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Judicial 24 Mayo 2010 - 1:56 pm

Denuncian más de 3 mil ejecuciones extrajudiciales entre 2002 y 2009

Organizaciones sociales exigieron la inmediata intervención de la CPI, especialmente frente a los casos de 'falsos positivos'.

Por: Elespectador.com
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En los últimos siete años se habrían producido en el país más de 3 mil ejecuciones extrajudiciales, según lo revelan investigaciones adelantadas por la Coordinación Colombia Europa, que documentan un informe presentado por la Fundación para la Educación y el Desarrollo, Fedes, en el que se afirma que los llamados casos de ‘falsos positivos' son sólo la ‘punta del iceberg' de un delito de ejecución sistemática y controlada.

Según el organismo, desde 1994 han sido documentados 3.796 casos, de los cuales 3.084, más del 95 por ciento, se han producido en los últimos siete años, es decir, a partir de la entrada en vigencia de la seguridad democrática.

Para el columnista, Felipe Zuleta, el hecho de que el ex ministro de Defensa, hoy candidato presidencial, Juan Manuel Santos, haya manifestado que fue él quien puso fin a la ejecución de ese tipo de asesinatos demuestran que se trataba de un delito cuya ejecución era controlada y obedecía a una empresa criminal delimitadamente constituida.

A su turno, el vocero del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice, Iván Cepeda, manifestó que es frecuente que el Gobierno trate de minimizar su responsabilidad en ese tipo de escándalos asegurando ser el que los descubrió y los denunció.

Es evidente, señaló Cepeda, que no sólo falta a la verdad el Ejecutivo, en cabeza del Presidente Uribe, cuando hace ese tipo de señalamientos, sino que lo que trata es de ocultar su responsabilidad, como lo ha hecho en otros casos como la parapolítica y las interceptaciones ilegales del DAS.

Defensores de derechos humanos y las madres de las víctimas de ‘falsos positivos' de Soacha enviaron una carta al fiscal Jefe de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, para que asuma la investigación por la ejecución de estos casos, toda vez que consideran probada la incapacidad de la Justicia colombiana para hallar la verdad y castigar a los culpables.

Las organizaciones civiles y los familiares de los jóvenes asesinados calificaron de inaudita la presencia de Juan Manuel Santos en los comicios presidenciales, al señalarlo como uno de los principales responsables de los crímenes, toda vez que consideran que son atribuibles única y exclusivamente a la política de recompensas que mantuvo el Gobierno para incentivar la lucha contra insurgente en el seno de las Fuerzas Militares.

 

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