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La Policía de Colombia, con ayuda de la Policía General de Brasil, logró dar un importante golpe a la criminalidad organizada de la región Caribe del país: fue capturado alias Marquitos Figueroa, el principal capo de la mafia del departamento de La Guajira.
Aunque la noticia es alentadora, en tanto representa un importante golpe contra las organizaciones que controlan el narcotráfico y el contrabando en esta región del país y habla de la capacidad de coordinación de la Policía colombiana para realizar importantes operativos con la ayuda de las fuerzas estatales de países vecinos, son necesarias medidas adicionales para garantizar el éxito de la acción estatal contra el crimen organizado de la región.
Como lo demuestra la larga historia de capturas de grandes capos y jefes criminales en el país, la ausencia de una estrategia estatal efectiva para desmantelar las estructuras criminales y violentas que lideran estos “peces gordos” del crimen organizado, luego de su captura, puede conducir a tres escenarios:
En primer lugar, se puede incrementar notablemente la violencia mafiosa en la región, debido a la emergencia de disputas internas entre mandos medios que buscarían controlar la organización tras la caída de su máximo jefe. Es previsible que, en esa circunstancia, se observen unos niveles mayores de violencia por parte de grupos sicariales y criminales, no sólo contra reconocidos integrantes de estas organizaciones criminales, sino también contra civiles señalados de cooperar con alguno de los bandos inmersos en la disputa por el control de las rentas ilegales.
En segundo lugar, se puede abrir un escenario muy similar al que actualmente se observa en el nordeste antioqueño y el departamento de Córdoba. La organización criminal, aún más cohesionada, aumenta la violencia contra los funcionarios estatales, principalmente contra miembros de la Policía o de las Fuerzas Militares, así como contra políticos y mandatarios locales abiertamente en oposición a las acciones del grupo, como una forma de retaliación contra la captura de su líder. Otros tipos de acciones, como “paros armados” o restricciones a la movilidad, no serían una sorpresa en dicho escenario.
Finalmente, puede que la captura de Marquitos Figueroa conduzca a un escenario de aparente calma, en el que se reduzcan los niveles de violencia ejercidos por su grupo mientras se da un proceso silencioso de renovación en el mando del aparato criminal. Incluso el recién capturado podría seguir liderando la organización bajo la sombra desde la cárcel o a través de algún subalterno de confianza. Entonces la captura no significaría nada más que una taquillera operación estatal.
En todo caso, una política de lucha contra la criminalidad organizada que pretenda ser efectiva debe considerar medidas adicionales a la captura de los máximos líderes de las estructuras criminales, acciones que, por supuesto, son aplaudidas por la opinión pública y la ciudadanía. Por lo tanto, en el corto plazo, la reducción de la violencia y la influencia criminal en el departamento de La Guajira dependerá de las medidas que de aquí en adelante tomen el gobierno local y el nacional. La captura de Marquitos Figueroa es sólo el primer.