamen forense que entregó el laboratorio de Máximo Duque (exdirector de Medicina Legal), concluyendo que sí se trató de un homicidio. La fiscal Martha Lucía Zamora, quien sucedió a González, está convencida de lo mismo y de que puede probarlo. El fiscal Botache no controvierte esa tesis, pero sospecha de los testigos. Es el último eslabón del caso más mediático del país.
Sólo agradecimientos para González
Para los padres de Luis Andrés Colmenares, Luis Alfonso Colmenares y Oneida Escobar, nunca ha habido lugar para las dudas: su hijo fue asesinado y Laura Moreno, Jessy Quintero y Carlos Cárdenas tuvieron que ver. Ambos han manifestado públicamente en varias ocasiones la gratitud que sienten hacia el fiscal Antonio Luis González y sostienen, como lo ha hecho el funcionario judicial, que en este proceso “manos oscuras” han intervenido para entorpecer las pesquisas.
Luis Alfonso Colmenares señalaba que los defensores de los jóvenes acusados del homicidio de su hijo tenían el objetivo de desvincular a Antonio González del expediente, porque sabían que no iban “a ser capaces de vencerlo con las pruebas que él tiene”. En varias oportunidades también ha criticado la falta de ética por parte de esos abogados.
El juicio continuará este martes
En dos días, en los juzgados de Paloquemao de Bogotá, se espera que la audiencia preparatoria para el juicio de Laura Moreno y Jessy Quintero continúe. La primera está acusada como coautora de homicidio y la segunda, de falso testimonio. Ese día, el juez tendrá que decidir si acepta o no que la Fiscalía divulgue ciertas evidencias, de acuerdo con las solicitudes de la defensa.
La fase preparatoria de este controversial juicio comenzó el pasado 3 de septiembre. La fiscal Martha Lucía Zamora le pidió al juez del caso que admitiera nuevas pruebas, practicadas entre junio y agosto de este año, y que aceptara tres testigos: José Wílmer Ayola, Jonathan Martínez y Jesús Alberto Martínez Durán. Las evidencias no fueron admitidas, pero sí los testigos. La Fiscalía insiste en la hipótesis de que tanto ellas como Carlos Cárdenas estuvieron involucrados en el crimen.