Antes
El reloj indica que son las 10:30 de la mañana del 6 de noviembre de 2015. Bajo las carpas que protegen a todos los presentes de una lluvia que tiene ganas de aparecer pronto, 18 músicos de la Orquesta Filarmónica Juvenil de Cámara se alistan para musicalizar éste, el acto en el que por primera vez un presidente de la República pedirá perdón por las desapariciones y las torturas del Palacio de Justicia. “Para nosotros es la esperanza de que el Estado finalmente reconozca. Lo importante es que aquí se haga un acto de contrición”, dice Ana María Bidegaín mientras los músicos, todos vestidos de negro, afinan sus violines y violonchelos. “Siento… qué te voy a decir… nerviosismo, expectativa sobre todo. Esperar a ver el discurso del presidente”.
Ana María Bidegaín es la viuda del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán y durante 22 años sólo tuvo una versión: que su marido había muerto durante la guerra de 28 horas que se vivió en el Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985. Guerrilla, Ejército, balas, tanques, rockets, incendio, más de un centenar de muertos: fue la guerra. Ella y tres de sus cuatro hijas, Helena, Maireé y Xiomara –Anahí vive en Colombia–, viajaron de Estados Unidos a Bogotá para estar aquí, en la plazoleta del Palacio de Justicia, con tiquetes pagados por la Presidencia, y escuchar que les mintieron, que Carlos Horacio Urán sí salió con vida del Palacio, que quedó bajo custodia militar, que fue ejecutado con un tiro de gracia –¿qué gracia puede haber en recibir un disparo a menos de un metro de distancia?– y que el Estado les pide perdón.
El espacio que preparó la Corte Suprema de Justicia para el esperado evento se sigue llenando. Entre los presentes, con un smoking negro y un corbatín azul oscuro, anda Eduardo Matson. Sólo a última hora aceptó venir a este acto “no de contrición, sino de imposición de una sentencia judicial”. A él el presidente Santos también le va a pedir perdón porque, una vez salió del Palacio, fue llevado a una unidad militar bajo la etiqueta de “especial”. Le pegaron puños y patadas en el estómago y los testículos mientras le aseguraban que iba a morir. “Aquí nadie puede sentir lo que yo sentí o estoy sintiendo. Nadie, nadie. Yo fui víctima y eso marcó mi vida, la fracturó. Pero esto fue obra del M-19, el gran responsable de todo el insuceso. Yo les echo la culpa a la guerrilla por eso, y a los militares, por las torturas que yo sufrí”.
A Amelia Mantilla, la viuda del magistrado auxiliar Emiro Sandoval, y a su hija Alexandra Sandoval Mantilla, nadie les va a pedir perdón hoy; el fallo de noviembre de 2014 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no las incluía. Era imposible: Emiro Sandoval nunca estuvo en la lista de desaparecidos y sólo hasta junio pasado la Fiscalía empezó a indagar quién yace en su tumba. “Este acto es muy doloroso. –dice Amelia Mantilla–. Pero ojalá todo el mundo sepa qué fue realmente lo que pasó, queremos que se sepa la verdad. Yo viví esa tragedia, y uno nunca logra comprender cómo los seres humanos pueden llegar a tales extremos, a no tener ningún interés en respetar la vida. Esto al menos es un reconocimiento, eso ya es importante”.
“Que si hemos perdonado al M-19, me preguntas. El tema no es si los perdonamos o no. Se trata de que ellos conocen muchas cosas de la verdad que nosotros queremos. Es bueno que ya hablen. Son 30 años. ¡Ya no más! Que hablen, que nos digan. Ese es el verdadero perdón”.
Son las 10:57. El senador y excomandante del M-19 Antonio Navarro Wolff entra a la plazoleta y le pide a una cámara que no lo grabe. Saluda a un par de abogados de víctimas del Palacio y va a hacia las primeras filas, a ese espacio que designaron para algunas víctimas del Palacio –para aquellas a quienes les pedirán perdón hoy–, ministros, magistrados, delegados de embajadas, vicepresidente y presidente. Hacia las 11, la presentadora nos pide a todos que nos pongamos de pie: ha llegado el presidente de la República.
Durante
Después del himno nacional, algunos sin sentidos: Eduardo Matson está solo porque a su hija no le permitieron ingresar; los familiares de Ana Rosa Castiblanco no tienen dónde sentarse a escuchar que el presidente les pida perdón porque de los restos de esta trabajadora de la cafetería no se supo nada en 16 años; una funcionaria le pide a la familia del magistrado inmolado Fabio Calderón los puestos que guardaban para los suyos, para entregárselos a algún ministro, o magistrado, o representante de embajada. La Filarmónica da una hermosa serenata, pero quien organizó la tarima no tuvo en cuenta que los músicos y sus atriles taparían la pantalla gigante que mostraba a las víctimas por las que hoy el presidente está pidiendo perdón.
Es casi mediodía y es el turno para que hablen las familias de los desaparecidos. El primero es Héctor Beltrán, septuagenario, padre de un hijo desaparecido que lleva su mismo nombre. Acepta el reconocimiento público de responsabilidades por parte del Estado, pero habla del “sufrimiento que causa que quienes tenían la obligación de protegerlos, los desaparecieran”. Francisco Lanao, esposo de Gloria Anzola, recuerda el trabajo del abogado Eduardo Umaña (asesinado en abril de 1998) por los desaparecidos y sus familias. Camilo Umaña se voltea a su izquierda y le da un suave beso en la cabeza a su madre, Patricia Hernández, la viuda de Eduardo Umaña. Alejandra Rodríguez da un sentido discurso. Algunos la aplauden de pie.
A Alejandra Rodríguez la suceden las hermanas Anahí, Helena, Xiomara y Maireé Urán. La vocería la tiene la última. Hablan del largo y tortuoso camino que han recorrido para llegar a este punto, en el que el Estado tiene que asumir la responsabilidad por el asesinato de su padre, Carlos Horacio Urán. “Al matarlo no sólo acabaron con su vida, acabaron con el respeto que debe haber en toda sociedad por uno de los estamentos más importantes de un estado democrático de derecho: el Poder Judicial (...) Queremos la verdad como elemento esencial de la reconciliación nacional y la reconstitución del tejido social y así la reconstitución de muchas familias como las nuestras (...) la paz será duradera si existe verdad”.
Después de las hermanas Urán, Orlando Quijano. A él también le pedirá perdón hoy el presidente Juan Manuel Santos porque Quijano, como Eduardo Matson, fue torturado al salir del Palacio. “Sólo esperábamos La Parca, al tiempo que presenciábamos un holocausto. Centenas murieron, una docena de hombres y mujeres fueron desaparecidos, y algunos torturados. Y el grito de cese al fuego del presidente de la Corte fue ahogado por el ruido de las balas, y los alaridos de gol, goool de los fanáticos del balompié”, exclama Orlando Quijano, quien concluye: “El veredicto lo dará la historia, porque la justicia colombiana no pudo dar plena luz a este doloroso asunto”.
Hablan dos presidentes de cortes: el magistrado Luis Rafael Vergara, del Consejo de Estado, quien ni siquiera saludó a las víctimas antes de comenzar a hablar, sólo a los delegados del Gobierno Nacional. Le siguió el magistrado José Leonidas Bustos, de la Corte Suprema. Cuesta imaginarse que todas estas personas hablan en el mismo lugar que, hace 30 años exactamente, era el escenario de una batalla sin tregua.
Después
El discurso del presidente Santos coincide con el inicio del aguacero. En el fondo, otro sin sentido: la ceremonia es interrumpida por gritos a todo pulmón de unos cuantos simpatizantes del M-19 que a duras penas se entienden desde la plazoleta del Palacio. Santos cumple: dice exactamente lo que la Corte Interamericana le ordenó que dijera. Es un pequeño detalle, una palabrita que sólo algunas víctimas notaron, lo que terminó por empañar el momento: “Si hubo fallas en la conducta y procedimientos de los agentes del Estado, así debe reconocerse”, dijo Santos. “Si”, en condicional. “Lo que dijo del Ejército fue muy débil. El militarismo es demasiado fuerte aquí, aun para el presidente. Las chicas no se sienten satisfechas”, dice Ana María Bidegaín. “Por mi parte, aquí se cerró el capítulo del Palacio de Justicia para mí”, dice Eduardo Matson.
Alguien en el micrófono les pide a los presentes que por favor tomen asientos, que hay una misa programada a punto de empezar. La sala que habían dispuesto para los familiares de las víctimas del holocausto del Palacio de Justicia se sigue vaciando de a pocos. Al lado, en la sala que habían dispuesto para la prensa, ya no hay prensa: hay filas de militares que visten sus trajes de gala. Vienen para la eucaristía que está a punto de empezar. A conmemorar los muertos que la Fuerza Pública también puso ese 6 y 7 de noviembre de 1985.
Basta con conocer el caso del Palacio de Justicia para saber que, para las víctimas, este acto no es final de nada. Ese final vendrá cuando reciban lo que llevan pidiendo 30 años, que es justo lo que más les han negado: verdad. La verdad.
* * *
El Palacio recuerda a sus magistrados
“Necesitamos urgentemente que cese el fuego por parte de las autoridades. Estamos rodeados del M-19. Divulgue eso inmediatamente, es de vida o muerte”, le dijo Alfonso Reyes Echandía, presidente de la Corte Suprema de Justicia, a la Cadena Todelar ese 6 de noviembre.
El nuevo Palacio de Justicia, inaugurado en 2004 y cuyo costo fue de $63 mil millones, lleva su nombre como una manera de recordarlo. En su interior alberga por estos días un crucifijo con el costado carbonizado que sobrevivió a aquellas 28 horas de terror. Una placa conmemorativa a la entrada del Palacio muestra, además del de Reyes Echandía, los nombres de los demás magistrados muertos en el holocausto: Fabio Calderón, Pedro Elías Serrano, Darío Velásquez, José Eduardo Gnecco Correa, Ricardo Medina Moyano, Alfonso Patiño Roselli, Carlos Medellín Forero, Fanny González Franco, Dante Luis Fiorillo Porras, Manuel Gaona Cruz y Horacio Montoya Gil.