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Judicial 25 Sep 2011 - 9:00 pm

"Es difícil hacer bien la tarea": Angelino Lizcano

El presidente del Consejo de la Judicatura explica la función del organismo con el fin de que no lo acaben sino lo fortalezcan. Dice que la Sala Disciplinaria necesita refuerzo.

Por: Alexánder Marín Correa
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El magistrado Angelino Lizcano, presidente del Consejo Superior de la Judicatura. /David Campuzano

Acabar con el Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) es un proyecto que toma fuerza. Quienes trabajan en la entidad, que se encarga de administrar la rama judicial, insisten en la importancia de su permanencia. Uno de ellos es Angelino Lizcano, presidente del CSJ, que está de correría defendiendo la entidad y, especialmente, la importancia de la misión disciplinaria, porque, según él, hasta “los jueces necesitan quién controle su conducta”. Sin embargo, reconoce que en este aspecto faltan herramientas para “hacer bien la tarea”. Por eso, su propuesta es fortalecer el CSJ, en vez de acabarlo. Lizcano, de 48 años, es oriundo de Doncello (Caquetá). Fue secretario de la Cámara de Representantes y gerente de la Empresa de Licores de Caquetá y llegó a la Judicatura en enero del 2008. El Espectador habló con él.

¿Por qué debe seguir el CSJ?

Respeto a los que piensan que debe acabarse, pero eso es inconveniente. El CSJ es símbolo de independencia de la rama judicial. La Sala Disciplinaria es vital, porque hasta los jueces necesita quién controle su conducta. A nadie, ni siquiera a ellos, se le puede dejar a la deriva. Aunque casi todos son honestos, también hay corrupción.

¿Cuáles han sido los pecados del CSJ?

No los detecto. Sé que unos lo critican por temas como las tutelas contra sentencias de altas cortes y por el supuesto origen político de la Sala Disciplinaria. Sin embargo, en el primer caso, eso lo ordena la ley. En el segundo, los magistrados de la Sala Disciplinaria salen de una terna que propone el Presidente de la República y elige el Congreso. Es un sistema perfecto.

Eso es justo lo que le da el origen político.

Si nos critican, también deberían hacerlo con la Corte Constitucional, el contralor y el procurador. No estoy de acuerdo con que la propia rama nombre a quienes la van a investigar disciplinariamente.

¿Cambiarlo no sería cortar lazos políticos?

Esos no se pueden cortar, porque se crearían islas y no es bueno para la democracia. Los organismos del Estado tenemos que actuar en armonía.

Dicen que el CSJ es muy grande para lo que cumple. ¿Qué piensa?

Hay que fortalecer la jurisdicción disciplinaria, no acabarla. Hay 413 empleados en el país y casi 40 mil procesos. El año pasado tomamos 9.066 decisiones. De las cuatro jurisdicciones de la rama judicial, somos la que más produce. El Gobierno firmó el estatuto anticorrupción, pero hasta ahí es letra muerta. Son los jueces los que tienen que hacerlo cumplir y para eso es necesario que la conducta de los jueces esté garantizada.

¿Y la Sala Administrativa?

También es importante; especialmente, que pueda actuar con autonomía. Todas las entidades del Estado reciben críticas, pero hay que ajustarlas.

¿Cuál es el panorama de corrupción en la Sala Administrativa del CSJ?

El CSJ ha manejado el presupuesto de la justicia por 20 años y hasta la fecha el país no ha conocido el más mínimo escándalo.

Hay ruido por el nombramiento del director ejecutivo, Diógenes Villa.

Ese nombramiento lo ordenó una tutela de la Corte Constitucional. El procedimiento fue acorde a la ley.

Dicen que no tiene la experiencia en el manejo de presupuesto

Son malentendidos. La comisión interinstitucional (presidentes de Cortes y la Fiscal General) hizo el estudio riguroso de la terna y todos reunían los requisitos.

¿Por qué sigue la congestión en casos disciplinarios?

Nos faltan herramientas para ahondar en las investigaciones. Nos llegan denuncias, pero es difícil concretar las pruebas.

¿Por qué?

No tenemos grupo de investigación y los magistrados son los que tienen que buscar las pruebas. Por la cantidad de procesos es difícil hacer bien la tarea. Necesitamos investigadores para garantizar procesos que lleguen a la verdad.

Es decir, ¿existen decisiones sin investigaciones a fondo?

Sí, pero es por falta de herramientas. Evacuamos lo que llega, hasta donde podemos.

Entonces ¿hay impunidad, incluso en los disciplinarios de la propia justicia?

No hablaría de impunidad, porque sería una contradicción. Aunque nos preocupan denuncias que no podemos comprobar y tenemos que archivar.

¿No sería mejor que los disciplinarios los asumiera la Procuraduría?

Esa fue idea del Gobierno, pero al ser órgano externo estaría contra la independencia de la rama judicial. Además, las decisiones del Ministerio Público son administrativas y pueden ser demandadas ante la jurisdicción contenciosa, la cual quedaría sin ser disciplinada. No sería ideal.

¿Un externo no sería más independiente?

Al contrario. Creo que el diseño del constituyente es el perfecto. Queda adscrito a la rama judicial y con independencia.

¿Qué pasó con el llamado carrusel de los magistrados auxiliares?

A raíz de las nuevas funciones del estatuto anticorrupción se justificaron algunos empleos para esa tarea. La Sala Administrativa creó unos cargos y hubo dudas de algunos sectores. Por eso le pedimos a la sala que aclare el alcance de los nombramientos, que no se han hecho.

Pero eso generó todo un escándalo…

Sí, pero fue por la forma como se presentó la noticia. La ley dio un presupuesto casi de 225 mil millones para programas de descongestión. A nosotros no nos estaban dando ni el 1% de ese presupuesto y somos una de las cuatro jurisdicciones de la rama judicial. La verdad, faltó explicar la articulación de la descongestión de la rama.

En las regiones critican a los consejos seccionales de ser fortines políticos.

A quienes llaman de origen político es a los de la Sala Disciplinaria y no tenemos influencia en puestos. En las seccionales, la ley tiene descentralizada la parte burocrática. Eso hay que revisarlo y si se están equivocando sería lamentable.

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