El primer hecho que tuvo en cuenta la Procuraduría para abrir una investigación formal en contra del general Rodolfo Palomino fue la columna que Daniel Coronell publicó en la revista Semana el 5 de diciembre de 2015. Coronell contó que la directora de La FM, Vicky Dávila, era víctima de una supuesta persecución por parte de miembros de la Policía, tras destapar en su programa de radio la existencia de una supuesta red de prostitución dentro de esa institución conocida como “la comunidad del anillo”
Once días después de la publicación de Coronell, el 11 de diciembre de 2011, la Procuraduría decidió abrir una investigación preliminar con el fin de descubrir a los posibles autores de los hechos denunciados en la columna de opinión. Después, a un correo electrónico de la Procuraduría llegó un mensaje del capitán (r) John Marín Larrahondo, quien aseguraba tener las pruebas para demostrar que el general Palomino le compró en 2006 unos predios en Fusagasugá, a un precio mucho menor que el del mercado, al coronel (r) Gerson Castellanos, el oficial que según las denuncias de La FM fue el “cerebro” de “la comunidad del anillo”.
Además de textos periodístico y la denuncia del oficial retirado, la Procuraduría en su investigación preliminar recibió el testimonio de Vicky Dávila el 18 de enero de 2016 y escuchó las declaraciones del capitán Ányelo Palacios, oficial que se ha reportado como víctima de la red de prostitución.
El capitán además habló de la participación de congresistas en la supuesta red, como el exsenador y hasta hoy viceministro del Interior, Carlos Ferro. La Procuraduría también visitó las instalaciones de la Dirección de la Policía para conocer las investigaciones internas que se estuvieran adelantando en la Inspección General; ordenó el envío de certificaciones de tradición y libertad de los inmuebles del general Palomino; y le pidió a la Fiscalía todas las pruebas y testimonios que tuvieran sobre la participación del general en los hechos denunciados.
El último insumo que estudió la Procuraduría antes del anuncio que hizo esta mañana fue el informe de la organización británica Privacy International que el portal las Dos Orillas publicó el 2 de febrero pasado, en el que se detalla cómo la Policía Nacional tiene la infraestructura tecnológica para interceptar a cualquier persona, incluidos por supuesto los periodistas. Esa misma denuncia ya la había hecho este diario en agosto de 2015 (Vea aquí el artículo). El organismo de control también pidió la copia original del informe de la firma británica Privacy International
“Los hechos acabados de exponer resumidamente (incremento patrimonial del general Palomino, interceptaciones ilegales y red de prostitución) podrían guardar entre sí una conexidad en tanto que, la compra a bajo precio de unos inmuebles por parte del director de la institución policial al oficial subalterno implicado en las acusaciones de protagonismo en una red de prostitución masculina, en la oficialidad de la institución mencionada, serían los hechos que pretenden ocultar a la opinión pública quienes han llevado a cabo los actos de persecución e interceptación de las comunicaciones personales de los periodistas interesados en el caso”, dijo la Procuraduría en el documento de siete páginas en el que ordenó la investigación formal en contra del general Palomino.
Junto a la orden de la investigación, el Ministerio Público pidió que se practique un estudio al patrimonio que el general Palomino pudo adquirir entre 2004 y 2015. Además, llamó a declarar a Reinaldo Gómez, coronel que presentó una denuncia alegando persecución interna de la Policía y cuestionando si esa presunta persecución tenía que ver con el hecho de que, varios años atrás, había rechazado las pretensiones amorosas del hoy director de la Policía.
Gómez fue citado para, en caso de que la tenga, entregue información sobre “la comunidad del anillo”. Asimismo, la Procuraduría le insistió a la Fiscalía para que le envíe todos los elementos probatorios y evidencia sobre las denuncias contra el general Palomino, volvió a pedir las certificaciones de tradición y libertad de los inmuebles y el valor del último salario del general Palomino y le envió copias de todas sus acciones a la Fiscalía General, que también lleva una investigación por las supuestas “chuzadas” contra periodistas en las que se habrían involucrado integrantes de la Policía y por la presunta red de prostitución en esa misma entidad.