Por medio de su abogado defensor, la exsenadora del Partido de la U Dilian Francisca Toro le solicitó a la Fiscalía General que la escuche en una ampliación de indagatoria en el marco de la investigación que se le adelanta por su presunta participación en el delito de lavado de activos.
La precandidata a la Gobernación del Valle del Cauca le solicitó a un fiscal delegado que adelante dicha diligencia en la cual presentará nuevos elementos procesales para demostrar su inocencia en la investigación por la compra de dos fincas a testaferros de narcotraficantes.
En la diligencia, que se adelanta en la tarde de este miércoles, Toro solicitará que se tenga en cuenta la declaración juramentada del narcotraficante Víctor Patiño Fomeque quien manifestó que nunca hizo negocios de compra y venta de finca raíz con la excongresista del Valle del Cauca, ni con su esposo Julio César Caicedo Zamorano.
“Respecto a este asunto, y revisando con mi núcleo familiar, tengo además que agregar que la finca San Miguel, objeto de investigación contra la familia de la exsenadora no ha pertenecido a ninguno de los miembros de la familia Patiño Fomeque, ni fue de mi difunto hermano Luis Ocampo Fomeque; de haber sido así, ese bien lo hubiésemos entregado a las autoridades americanas o colombianas, como parte de mi arreglo judicial”, indicó en la misiva enviada al fiscal General, Eduardo Montealegre.
Igualmente las declaraciones y pruebas documentales que indican que la adquisición de la hacienda La Milagrosa en el año 2005 tiene una procedencia legal y su proceso de compra se hizo acorde con las leyes de registro. Las autoridades buscan establecer si dicho predio pertenece a testaferros del Cartel de Cali.
Además se manifestó que la hacienda San Miguel, adquirida por medio de la sociedad Agropecuaria La Ceiba Verde. Según la investigación dichos predios habrían buscado darle apariencia de legalidad a las actividades ilegales adelantadas por los capos del narcotráfico.
La defensa de la exsenadora sostendrá que todas las pruebas recaudadas hasta el momento indican que su cliente nunca incurrió en una actividad contraria a la ley. Ante esto expondrá que además ha sido víctima del ‘cartel de falsos testigos’ que a cambio de beneficios judiciales y económicos la acusaron de “tener negocios ilícitos”.
Por esta investigación, en 2012 la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó la captura de la excongresista y la cobijó con medida de aseguramiento. Sin embargo, el radicado pasó a manos de la Fiscalía General que tuvo que empezar de nuevo al determinar que se habían presentado fallas en la recolección de elementos materiales de prueba solicitados por la defensa.
Después de un año de estar privada de su libertad Dilian Francisca Toro –quien renunció a su curul- recuperó su libertad. En diferentes oportunidades ha manifestado que nunca tuvo relación comercial con los capos del Cartel de Cali.