La Procuraduría General llamó la atención por la falta de una propuesta frente al caso de los menores de edad reclutados por las Farc en el marco del conflicto armado interno en el desarrollo de las negociaciones del proceso de paz que se adelanta actualmente en La Habana (Cuba).
Por medio de su delegada para la Infancia y la Familia, se manifestó que hasta la fecha el jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle no ha presentado una respuesta frente al tema del reclutamiento forzado en la mesa de negociación.
“Llama la atención de la Procuraduría la ausencia del debate de estas y otras instituciones, a pesar de las específicas responsabilidades que tienen en la detección temprana, la prevención urgente y la protección de los menores de edad víctimas de violaciones a los derechos humanos en el contexto del conflicto armado”, precisó la procuradora delegada.
En este sentido llamó la atención por la inasistencia al debate del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para presentar los lineamientos, protocolos y ajustes anunciados al Programa de Niños Desvinculados del Conflicto Armado; del Ministerio de Justicia y del Derecho, que debía pronunciarse respecto de la política institucional para la prevención del reclutamiento,.
Además manifestó que la Fiscalía General de la Nación no ha presentado un reporte de los resultados en la lucha contra impunidad de este flagelo, y de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación a las Víctimas, a la que le correspondía exponer el Plan de Articulación con el ICBF para armonizar la intervención de ambas instituciones.
Advierte la Procuraduría que la protección integral de los menores de edad víctimas del reclutamiento, la utilización y la explotación sexual, continúa siendo invisible en las conversaciones de paz. Ni al inicio ni durante el desarrollo de las conversaciones de paz del Gobierno Nacional con las Farc, esta temática ha sido reconocida como prioritaria en manifiesta oposición con los postulados de la Convención de los Derechos del Niño y el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en conflictos armados, entre otros instrumentos internacionales. Además, el diagnóstico y las reflexiones presentados en el debate del 14 de mayo al parecer no tuvieron eco en las autoridades.