Las continuas denuncias de la Universidad Autónoma del Caribe por el supuesto robo que Silvia Gette hizo cuando era rectora, al incrementar en $100 millones mensuales una pensión que heredó de su difunto marido, Mario Ceballos Araújo, la cual pagaba la institución, al parecer no han tenido eco en la Fiscalía. A pesar de que los casos de Gette están priorizados en el ente investigador, este proceso lleva casi dos años en investigación y, según el abogado Daniel Largacha, podría durar otro más pues se cambió al fiscal del caso y aún no se ha asignado uno nuevo.
El pasado 17 de febrero el abogado Largacha, que representa los intereses de la Universidad Autónoma del Caribe, envió un derecho de petición a la Fiscalía para conocer las razones que motivaron la salida de la fiscal del caso, Sandra Fajardo, quien fue trasladada en noviembre de 2015 de la seccional de Fiscalías de Atlántico a la de Magdalena. Además preguntó en qué estado estaba el proceso por el incremento irregular de la pensión de sobreviviente de la que es beneficiaria Silvia Gette desde noviembre de 2003, tras la muerte de su esposo, fundador de la institución educativa.
Esta situación también fue puesta en conocimiento de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia por Largacha, quien aseguró que no entendía por qué cada vez que había un algún avance se dilataba el proceso. “Precisamente, cuando va a imputar pasa algo muy raro. ¿Por qué cuando se mueve el proceso cambian a la fiscal y la mandan para Fundación (Magdalena)? Al parecer, la trasladan por una supuesta solicitud que ella hizo, pero nunca la pidió y eso nos genera inquietud”, le dijo Largacha a este diario. Agregó que no se trataba de una denuncia cualquiera porque entre 2003 y 2013 la pensión se incrementó injustificadamente a través de triquiñuelas hasta llegar a $100 millones mensuales.
La Fiscalía explicó que el traslado de la funcionaria obedecía a una facultad exclusiva que tiene el fiscal general, quien puede trasladar a los fiscales de una seccional a otra por necesidad de servicio. “En el proceso al que hace referencia el abogado, la Fiscalía tiene intereses para impulsarlo, pues está priorizado en la seccional (de Atlántico). La fiscal Sandra Fajardo fue asignada a la seccional de Magdalena hace tres meses. El traslado de ella no implica que este caso tenga algún retraso, pues sigue impulsándose por estar priorizado. El fiscal que reemplace a la doctora Fajardo debe hacer el estudio del caso inmediatamente para tomar las decisiones que se requieran”, señala el director de la seccional de Fiscalías de Atlántico, Wílder Guerra.
Pero el abogado Largacha insiste en que no entiende por qué un caso priorizado ni siquiera tiene fiscal asignado. La denuncia se instauró el 16 de junio de 2014. En ese entonces la Universidad Autónoma del Caribe denunció que Silvia Gette se había aprovechado de su puesto de rectora de la institución para ordenar “de manera abusiva y unilateral” el aumento del pago de la pensión que heredó de su difunto esposo, sin contar con el aval del consejo directivo. Según las normas de la institución, este órgano era el único que tenía la potestad para tomar ese tipo de decisiones.
Gette fue denunciada por los delitos de hurto agravado y por el pago de pensión de vejez por encima de los montos legales —según la ley, no puede superar los 25 salarios mínimos legales vigentes—, con el argumento de que los aumentos a la pensión se hicieron sin la autorización respectiva durante diez años, lesionando el patrimonio de la institución educativa. “Como simple ejercicio hipotético, esos cinco años de aumentos sin autorización del consejo directivo y la sala general, y por encima de las correspondientes circulares emitidas por el Ministerio de Trabajo, implican sesenta mesadas pensionales irregularmente obtenidas, en detrimento de los recursos de la universidad”, se lee en la denuncia.
El abogado Largacha precisó que el único aumento que fue aprobado quedó registrado en el acta número 811 del 12 de noviembre de 2010 del consejo directivo de la Universidad Autónoma del Caribe. Según los registros contables de los denunciantes, Gette logró subir su pensión en más de 100% entre 2003 y 2013, luego de dar órdenes a sus empleados, quienes supuestamente actuaron bajo la presión de perder su empleo. En 2004 recibía $660 millones anuales por la pensión y en 2013 había pasado a obtener $1.190 millones.
Según Largacha, en 2014 la universidad, ciñéndose a la normatividad, le redujo la pensión a Gette a $15 millones. La exrectora interpuso dos tutelas para subirla nuevamente; sin embargo, perdió. Pero luego se adelantó un juicio por líos laborales y un juez ordenó en primera instancia que el pago de la pensión debía aumentarse nuevamente a $70 millones. La decisión se apeló y ahora el turno de fallar es de la Sala Laboral del Tribunal superior de Atlántico. Para los abogados de la Universidad Autónoma del Caribe, la asignación de procesos de Gette a fiscales de Barranquilla es un grave peligro para la administración de justicia, pues sostienen que la exrectora aún tiene mucho poder político y económico en la región.
Por eso le solicitaron a la Fiscalía trasladar los procesos a Bogotá, porque, según Largacha, a las víctimas se les está violando el derecho a la verdad, la justicia y la reparación con las constantes dilaciones. Por el momento, el tercer proceso contra Silvia Gette no prende motores y el segundo caso, en el cual fue acusada de otorgarse multimillonarios autopréstamos de la universidad, sigue estancado porque en cinco oportunidades se ha aplazado la audiencia para solicitar la medida de aseguramiento en centro carcelario —Gette tiene el beneficio de prisión domiciliaria—, la cual se reprogramó para el 11 de marzo.