Las deudas de la desmovilización en Córdoba

Autoridades reconocen que desmovilizados dispararon las cifras de homicidios, que faltó brindarles seguridad jurídica y física y que su aporte a la verdad y justicia es mínimo. Un llamado desde la Iglesia a la reconciliación.

Constanza Bruno Solera
09 de diciembre de 2015 - 02:00 a. m.
Reinsertados salen de la Ceja. / Cortesía
Reinsertados salen de la Ceja. / Cortesía

Uno de los temas espinosos para tratar en Córdoba es la relación entre el alto número de desmovilizados y el incremento en las cifras de criminalidad. Se cree que en los municipios que recibieron más excombatientes, los dos fenómenos estuvieron íntimamente ligados tras las desmovilizaciones colectivas desde 2006.
Las cifras entregadas por la policía muestran que, desde el 2007 hasta la fecha, los municipios con mayor número de muertes violentas son en su orden Montería con 837; Montelíbano con 369; Tierralta con 345; Puerto Libertador con 202; Lorica con 200 y Cereté con 136. Los mismos que, según las cifras de la ACR, recibieron el mayor número de desmovilizados.

El comandante de la Policía de Córdoba, coronel Carlos Vargas, sostuvo que esa relación entre ex paramilitares y bandas criminales se dio porque muchos ex combatientes que no se vincularon al proceso se dedicaron a cometer crímenes.

De acuerdo con las estadísticas de la Policía Departamental y Metropolitana, la criminalidad en Córdoba tuvo una tendencia al alza desde 2007 cuando se registraron 291 homicidios; en 2008 se incrementó a 444 muertes; en 2009 subió a 507; en 2010 se disparó a 558, el pico más alto. Las cifras empezaron a bajar en 2011 y en lo que va corrido de este año se han registrado 130 asesinatos.

Pese a la disminución de los homicidios, las bandas criminales siguen siendo de especial atención para las autoridades. “El Clan Úsuga gravita en manifestaciones delincuenciales como la extorsión, la minería criminal, el narcotráfico, homicidios, por eso esta banda es nuestra prioridad”, sostuvo el Coronel.

¿Dónde están los que faltan?


En este balance de los 10 años del proceso de desmovilización hay una pregunta que sigue sin respuesta: ¿dónde están los 250 desmovilizados que nunca ingresaron al proceso de reintegración? Según la norma, aún pueden integrarse, pero por no haberse presentado oportunamente perdieron el acceso a los beneficios económicos.

Según la ACR, de las 2.926 personas que ingresaron a la ruta de reintegración, el 48.5% de ellos no está en el proceso. Una buena parte de ellos, casi el 30%, porque ya culminó la ruta. Un total de 266, correspondiente al 11,7% fallecieron, la mayoría asesinados, y un 8% perdió los beneficios por incumplimiento.
La mayoría de los desmovilizados asesinados entre 2007 y 2009, fueron reclutados por las bandas criminales. Córdoba es el segundo departamento, después de Antioquia, con el mayor número de excombatientes condenados por delitos que cometieron después de que dejaron las armas, alrededor de 340, que perdieron los beneficios.

¿Verdad, justicia y reparación?

Desde el año 2013, el Centro Nacional de Memoria Histórica, CNMH, instaló una sede en Montería y otra en Tierralta donde ha recibido los relatos de los desmovilizados, que servirán para realizar informes sobre el origen y la actuación del paramilitarismo en Córdoba y regiones aledañas, con el fin de dar cumplimiento a la Ley 1424.

Esta norma, que después de varios años de vacío jurídico, les dio la opción de quedar a paz y salvo con la justicia, prevé que los excombatientes que cumplan ciertos requisitos, y que aporten a la verdad, podrán obtener el beneficio de la suspensión de las órdenes de captura o la ejecución de la pena.

Álvaro Villarraga, director de Acuerdos de la Verdad de esa entidad, advirtió que ha sido un ejercicio difícil porque los desmovilizados se trasladan constantemente, están en contexto de riesgo y tienen muchos temores y desconfianza hacia el Estado. Pero señaló que gracias a la ACR han logrado contactar a miles de ellos. “Algunos concurren con prontitud y dan contribuciones de valía; otros no lo hacen, hay aportes hacia el esclarecimiento, pero también hay silencios”, concluyó.
Villarraga no se atreve a hacer un balance de este ejercicio, porque en Córdoba, Antioquia, Cesar y Magdalena, se necesitan al menos otros dos años de trabajo para atender a cerca de 14.000 personas. Además, considera necesario un debate nacional en torno a la ley de Justicia y Paz. “Desde el gobierno nacional y los organismos internacionales se ha señalado como un fracaso; los reportes oficiales dicen que los esfuerzos hacia la reparación han sido mínimos”, aceptó.

En su análisis sobre este proceso de contribuciones, la OEA hizo un llamado de atención por las consecuencias de la sentencia condenatoria en la reintegración de los desmovilizados. “Aunque se exonera de la pena, la condena supone una dificultad para la reintegración económica, porque los desmovilizados tendrán antecedentes penales y, por tanto, serias dificultades para encontrar trabajo. Adicionalmente, esta sentencia puede llevar penas accesorias como multas económicas que la mayoría de los desmovilizados no pueden pagar”, señala.

El abogado Víctor Iriarte Silva, adscrito al área de desmovilizados de la Defensoría del Pueblo en Córdoba, ofrece una alternativa: “Presentar ante el Congreso un proyecto de ley que permita eliminar este antecedente de la base de datos de la Policía, pero que quede simbólico en el Centro de Memoria Histórica”.

Aportes a la reconciliación

El padre Carlos Machado, párroco de la Iglesia Divino Niño, en el barrio Cantaclaro, de Montería, uno de los sectores que alberga un alta población de desmovilizados y desplazados, rescata las escuelas de reconciliación y perdón, como herramienta principal para el reencuentro de víctimas y victimarios. Considera que deberían replicarse en nuevas desmovilizaciones.

“Tuve esta experiencia con un grupo de 50 participantes y entendí que todos tienen derecho a otra oportunidad en la vida, a reparar sus errores, a pedir y recibir perdón. ¿Qué vamos a hacer con los soldados del Ejército, con los soldados paramilitares o soldados guerrilleros que vienen de la guerra y que han manejado durante años un grado de estrés por el miedo a la muerte?”, inquirió el padre.

Según el sacerdote, los cordobeses no están preparados para recibir a los combatientes de las Farc que se desmovilicen. “Ni siquiera el país lo está. La mesa de diálogos no significa organizar comunidades, no solo es traer recursos, se requiere un trabajo persona a persona, un acompañamiento, y aunque han querido que la Iglesia esté al margen de los procesos de paz, tiene mucho que dar en la etapa de reinserción”, sostuvo el prelado.

De acuerdo con el párroco, una de las desventajas que tiene el proceso de las AUC es la institucionalidad que adelanta acciones valiosas, pero a la que le falta corazón. “La paz necesita vida, un ente que la sienta, la quiera, no es una tarea del Presidente, tampoco de los que están en la mesa de diálogos; la paz solo se puede dar cuando ha habido un proceso de perdón, reconciliación y reparación”, manifestó.

La voz de las víctimas


Para Álvaro Álvarez Hernández, presidente de la Mesa de Víctimas en Córdoba, inicialmente el proceso fue positivo porque se entregaron 16 mil armas que dejaron de asesinar y, por lo menos, bajó un poco la criminalidad.

“La reintegración a la vida civil fue exitosa para unos y para otros no. A algunos los asesinaron y otros, al ver que no les cumplían, volvieron a delinquir y hoy hacen parte de las llamadas Bacrim. No les cumplieron con la promesa de que tendrían una vida digna y sostenible, y a algunos no se les cerraron los procesos con la justicia a pesar de que venían cumpliendo con las actividades que exige la ruta de reintegración. Ahora nos tocará convivir víctimas de las AUC y de las Farc revueltos con victimarios de ambos grupos”, relata Álvarez.

El representante de las víctimas en Córdoba piensa que no ha habido justicia, verdad y reparación porque aún hay casos en la impunidad. “No ha habido verdad, los actores no han dicho qué ha pasado con los desaparecidos y no se ha dado una reparación digna, en otros casos se está dando pero a paso muy lento”.

Álvarez Hernández considera que las víctimas no están preparadas para la reinserción de las Farc, aunque se vienen capacitando a través de foros y espacios. “Este proceso no va a ser igual que el de las AUC. De hecho en Tierralta se espera que lleguen 1.500 desmovilizados de la guerrilla, porque el nudo del Paramillo recoge parte de Antioquia, Montelíbano, Puerto Libertador y Tierralta. Será un beneficio para el país, pero no para este municipio pobre, no es fácil asimilarlo”, reclama.

Las verdades de los desmovilizados 


Antonio Triana Pérez, 32 años

“El proceso me ha parecido bueno, lo inicié en junio de 2005 porque todo el grupo lo hizo, aunque no lo entendíamos. Luego de la desmovilización tuve la oportunidad de reunirme con mi familia porque cuando me fui a integrar al grupo la relación con mis padres no era buena.

Me han dado oportunidades de estudiar, he tenido las puertas abiertas en el Sena, aunque no he podido por mi dificultad (fue víctima de un atentado que lo dejó ciego), pero la meta este año es hacerlo en mercadeo y ventas para tener mi propio negocio y no depender de nadie. Somos seres humanos y nadie sabe por qué estuvimos allá y por qué nuestros hermanos están en la guerrilla. Muchos los juzgan y les dicen terroristas, pero creo que ellos merecen una oportunidad. Yo he escuchado que si los guerrilleros se desmovilizan les piensan dar un terreno para que lo trabajen cultivando, me parece bueno y deberían luchar para que se cumpla.

Les diría a los alcaldes, principalmente al de Montería, que no nos den la espalda, ni a nosotros ni a los que vienen, que en vez de criticarnos nos den la mano. Que a Colombia no se le olvide, si se da el acuerdo con las Farc, que ellos son hijos, que tuvieron un padre y una madre. A los empresarios les diría que no les den la espalda porque los tiran al monte nuevamente.

El país está herido, han sido más de 50 años de violencia. Yo no estaba preparado para dar el paso de la desmovilización. Cuando pisé tierra cordobesa, me di cuenta de que mi familia y la sociedad no estaban preparadas para recibirme.

No ha habido verdad ni reparación. Creo que le fallaron a muchas personas porque hay compañeros que están en una celda pagando, no hubo perdón, al momento de salir muchos papeles se cambiaron, a nosotros en el monte no nos dieron toda la información. Hoy entiendo que sí hay que pagar. Muchas personas han sido reparadas, pero falta mucho todavía. Pienso que el perdón no se ha pedido pública ni correctamente”.

Carmen, 36 años

“A los que aún se encuentran en las selvas de Colombia con un fusil, les digo que vale la pena desmovilizarse porque sus familias se lo van a agradecer siempre. Colombia merece tener tranquilidad.

Cuando me desmovilicé, sufrí el rechazo, pero siempre me levanté y seguí insistiendo. Una vez estaba a punto de firmar contrato de trabajo, cuando el gerente mandó a buscarlo, entró la secretaria, me miró, le sonrió y le dijo que le regalara un minuto. Cuando el gerente regresó me dijo me acababa de acordarse que este puesto ya estaba ocupado. La verdad es que la secretaria era esposa de un participante del programa de reintegración y nos conocimos en las reuniones en la ACR.
Les ha faltado educar desde lo personal al excombatiente que llega a la vida civil sin norte. Educar para la vida, muchos participantes que hoy día son bachilleres, no saben leer ni escribir, son bachilleres analfabetas. Me gustaría que se reestructure toda la planta de personal que viene liderando este proceso porque como llevan tantos años, se sienten en su zona de confort y se les olvidó cuál es su función.

La guerra deja muchas secuelas, entre ellas, las ganas de llorar por los compañeros caídos. A muchos de mis compañeros les he dado clases para enseñarles a leer y escribir, me eduqué para que vean en mí un ejemplo a seguir. Hoy día soy especialista y muchos dicen ‘si tú pudiste yo también’ y están estudiando, saliendo adelante por sus propios medios.

Me duele que algunos que estaban en la ruta hayan perdido los beneficios y estén presos en la cárcel. Merecen otra oportunidad, todos cometemos errores. Es fácil juzgar y decir: ‘en vez de buscar empleo’ pero ¿quién les brinda esta oportunidad? Ellos están tristes y se sienten solos, han perdido a sus familiares”.

*Esta historia es resultado del proyecto "La cobertura periodística del conflicto y la paz", en su fase editorial liderada por Consejo de Redacción (CdR) con el apoyo de International Media Support.
 

Por Constanza Bruno Solera

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