Derecho a la salud, a domicilio

La Corte Constitucional amparó los derechos de una mujer que tenía que pagar más de $40 mil pesos para recoger unos medicamentos vitales. Ahora, la EPS tendrá que pagarle el dinero de transporte y, cuando sus remedios no estén completos, deberá llevárselos en su lugar de residencia.

Hace cuatro años, a la señora Rubelia Aley Esquivel, de 63 años, le practicaron una cirugía de corazón abierto para corregir una cardiopatía. Además de tener problemas cardiacos, hace años que su tiroides y tensión no funcionan correctamente y por eso, tiene que tomar un cóctel de medicamentos a diario para seguir de pie. Pero acceder a la droga que la mantiene en pie, no ha sido fácil. En 2015, la droguería que le suministraba las pastillas cerró y tuvo que viajar hasta otro corregimiento para recogerlos.  El viaje implicaba pagar más de $40 mil pesos de transporte y cuando consiguió el dinero y viajó, no le dieron completos los remedios que necesitaba.

Para Rubelia Aley, madre cabeza de hogar, era insostenible pagar esa suma y que además, al hacerlo, no le entregaran completa su orden. Por eso, a finales del año pasado presentó una tutela en contra de su EPS, Asmet Salud, pues consideraba que se le estaba violando su derecho a la salud y a la seguridad social. En primera instancia, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Puerto Rico (Caquetá) dijo que en ningún momento la EPS había vulnerado los derechos de Rubelia Aley pues la entidad aseguró que sí se le habían entregado los medicamentos y que era imposible para ellos, instalar una droguería en un corregimiento en donde la situación de orden público es crítica.

A la Sala de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, llegó el caso de Rubelia Aley y en un fallo, con ponencia de la magistrada Gloria Stella Ortiz, se revocó lo dicho en primera instancia y se ampararon los derechos a la salud y seguridad social de la madre cabeza de familia. Para el alto tribunal, el hecho de que esta mujer tenga que desplazarse de su lugar de residencia hacia otra localidad, y que además tenga que soportar “de manera injustificada el suministro incompleto de sus medicamentos”, es una vulneración a sus derechos fundamentales.

“La Corte ha sido enfática en afirmar que el Estado tiene la obligación de asumir el pago total del transporte y/o gastos de traslado de los pacientes, de manera directa o a través de las entidades prestadoras del servicio de salud”, dice la sentencia con firma de los magistrados Gloria Stella Ortiz, Jorge Pretelt y Jorge Iván Palacio, quien aclaró su voto. Aunque la Corte Constitucional admite que no sería correcto exigir a la EPS Asmet Salud a tener un puesto de servicio en una zona en donde el conflicto armado amenaza la vida de sus funcionarios, lo que sí puede hacer es ordenarle a la entidad a que pagarle los servicios de transporte necesarios para que Rubelia Aley acceda a sus medicamentos.

Justamente esa es una de las decisiones cruciales del fallo que amparó los derechos de esta madre cabeza de familia. Además de pagarle el dinero que necesita para viajar por sus medicamentos, la Corte le ordenó a la EPS a que le entregue a Rubelia Aley, sin dilaciones ni inconvenientes, los remedios completos que le ordena el médico y que, en caso de que no sea posible la entrega completa e inmediata, garantice que los faltantes llegarán hasta su domicilio.