En la mañana de este miércoles, en el auditorio Juan Pablo II de la cárcel La Picota, seis exjefes paramilitares se uniformaron una vez más, pero en lugar del camuflado que llevaron durante su paso por la Autodefensas, esta vez Luis Eduardo Cifuentes Galindo, alias “El Águila”, Edward Cobo, “Diego Vecino”, Nelson Martínez Cano, alias “Camilo”, Óscar Ospina Pacheco, alias “Tolemaida”, Edgar Ignacio Fierro, alias “Don Antonio” y Oscar Zuluaga, se pusieron toga y birrete para recibir el título de abogados.
Ellos son los primeros postulados a Justicia y Paz en terminar los estudios en el programa de Derecho que se ofrece a los internos en el marco del convenio existente entre el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y la Corporación Universitaria de Colombia IDEAS. El programa que los ex jefes acaban de terminar es un piloto, le dijo a El Espectador Ariel Valencia, quien estuvo al frente del proyecto por parte de la Universidad IDEAS.
Fueron doce los internos de La Picota que recibieron el diploma que les otorga el título de abogados. “Quienes completamos nuestros estudio privados de la libertad, hoy sentimos que es nuestro deber alzar nuestra mano y decir presente para construir paz desde nuestra experiencia”, dijo en el discurso de agradecimiento Edward Cobo, alias “Diego Vecino”, otrora jefe político del Bloque Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Cobo está condenado a 39 años de prisión por 533 hechos delictivos.
No se sabe hasta qué punto pretendan ejercer el Derecho. Es más, tan pronto se conocieron las primeras fotografías de la ceremonia de graduación aparecieron también voces de protesta de representantes de las víctimas quienes desde las redes sociales consideraron el tema como una burla frente al dolor que los ahora abogados causaron en el país. Sin embargo, aun tratándose de personas que en el pasado reciente representaron tanta violencia y cuyos nombres aun inspiran miedo, lo cierto es que la legislación colombiana no solo permite, sino que estimula, beneficios como el de estudiar en la prisión.
Según el Código Penal la pena cumple las funciones de retribución justa (a la sociedad por el daño causado), protección al condenado, prevención (de que se cometan nuevos delitos) y reinserción social. Es precisamente este último aspecto el que contempla la posibilidad de que los internos desempeñen actividades como estudio y trabajo, las cuales incluso contribuyen a la reducción de la pena.
Los ex 'paras' con diploma
El grupo comenzó a estudiar en 2011, cuando los exjefes paramilitares y otros reclusos decidieron inscribirse en el programada piloto de estudios universitarios de la Universidad IDEAS. Si bien este tipo de actividades representan una rebaja significativa en las condenas –por un día de estudio, se les descuentan dos días de pena- las motivaciones, según el docente Ariel Valencia, fueron otras. “Ellos querían entender sus errores a través del derecho, querían ver qué tanto se habían extralimitado”, dijo.
Y es que los prontuarios de los estudiantes hacen parte de los episodios más violentos del conflicto armado en Colombia. Luis Eduardo Cifuentes Galindo, alias “El Águila” fue comandante del Bloque Cundinamarca y allí cometió 172 actos delictivos documentados por la fuscalia. Por su parte, alias “Tolemaida”, quien se escapó después de desmovilizarse en 2006, pero fue recapturado tres años más tarde, fue uno de los hombres más cercanos a “Jorge 40”, y estuvo al frente de Bloque Norte en Cesar, donde dejó una estela de asesinatos colectivos y desplazamientos forzados.
Otro estudiante fue Edgar Ignacio Fierro, alias “Don Antonio”, el verdadero dueño del computador de “Jorge 40” que ayudó a destapar la parapolítica y en el cual la Fiscalía encontró pruebas de por lo menos 300 asesinatos cometidos por el Bloque Norte de las Autodefensas en la costa Caribe, entre ellos el del profesor universitario Alfredo Correa D'Andreis en 2004, que el mismo “Don Antonio” aceptó haber ordenado en su momento.
A pesar de estos antecedentes, “ellos fueron muy conscientes de lo que estaban haciendo, ellos querían el título. Eran juiciosos. Valió la pena hacerlo allá, uno como profesor conseguía más entereza y animo de un interno que de un alumno acá afuera. Esa fue una de las cosas que experimentamos, ellos tenían mucha sed de ilustración y sabiduría”, comentó Valencia. Sobre todo, los exjefes paramilitares se interesaron por las áreas del derecho penal e internacional.
Durante los seis años de estudio, los reclusos asistieron a jornadas académicas que se extendían de lunes a viernes desde 8:30 de la mañana hasta las 4 de la tarde, con un receso para almorzar de 12:00 a 1:30 p.m. No obstante, los postulados a Justicia y Paz no asistían las clases los miércoles, los días que la ley estableció para sus visitas conyugales. Por esto debían recuperar las horas perdidas en asesorías con los docentes encargados de cada módulo.
“En aras de debatir y conceptualizar dentro de la normatividad jurídica se habló de casos concretos de lo que ellos habían hecho, pero no para juzgar, pues ellos ya tienen sus jueces designados por la ley. La Universidad tenía la ambición de capacitar para resocializar porque el derecho penal dice que la finalidad de la pena es la resocialización”, recordó Ariel Valencia.
Una de las tesis más destacadas del grupo fue precisamente sobre la resocialización. Se llamó “La educación integral como el verdadero camino hacia la resocialización carcelaria en Colombia” y la realizaron cuatro de los estudiantes, entre ellos, “Diego Vecino”. Allí los ex paramilitares proponen un giro en la política carcelaria del país. En lugar de construir infraestructura, el Estado debería crear “centros de reclusión educativos”.
Para ellos, explicó su asesor docente, “no todos los delincuentes se merecen ir a La Picota, a la Modelo o al a cárcel de Itagüí, sino que de verdad hay quienes pueden resocializarse y reintegrarse pero ya siendo profesionales. Ellos sustentan que las cárceles en Colombia lo único que hacen es potencializar la criminalidad en el país, porque allí adentro, con un teléfono se monta una oficina de extorsiones, por poner un ejemplo”.
Además de los 12 presos que recibieron el diploma que los acredita como abogados, en la actualidad 292 personas privadas de la libertad están estudiando carreras universitarias en los centros de reclusión. Respecto al programa que les permitió a los ex integrantes de las autodefensas convertirse en profesionales, se evalúa la posibilidad de extenderlo a los penales de todo el territorio colombiano.