Día cero para falsas víctimas de Mapiripán

Mariela Contreras Cruz. Archivo

La Fiscalía anunció que a tres miembros de una misma familia que resultaron ser falsas víctimas de la masacre de Mapiripán (Meta), ocurrida entre el 15 y 20 de julio de 1997, se les imputarán cargos por fraude procesal y estafa agravada el próximo 2 de agosto. Los implicados son la controvertida Mariela Contreras Cruz, quien en 2011 aceptó haber sido parte de este fraude para obtener recursos del Estado, junto con su hija, Zuly Herrera Contreras, y uno de sus yernos, Algemiro Arévalo Romero.

Toda la controversia de las falsas víctimas de la masacre de Mapiripán se inició cuando Mariela confesó ante el Tribunal Superior de Bogotá que ni su esposo ni dos de sus hijos habían desparecido en la toma que ejecutaron 120 paramilitares en esa población del Llano. Criminales que viajaron desde el Urabá Antioqueño hasta las tierras del Meta con supuesta, complacencia de la Fuerza Pública.

Contreras le dijo al ente investigador que fueron María Esneda Bustos y su padre Marco Tulio Bustos –testigo de la masacre, con medidas cautelares de la Comisión Interamericana desde 2002, y asilados en Canadá– quienes le ofrecieron que se acercara al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y se presentara como víctima. La familia Bustos también fue señalada por Luz Mery Pinzón López, otra falsa víctima, de ser quienes idearon el plan de crear falsos testimonios y apropiarse de dineros del Estado. Ambas mujeres dijeron que el Colectivo de Abogados nunca supo la verdad.

"No tenía ni comida ni donde vivir", fuero las excusas de Mariela después de que la Fiscalía lograra establecer que su esposo, Gustavo Caicedo Rodríguez, falleció mucho antes de que ocurriera la masacre; que su hijo Diego Armando Martínez Contreras sí murió a manos de paramilitares pero en hechos diferentes a los de Mapiripán; y que el otro hijo, Hugo Fernando Martínez Contreras, se desmovilizó del frente 39 de las FARC en 2011.

El 28 de noviembre de 2012 la Corte Interamericana de Derechos Humanos ratificó la condena contra el Estado por estos hechos que había emitido el 15 de septiembre de 2005. En esa misma resolución, excluyó del listado a siete personas del listado de víctimas: Mariela Contreras; sus hijos desaparecidos, Hugo y Diego; su esposo muerto, Gustavo; Manuel Arévalo, un hombre que había sido identificado como víctima por la Fiscalía pero falleció por muerte natural en 1999; Omar Patiño Vaca y Eliécer Martínez Vaca, quienes según sus propios familiares murieron en 2002 y 1997 respectivamente.

La Familia de Mariela Contreras será la primera en ser llamada a los estrados judiciales. Públicamente ya han dicho que de los $3.350 millones que el Estado les pagó por concepto de reparación, sólo les quedan $400 millones que están invertidos en una casa y una finca, lo que para la Fiscalía se constituye en una estafa a la Nación. El último informe de la Unidad de Justicia y Paz del ente investigador estableció que existían 77 casos, entre muertos y desaparecidos, por determinar si hacen parte de la cifra real de víctimas de la masacre. Lo que sí es claro para la Fiscalía es que las falsas victimas tendrán que devolver el dinero que les fue pagado por concepto de una supuesta reparación que jamás debieron recibir.