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Mientras en la mañana del pasado lunes el juez 40 de conocimiento condenaba a diez años de prisión al contratista Julio Gómez —procesado por su participación en las irregularidades de nueve contratos de la malla vial y de la fase III de Transmilenio en Bogotá—, la Procuraduría terminaba de afinar los detalles de la destitución e inhabilidad por 16 años que le impuso al exsecretario de Salud Héctor Zambrano, debido a las coimas que recibió para adjudicar en 2009 el contrato de las ambulancias. Un capítulo de $67.000 millones que también fue investigado por la Fiscalía y tiene a Zambrano ad portas de una condena penal que se ha sido aplazada en dos ocasiones.
Para la justicia —en parte por las mismas confesiones que han hecho Gómez y Zambrano en sus procesos— es claro que ambos contribuyeron al desfalco de la capital del país en la administración de Samuel Moreno, aunque en diferentes frentes del gran robo. Precisamente, el juez que condenó a Julio Gómez por los delitos de celebración indebida de contratos, cohecho propio, peculado por apropiación y concierto para delinquir sostuvo que el contratista buscó “direccionar toda la actividad licitatoria de los contratos en los cuales intervino para que funcionarios públicos omitieran su deber”.
En concreto, Gómez recibió coimas para lograr que servidores públicos les adjudicaran nueve contratos de la malla vial y la fase II de Transmilenio, entre 2008 y 2009, a sus empresas y las uniones temporales que conformó junto a Miguel, Manuel y Guido Nule, Álvaro Dávila y Mauricio Galofre. De hecho, el juez explicó que existió un “acuerdo de voluntades entre Julio Gómez, Emilio Tapia, Álvaro Dávila, Samuel Moreno, Iván Moreno, los miembros del Grupo Empresarial Nule, entre otras personas funcionarias e intermediarias que acordaron llevar a cabo la comisión de delitos con el propósito de obtener y apropiarse de la contratación pública de Bogotá”.
Tal fue el caso de tres contratos cedidos a la Unión TemporalTransvial, cuyo valor superaba los $315.000 millones, por los cuales Gómez aceptó recibir $1.750 millones de Miguel Nule si lograba esta adjudicación. Así lo señaló en enero pasado el fiscal del caso, Juan Vicente Valbuena, durante la audiencia en la que el contratista aceptó cargos, luego de que en octubre del 2013 renunciara al preacuerdo que tenía con el ente acusador. En este episodio, Gómez habría convencido a la exdirectora del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) Liliana Pardo y al director técnico legal, Inocencio Meléndez, para que participaran en la asignación de la obra. Y ha sido, precisamente, la devolución de las cifras millonarias percibidas por Julio Gómez el centro de la discordia en este proceso judicial.
Mientras Gómez y su defensor insisten en que devolvieron la totalidad de la suma apropiada ilegalmente, el representante del IDU, Orlando Bernal Yepes, alegó que esto no ocurrió porque, según sus cuentas, “falta una suma de aproximadamente $5.000 millones”. Por su parte, el juez fue claro en resaltar que “en este caso no puede hablarse de un reintegro total como lo afirman el delegado fiscal y el defensor, sino un reintegro parcial”, pues habría devuelto $297 millones de los cerca de $2.000 que recibió de manera irregular.
De ahí que Julio Gómez no haya sido beneficiado con las rebajas que esperaba, pues el juez le redujo la condena inicial, de 15 años, apenas en una tercera parte por haber colaborado con la justicia. Es decir, que la pena le quedó en 10 años y 29 días, por lo que seguirá recluido en prisión, además de la inhabilidad vitalicia para inscribirse como candidato a cargos de elección popular, ser elegido o designado como servidor público y para contratar con el Estado directamente. Una decisión que fue apelada por el representante del IDU, la Procuraduría y la defensa de Gómez.
Un panorama similar enfrenta el exsecretario de Salud Héctor Zambrano, después de que la Procuraduría anunciara su destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por 16 años, debido a su participación en las irregularidades que rodearon el contrato por $67.000 millones para el servicio de las ambulancias en Bogotá, pues habría recibido comisiones a cambio de favorecer a uno de los contratista en la adjudicación. Para el Ministerio Público, “la promesa remuneratoria se llevó a cabo en diferentes reuniones realizadas por Héctor Zambrano Rodríguez, Emilio Tapia Aldana, Federico Gaviria e Hipólito Moreno” entre mayo y septiembre de 2009. Reuniones en las cuales el exsecretario habría acordado las comisiones.
Según la Procuraduría, Zambrano habría recibido más de $5.000 millones, aunque él ha insistido en reiteradas ocasiones que no tiene ese dinero y que aceptó los cargos de cohecho propio, celebración indebida de contratos, contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, imputados por la Fiscalía, porque no puede pagar un abogado que lo defienda en un juicio. Zambrano está detenido en la cárcel La Picota y espera una condena penal, con su respectiva rebaja, por la colaboración que le ha prestado a la justicia. Luego de ser uno de los funcionarios estrella del Distrito, ya no podrá, por más de década y media, fungir como servidor del Estado, algo para lo que ha manifestado decidió formarse.
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