La desaparición forzada como "crimen perfecto"

En agosto, el organismo imputará cargos contra el Bloque Central Bolívar.

Hasta diciembre de 2012, a través de Justicia y Paz, se habían hallado 4.809 restos. De éstos, 1.813 han sido identificados y entregados a sus familias.  / AFP
Hasta diciembre de 2012, a través de Justicia y Paz, se habían hallado 4.809 restos. De éstos, 1.813 han sido identificados y entregados a sus familias. / AFP

Caso uno: el 25 de junio de 2001, los paramilitares que entonces se consolidaban en Barrancabermeja (Santander) organizaron un “operativo” para capturar a Luis Francisco Sierra y Federico Navarro. En un sitio despoblado segaron sus vidas con un palo de guayabo, los descuartizaron y los arrojaron al río Magdalena. Caso dos: Víctor Alean, indígena, fue acusado por desertores del Eln de ser guerrillero. A finales de 2002, en Zaragoza (Antioquia), lo mataron y su cuerpo fue arrojado al río. Caso tres: Ómar Márquez fue sacado a la fuerza de la casa de su madre. Se lo llevaron en un taxi. “Hasta hoy no hemos sabido de él”, denunció su esposa. Como tampoco se supo más de Sierra, de Navarro o de Alean.

Afirmar que los paramilitares usaron el grave delito de la desaparición forzada como táctica de guerra parece hoy una obviedad. Sin embargo, una cosa es expresarlo en espacios académicos o en cafetines políticos, y otra es querer dejar una constancia para la historia a través de la justicia, un exigente reto al que se le quiere medir la Fiscalía. En agosto próximo, ante todos los tribunales de Justicia y Paz del país, el organismo presentará las imputaciones que lleva preparando más de un año en contra de cuatro bloques paramilitares, escogidos por su relevancia. Uno de ellos es el Bloque Central Bolívar (BCB), el cual, precisamente, fue de los que más recurrieron a las desapariciones para su expansión militar.

El Espectador conoció el informe que, en referencia con la desaparición forzada, la Unidad de Justicia y Paz va a presentar sobre el BCB, creado y comandado por Carlos Mario Jiménez, alias Macaco (hoy extraditado en Estados Unidos); Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez, y Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar. Una de las razones para escoger este bloque por encima de otros fue su alcance: existió sólo durante seis años, pero llegó a hacer presencia en 15 departamentos, incluidos Antioquia, los Santanderes, Cundinamarca, Meta, Putumayo, Chocó, Risaralda, Bolívar y Vichada. En otras palabras, era el bloque que operaba en el país de punta a punta.

“La práctica de la desaparición forzada tiene como objeto la absoluta impunidad y el crimen perfecto. No hay víctimas, por ende no hay victimario ni delito”, resalta la Fiscalía en su reporte, no sin antes agregar: “La desaparición forzada de personas es considerada como una de las violaciones de los derechos humanos más terribles de la historia”. El organismo investigativo admite, además, que en Colombia este delito empezó a hacerse evidente en la época de los 70, “cuando las víctimas eran activistas de asociaciones no gubernamentales, personas de partidos políticos contrarios al poder y personas acusadas de pertenecer a la guerrilla”.

El propósito de la Fiscalía es demostrar judicialmente cómo los paramilitares hicieron de la desaparición forzada un “patrón”: una práctica constante, con identidad propia y de naturaleza organizada. Para el caso del Bloque Central Bolívar, la entidad tomó una muestra de 307 víctimas, a través de las cuales llegó a varias conclusiones. La primera: que la causa “relación con el grupo enemigo” fue, sin lugar a dudas, la primera para ponerle una cruz encima a cualquier persona. Lo triste es que, tal como lo han admitido exparamilitares, fueron redadas salvajes y sin fundamentos. “Murieron más inocentes que culpables, pero así es la guerra”, dijo, por ejemplo, el exjefe paramilitar Hébert Veloza, alias H.H.

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Caso cuatro: una estudiante de una universidad en Ipiales, novia de un patrullero de las autodefensas, aseguró que un profesor suyo realizaba labores ideológicas y de adoctrinamiento para las Farc. De él no se supo más nada. Caso cinco: Frank Denisson Castrillón se dedicaba, supuestamente, a la venta de alucinógenos. El 7 de diciembre de 2003, a las 10:30 de la noche, lo retuvieron, se lo llevaron en una moto, lo asesinaron con un arma blanca y lo arrojaron al río Magdalena. Caso seis: Carlos Pizarro Prada fue retenido en Florencia, trasladado a una finca, interrogado, torturado, asesinado, desmembrado e inhumado por los paramilitares, ante quienes se había denunciado que Pizarro Prada se había robado un dinero.

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No sólo los presuntos vínculos con el grupo enemigo eran una motivación para que los paramilitares desaparecieran personas. Según el estudio de la Fiscalía, el control social, del territorio y de los recursos era otra razón para cometer este grave delito, así como el desacato a las reglas que establecía este grupo ilegal. Con ese antecedente se entiende por qué, en el 74% de los casos, los paramilitares del BCB recurrieron a la fuerza para ejecutar las desapariciones. “Se evidencia claramente el cumplimiento de las políticas direccionadas para lograr el dominio que pretendía este bloque en la(s) zonas(s)”, advierte el organismo. Con base en los casos estudiados, sólo el 12% de las víctimas fueron engañadas para ser luego desaparecidas.

Así como el uso de la fuerza era fundamental, también lo era la utilización de armas de fuego: de esa manera se procedió en el 84% de los casos. Según le explicó Arnolfo Santamaría, alias Pipa, a un magistrado de Justicia y Paz, “todos los integrantes del bloque (Central Bolívar) que participaran en este operativo (de desapariciones) utilizaban uniformes de uso privativo de las Fuerzas Armadas y llevaban fusiles AK 47, ametralladoras PKM y estándar, granadas de mano y MGL, pistolas 9 mm y armas cortas”. Por ello, en el universo de casos analizados, apenas en el 2% se encontró que las víctimas murieron con armas contundentes (como un garrote) y en el 3%, con armas blancas (como un puñal).

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Caso siete: un desmovilizado del bloque Libertadores del Sur narró cómo miembros del Ejército les entregaron a las autodefensas a dos jóvenes, quienes fueron conducidos hacia un punto del río Guaitara (Nariño) donde fueron ejecutados y sus cuerpos arrojados a las aguas. Caso ocho: José Guillermo Pai Guanga salió de su finca en Caicedonia (Valle) y nunca regresó. “En esa época ellos (las Auc) cogían a la gente que salía del campo al pueblo y eran desconocidos”, le contó a la justicia un hermano de la víctima. Anotación: “La desaparición era una política (...) era como una medida para no calentar la zona y que las Fuerzas Militares se dieran cuenta y viniera un operativo contra nosotros”, relató el desmovilizado Arturo Torres Pineda.

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El defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, aplaude este intento de la Fiscalía por comprobar en estrados judiciales que la desaparición forzada fue una estrategia sistemática de guerra. “Es una construcción teórica muy interesante”, señala Otálora. De acuerdo con el alto funcionario, “no es descabellado pensar que las desapariciones eran política de las autodefensas”. Agregó que es un buen momento para “retomar un delito que, si bien figura en el Código Penal, en la práctica es muy difícil de demostrar”. Otálora es, además, el presidente de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, instaurada en 2000 para enfrentar un drama que en Colombia, según esa misma comisión, ya sobrepasó las 60 mil víctimas.

Sin embargo, no todo el mundo está contento con esta misión de la Fiscalía. Gloria Gómez, presidenta de Asfaddes (Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos), asevera que “la estrategia paramilitar de la desaparición forzada nace del Estado”, que las autodefensas “no actuaron solas” y que lo que se busca es “eximir al Estado de toda responsabilidad, porque siempre ha habido complicidad”. Gómez manifiesta que en la Ley de Justicia y Paz no se sancionan los delitos en proporción a su gravedad y que lo que hace hoy la Fiscalía “no es nada nuevo, porque lo que se quiere es desvirtuar los hechos”. Según Gómez, la verdad la hacen y la tienen solamente las víctimas. Y, por eso, este trabajo del organismo investigativo “no es ningún progreso”.

La Fiscalía, sin embargo, considera que en el marco de la barbarie paramilitar es clave que la desaparición forzada sea entendida como un crimen de lesa humanidad que debe ser priorizado ante los ojos de la justicia, así como el desplazamiento forzado, el reclutamiento de menores y la violencia de género. Por esa razón, en agosto se conocerán imputaciones masivas en contra de los bloques paramilitares centradas particularmente en esos delitos. Ese capítulo lo encabezará la facción paramilitar más grande que surgió en el país: el Bloque Central Bolívar, ese que se alejó de los lineamientos de Carlos Castaño y que buscaba divulgar “una propuesta nacional sobre un nuevo modelo de Estado y sociedad”.

La historia del Bloque Central Bolívar

Según la información recabada por la Fiscalía, el Bloque Central Bolívar (BCB) surgió a raíz de las protestas y los bloqueos que empezaron en el sur de Bolívar en 1999, luego de que el entonces presidente Andrés Pastrana anunciara que esa región se despejaría militarmente con el fin de entablar conversaciones con el Eln.

Primero se intentó conformar el Bloque Central Colombiano, cuyo gestor era Carlos Castaño. El proyecto, sin embargo, se fue a pique y en 2000 el estado mayor de las Auc ordenó fusionar en un solo bloque todos los frentes que comandaban Rodrigo Pérez Alzate (Julián Bolívar) y Carlos Mario Jiménez Naranjo (Macaco).

Luego aparecería Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez, en el escenario, delegado para hacer el trabajo político del bloque. Al final, el BCB se alejó por completo de las Auc por “serias discrepancias” con Carlos Castaño. El BCB se mantuvo vigente entre 2000 y 2006, cuando entregó las armas.

Diana Carolina Durán Núñez
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