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Judicial 22 Ene 2013 - 11:44 pm

Procurador advirtió hace 15 meses sobre irregularidades en caso Colmenares

La diatriba de Ordóñez contra el fiscal González en caso Colmenares

Ministerio Público se quejó del comportamiento protagónico y agresivo de González.

Por: Juan David Laverde Palma
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El fiscal Antonio González siempre ha sostenido que actuó bajo los parámetros legales y que aún cree en los testigos del caso. / Archivo

Desde el 24 de octubre de 2011 la Procuraduría se había quejado del comportamiento arbitrario, protagónico, descortés y agresivo del fiscal Antonio Luis González, hoy en el centro de la controversia por los yerros de su investigación en el caso Colmenares y las presuntas irregularidades en la consecución de los testigos que terminaron desechados por la fiscal Martha Lucía Zamora. Todo ello derivó en tres investigaciones que adelanta el Consejo de la Judicatura por la sucesión de denuncias y aparentes comportamientos de González para entorpecer el expediente.

La queja del procurador, hasta hoy desconocida, estaba dirigida a la entonces fiscal Viviane Morales. En ella, Alejandro Ordóñez le manifestó su molestia por el “excesivo celo personal” de González al llevar el caso, algo que, en su opinión, “presenta alcances de simple publicidad personal ante los medios, pues debemos tener en cuenta que este no sólo ya se refleja en entrevistas destempladas y bastante contradictorias, sino que se trasluce en sus intervenciones en diligencias en las que ha llegado a extremos inaceptables y carentes de cualquier proporción o ponderación lógica, como la afirmación constante de corrupción en contra de todo aquel” que no comulgaba con sus métodos de investigación.

La diatriba de Ordóñez, contenida en cinco páginas conocidas por El Espectador, parecía anticipar hace 15 meses el descalabro del proceso judicial más mediático del país. En la carta, el procurador lamentó el desconocimiento en materia jurídica que había caracterizado a la audiencia en la que el fiscal González ordenó la detención de María del Pilar Gómez —madre de Carlos Cárdenas— y de la abogada Aydée Acevedo. En palabras del jefe del Ministerio Público, las actuaciones del fiscal González parecían movimientos publicitarios que deliberadamente terminaban confundiendo más a la opinión pública.

Además, sostuvo Ordóñez, la labor de autopromoción del servidor público dejaba ante la ciudadanía una imagen de “persecución a un funcionario probo por su idónea labor”, desconociendo “las graves falencias que el actuar del mismo ha entronizado en la investigación, a veces con consecuencias irreversibles para la justicia”. Y agregó que le extrañaban profundamente las presiones en las que el fiscal González incurrió contra el delegado de la Procuraduría en el caso Colmenares, con el fin de que apoyara irrestrictamente todas sus peticiones. En ese entonces ya habían sido detenidas Laura Moreno y Jessy Quintero.

Por último, la misiva de la Procuraduría advirtió sobre los comportamientos injuriosos, descorteses y violentos del polémico fiscal González, al negarle en su momento a esa entidad el acceso a algunas pruebas recaudadas, en contravía de la ley. Ordóñez también dejó constancia de la “actuación hostil” del defensor de las víctimas, Jaime Lombana, quien, según el procurador, repudió la intervención del Ministerio Público en la vigilancia del proceso al considerar que podría constituir una talanquera más en la investigación del caso Colmenares.

La larga crítica esbozada por el procurador Ordóñez en octubre de 2011 adquiere relevancia hoy, cuando se conocen tres investigaciones contra el fiscal González: la primera, por presuntamente haber incurrido en faltas disciplinarias al adelantar el proceso; la segunda, por supuestamente entorpecer el desarrollo del expediente en contra de Laura Moreno y Jessy Quintero, y la última, por malos tratos al agente del Ministerio Público e incluso amenazas a una juez. Además, el abogado de Carlos Cárdenas, el exfiscal Mario Iguarán, le dijo ayer a este diario que se puede inferir que González indujo a los tres testigos cuestionados “a declarar falsamente”.

Iguarán señaló que el fiscal González debería ser investigado por las múltiples anomalías presentadas durante la investigación, algunas de las cuales ya han sido ventiladas por los medios de comunicación. Verbigracia, la denuncia que su exfiscal de apoyo, Napoleón Botache, instauró en la propia Fiscalía, sosteniendo que González le dijo que había que conseguir testigos como fuera para probar su tesis de que Luis Andrés Colmenares fue asesinado. Según el funcionario, el fiscal del caso incluso llegó a pedirle que asegurara que los testigos José Wílmer Ayola, Jonathan Martínez y Jesús Alberto Martínez Durán eran de “buena procedencia”, a pesar de que, cuando Botache dejó el caso, no había ningún indicio de que esos testigos existieran.

Por todas estas razones, Iguarán sostuvo: “Ese comportamiento ofuscado, obsesionado y prevaricador corresponde a su afán de aferrarse a un cargo donde tenía dificultades”. A esto se suma que la fiscal Zamora no sólo cuestionó la falta de rigor de González a la hora de recibir las declaraciones de los testigos, sino que criticó que ocultara, por ejemplo, cómo llegó Martínez Durán al caso. Primero dijo que había un informante cuya identidad no estaba obligado a revelar, pero después se supo que se trataba del abogado Alfonso Palomino. Lo curioso es que fue Luis Alfonso Colmenares —padre del joven muerto— quien sufragó el viaje de Palomino de Barranquilla a Bogotá para que, en su presencia, González se reuniera con Martínez Durán. ¿Por qué esa diligencia no lo pagó la Fiscalía?

González se ha defendido diciendo que tiene cómo probar que actuó de manera correcta en el proceso y que no fabricó testigo alguno. No obstante, los vacíos en su investigación ya tienen consecuencias: la Fiscalía tendrá que sustentar en juicio que Cárdenas es culpable de los delitos de homicidio y soborno, a pesar de que esa misma entidad concluyó que los testigos que constituían la columna vertebral de su proceso resultaron ser unos mentirosos. El juez del caso determinó que no había razón para decretar la nulidad, ya que ésta no era el mecanismo idóneo para corregir los errores en la investigación de la Fiscalía. Nuevamente, la responsabilidad del fiscal Antonio González quedó en el aire. El 4 de marzo comenzará el juicio.

En Twitter @jdlaverde9  

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