Discapacitados mentales y su derecho a ser padres

La orden de los padres de una menor de edad con limitación mental no basta para que una EPS la intervenga quirúrgicamente para evitar un embarazo.

 Al evaluar los métodos de anticoncepción las autoridades optarán por el menos restrictivo  del derecho a la autonomía de estas personas. / Istock
Al evaluar los métodos de anticoncepción las autoridades optarán por el menos restrictivo del derecho a la autonomía de estas personas. / Istock

¿Los derechos fundamentales a la salud, a la vida y a la dignidad humana de una menor diagnosticada con discapacidad mental moderada se vulneran si una EPS se niega a practicarle un procedimiento de esterilización quirúrgica de ligadura de trompas –solicitado por la madre de la paciente– bajo el argumento de que para ello requiere la autorización especial de un juez?

Esta es la pregunta que se hizo la Corte Constitucional para resolver una acción de tutela que la mamá de una menor de edad interpuso para evitar que su hija corriera el riesgo de un embarazo que no estaba en capacidad de asumir por su limitación mental.

El asunto fue objeto de un profundo discernimiento jurídico en torno a derechos como el de tener una familia, la autonomía sexual y reproductiva de las personas con discapacidad mental y su consentimiento informado al momento de aceptar o no este tipo de intervenciones quirúrgicas, cuyas consecuencias son irreversibles.

En ese sentido, la Corte Constitucional recordó que aunque el consentimiento informado es la regla general para cualquier tipo de procedimiento médico, este no es absoluto, pues admite algunos eventos excepcionales en los que la voluntad del paciente puede ser suplida por el Estado o sus familiares atendiendo a las circunstancias de cada caso.

Dichos eventos excepcionales, en los que la exigencia de consentimiento informado en el ámbito de la salud es menos estricta o se prescinde de ella totalmente, son: (i) cuando se presenta una emergencia, y en especial si el paciente se encuentra inconsciente o particularmente alterado o está en grave riesgo de muerte; (ii) cuando el rechazo de una intervención médica puede tener efectos negativos no sólo sobre el paciente, sino también frente a terceros; (iii) cuando el paciente es menor de edad, caso en el cual el consentimiento sustituto de los padres tiene ciertos límites y (iv) cuando el paciente se encuentra en alguna situación de discapacidad mental que descarta que tenga la autonomía necesaria para consentir el tratamiento.

Sobre esta última excepción, que era la que afrontaba la paciente menor de edad, la Corte concluyó que los padres o representantes legales no pueden atribuirse la facultad de decidir sobre la esterilización definitiva de sus hijos a menos que se declare su interdicción (que están privados de discernimiento), tratándose de mayores de edad, o exista autorización judicial, en el caso de los menores de edad. Y precisa: “En el trámite del proceso judicial se debe demostrar que el incapaz tiene problemas mentales que le impiden específicamente dar el consentimiento no sólo presente sino también futuro para ese tipo concreto de procedimientos quirúrgicos”. 

La providencia, con ponencia del magistrado Jorge Ignacio Pretelt, recalca que las autoridades al evaluar las diferentes medidas y alternativas existentes en materia de métodos de anticoncepción deberán optar por los procedimientos que supongan la menor restricción del derecho a la autonomía de estas personas.

Interdicción

Alrededor de la protección de los derechos reproductivos de mujeres con discapacidad mental, la Corte cita su propia jurisprudencia para concluir que en los procesos judiciales de interdicción cobra especial relevancia analizar el grado de autonomía del presuntamente incapaz, pues en función de ello deben adoptarse las medidas que se consideren más adecuadas por parte del juez para lograr la garantía de sus derechos fundamentales.

Por esa razón, el tribunal insiste en que aunque se trate de una persona mentalmente disminuida, su personalidad jurídica no debe ser anulada por ese simple hecho, sino que cualquier opinión que pueda permitirse emitir según el nivel de su enfermedad, debe ser valorada razonablemente por las autoridades judiciales.

En síntesis, el consentimiento para la esterilización quirúrgica en personas en situación de discapacidad mental varía dependiendo de su edad, pues cuando el incapaz es un menor de edad, se requiere en primer lugar verificar médicamente que el paciente es incapaz para otorgar su consentimiento; en segundo lugar, que el cuerpo médico debe informar a los padres del menor acerca del procedimiento en sí, de los riesgos propios de la intervención y de las consecuencias definitivas que el mismo generará en la vida de la persona, sin descartar los efectos emocionales y sicológicos que este podría crear en la identidad de la paciente; y en tercer lugar, deberán los padres del menor, como sus representantes, proceder a tramitar la autorización judicial para que un juez de la República autorice el procedimiento quirúrgico de esterilización definitiva.