El presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas, Pablo Bustos presentó este viernes una denuncia penal, disciplinaria y fiscal en contra de los exalcaldes de Bogotá por las presuntas irregularidades que rodearon la celebración de contratos para la recolección de basuras.
En este sentido anunció que es menester investigar a las administraciones de Luis Eduardo Garzón, Samuel Moreno Rojas y Gustavo Petro por el "indebido" cobro de 500 mil millones de pesos en las tarifas por el servicio de aseo en la capital de la República.
"Se han presentado unas omisiones graves que afectan la calidad y oportunidad del servicio que se ha venido dando de manera histórica durante los últimos años", precisó Bustos, quien indicó que se incurrió en una falta de control y vigilancia.
Según la denuncia el tema del aseo en Bogotá pasó de ser un servicio para convertirse en un negocio, en los cuales los cuatro operadores que prestaban el servicio “se enriquecieron” pese al mal servicio que le estaban brindando a la comunidad mientras que las administraciones de turno no hacían nada.
“Ese equipo está en pésimas condiciones de calidad, por lo que las tarifas deben reducirse de manera inmediata y renegociarse de acuerdo al servicio de recolección. Se trata de una mirada conjunta frente a las fallas administrativas y estructurales en la prestación”, precisó el presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas.
La acción judicial también fue interpuesta en contra de las empresas privadas, Lime, Ciudad Limpia, Aseo Capital y Atesa, en la cual se argumenta que se habría suspendido de manera irregular la operación en Bogotá con la entrada en vigencia del nuevo sistema de recolección de basuras con una supuesta manipulación sobre la prestación del servicio.
En este punto se señala que dichos operadores un cobro injustificado en las tarifas de aseo durante 5 años de 500 mil millones de pesos y no han realizado el retorno del parque automotor, lo que ha ocasionado perjuicios para el fisco del distrito en 70 mil millones de pesos.
Los delitos son en los que habrían incurrido son daños a los recursos naturales, contaminación ambiental, peculado, interés indebido en la celebración de contratos, contratos sin cumplimiento de requisitos legales y concierto para delinquir.
En la acción judicial radicada ante la Procuraduría General, la Contraloría General y la Fiscalía General se manifiesta que debe tenerse en cuenta los estudios y las investigaciones adelantadas en los últimos años sobre este tema.