Detalles del fallo de la Corte Constitucional que anuló zonas de reserva minera

El alto tribunal falló a favor de 15 consejos comunitarios campesinos quienes pedían que se anularan dos resoluciones del 2012 que establecieron zonas de reserva minera en 20 departamentos. Según los colectivos rurales, no se respetó el derecho a la consulta previa.

Una vez más, la Corte Constitucional le pone un tatequieto al desarrollo mineroenergético del país. En una reciente sentencia de la sala de revisión se anularon dos resoluciones de 2012 con las que establecieron varias zonas de reserva minera en 20 departamentos del país. La medida se tomó luego de que 15 consejos comunitarios campesinos interpusieran una tutela alegando que no se les estaba respetando su derecho a la consulta previa.

La Corte estudió el proceso que ya había pasado por los despachos del Consejo de Estado. En diciembre de 2013, los consejeros negaron las pretensiones de las comunidades porque, argumentaron, el Plan de Desarrollo les permitía a las propias autoridades mineras, delimitar las zonas de exploración. “Considera esta sala que el Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional minera vulneraron los derechos fundamentales a la consulta previa, al territorio, a la diversidad étnica y a la participación ciudadana de las comunidades demandantes”, dice la sentencia.

La medida tomada por la Corte se refiera a las áreas de reserva minera que ya habían sido delimitadas en municipios de Nariño, Putumayo, Cauca, Huila, Tolima, Valle del Cauca, Quindío, Risaralda, Caldas, Antioquia, La Guajira, Cesar, Bolívar, Santander, Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés, Vichada y Chocó. Si bien la tutela que revisó la Corte se refiere únicamente a estas zonas, el alto tribunal es claro en advertir que la protección que se hace con esta sentencia “no puede irradiar solamente a las comunidades que instauraron la acción de tutela, sino sobre todo el universo de comunidades indígenas y afrodescendientes que resultaron afectadas por la declaratoria y delimitación de sus territorios como áreas estratégicas mineras.

Desde el ejecutivo, los ministerios de Minas y del Interior afirmaron que el proceso de delimitación se hizo bajo los principios de utilidad para el país y guardando el interés social de la industria minera colombiana. Sin embargo, los demandantes aseguraron que dicha tarea se realizó sobre territorios ancestrales de las comunidades indígenas y afrodescendientes. El magistrado ponente, Gabriel Mendoza, le advirtió al Ministerio del Interior, el de Minas y Energía y a la Agencia Nacional de Minería que deberán agotar el procedimiento de consulta previa siempre que quieras desarrollar un proyecto mineroenergético.