Este miércoles durante la audiencia de imputación de cargos al arquitecto Carlos Alberto Ruiz Arango -responsable de otorgar las licencias para la construcción del complejo residencial Space- fue cobijado con medida de aseguramiento con beneficio de detención domiciliaria.
La decisión la tomó la juez 42 Penal Municipal con funciones de Control de Garantías quien dictó en primera instancia medida cautelar de aseguramiento por el delito de peculado por omisión en el caso del desplome del edificio Space, en el barrio El Poblado de la ciudad de Medellín.
Según el ente investigador, Ruiz entregó las licencias para las etapas 4, 5, 6 A y 6 B en el año 2007, que también presentas fallas estructurales. Para la Fiscalía General es evidente que se presentó un alto grado de improvisación a la hora de realizar dicho proyecto “irregularidades en el diseño y la construcción, especialmente en las vigas, columnas y muros en los que se encontraron más de mil irregularidades”.
El argumento para solicitar la medida en contra de Ruiz Arango, según la Fiscalía, es que su despacho también tuvo a su cargo el trámite de las licencias de los otros proyectos de las empresas del grupo CDO que han sido evacuados por deficiencias estructurales.
En estos momentos la defensa de Ruiz y la Procuraduría presentan un recurso de apelación de la medida para que el curador no este recluido mientras se estudia su caso.
En la audiencia que inició el martes, la Fiscalía imputó cargos por el delito de homicidio culposo en contra del ingeniero civil Pablo Villegas Mesa, representante legal de la firma Lérida CDO constructora del Edificio Space; Jorge de Jesús Aristizábal Ochoa, ingeniero calculista y María Cecilia Posada Grisales, auxiliar residente de la citada empresa.
En la audiencia de imputación la Fiscal 80 Seccional de Medellín destacó que durante la construcción de la obra siniestrada el 12 de octubre de 2013 y que dejó 12 persona muertas, se violaron varias normas de sismo resistencia y se subestimó el peligro de desplome por fallas en la estructura. La Fiscalía señaló que desde octubre del año 2012 se detectaron serios problemas de fondo que no fueron corregidos de manera temprana.