Dudas sobre condena a exgobernador de Arauca

Las preguntas sobre un posible complot fraguado para incriminar al exgobernador de Arauca, Julio Acosta Bernal siguen en el tintero seis meses después de que fuera condenado a 28 años de prisión por el homicidio del exregistrador Juan Alejandro Plazas Lomónaco y por recibir dinero de las autodefensas para financiar su campaña electoral en 2003. El juez especializado de Medellín, Christian Chavarría Muñoz, soportó su decisión en los testimonios de los paramilitares desmovilizados Ferney Alvarado Pulgarín, alias ‘Cúcuta’; Andrés Darío Cervantes, alias ‘Chichi’ y José Helberth Izquierdo, alias ‘El Eléctrico’. Los mismos que hoy son procesados por fraude procesal y falso testimonio, pues le habrían mentido a la justicia con el fin de conseguir beneficios en otros expedientes y quienes serán acusados formalmente el próximo 5 de junio.

La propia Fiscalía (que inicialmente acusó a Acosta) y la Procuraduría no encontraron prueba suficiente para pedir la condena de Acosta por el crimen que segó la vida de Plazas Lomónaco o la supuesta financiación que recibió del bloque Vencedores de Arauca. El ente investigador señaló que Alvarado Pulgarín –confeso autor material del homicidio– incurrió en múltiples contradicciones cuando relató las veces que se reunió con el exgobernador, pues las fechas no coinciden con la estadía de Acosta en Colombia. Según ‘Cúcuta’, estos encuentros tuvieron lugar el 20 de diciembre de 2002, a principios de 2003 y entre junio y julio de ese mismo año. Fechas todas en las que Acosta se encontraba fuera del país, pues fue cónsul en Singapur del 22 de noviembre de 1999 hasta el 19 de febrero de 2003 y estuvo en Venezuela del 9 de junio de 2003 hasta el 7 de julio de ese mismo año.

La Fiscalía también planteó la posibilidad de un “montaje para perjudicar al señor Acosta”, pues según otros testimonios de exmiembros del bloque Vencedores de Arauca, quien emitió la orden de asesinar al exregistrador fue el guerrillero de las Farc Guillermo Enrique Torres, alias ‘Cantante’, por una supuesta deuda. Orlando Villa Zapata, alias ‘La Mona’, segundo al mando del grupo paramilitar que operaba en ese departamento, aseguró que sabía que la orden venía de este guerrillero y que había sido Alvarado Pulgarín quien la había ejecutado. Además, el ente investigador menciona que por la declaración de Alfredo Rincón Santafé, alias ‘Orionto’, se supo de una carta que le envió ‘Cúcuta’ a ‘Chichi’ en la que se pide incriminar al exgobernador. Por eso considera que “con la prueba practicada no hay certeza de que el acusado es responsable de los delitos por los que fue llamado a juicio, sino que al contrario, hay duda sobre su responsabilidad”.

En consecuencia, se solicitó “la absolución del procesado por los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado”, pues señaló que no “hay certeza del móvil ni de los autores del crimen”. Precisamente, porque la Fiscalía no se explica cómo “Acosta Bernal iba a ser gobernador cuando las elecciones estaban suspendidas por la falta de garantías, con lo cual se advierte que Alvarado Pulgarín ha mentido, porque tiene interés de gozar con los beneficios de Justicia y Paz”. Y se cuestiona “qué hubiera ganado Acosta Bernal con la muerte del registrado si él solo era uno de los dos delegados y no tenía influencia directa en las elecciones”.

Por su parte, la Procuraduría coincidió en que no hay suficientes elementos para probar la responsabilidad de Acosta Bernal y por eso solicitó revocar la sentencia proferida en noviembre y en su lugar absolver al exgobernador. Además, en su argumentación señaló que el 16 de junio de 2010 el señor José Helberth Izquierdo se retractó de su acusación contra el acusado y señaló que su testimonio obedeció a que Rosa Abigail, abogada de alias ‘Cúcuta’, le expresó que debía decir esas cosas en contra del gobernador, “pero que realmente él nunca vio a Julio Acosta pese a que estuvo presente en todas las reuniones que hizo el grupo”. Precisamente, la injerencia de esta defensora en las declaraciones de varios desmovilizados del grupo Vencedores de Arauca fue advertida por el abogado de Acosta, Andrés Garzón.

En conversación con este diario, Garzón explicó que estas incriminaciones las comenzó a hacer Alvarado Pulgarín desde 2007 “para obtener beneficios en Justicia y Paz”, porque su condena por la justicia ordinaria sobrepasa los 60 años. Según Garzón, la idea era acusar a personas importantes de Arauca y así hacer creíbles las versiones y ahí “es donde entró la señora Rosa Abigail Plazas, que hoy está muerta, para poner a los del bloque Vencedores de acuerdo y que pareciera creíble que Julio Acosta lo había mandado a matar”. De acuerdo con la recopilación de los testimonios que hace la Procuraduría en su apelación, varios paramilitares desmovilizados de este grupo terminaron confesando que se les había ofrecido un dinero por declarar contra el exgobernador.

Por ejemplo, el Ministerio Público señaló que el desmovilizado Leonardo Corrales, alias ‘Cara de Perro’ o ‘El Flaco’, “confesó que la abogada Rosa Abigail Plazas Lugo e igualmente el representante a la Cámara, Adalberto Jaimes, a través de ella, le ofrecieron dinero para declarar contra Acosta Bernal”. Lo mismo señaló Virginia Medina Quenza, compañera permanente del exparamilitar William Chimá, quien luego de testificar contra el exgobernador declaró que lo hizo presionada por Rosa Abigail y que ésta le prometió dinero y ayuda para vincular a Chimá en el proceso de Justicia y Paz.

Aun así, el juez del caso, Cristian Chavarría Muñoz, consideró que el crimen del registrador fue perpetrado por este grupo de autodefensas a solicitud de Julio Acosta, pues consideraba al delegado de la Registraduría “un serio obstáculo de cara a sus pretensiones por alcanzar la Gobernación del departamento”, como señala el fallo. De allí que el juzgado haya sostenido que se trató de un crimen político, pues no hubo evidencia de que hubiera un vínculo puramente personal entre víctima y autor intelectual. Y, según la sentencia, la participación de paramilitares en el asesinato de Plazas Lomónaco expone la relación entre esta organización criminal y Acosta Bernal. En todo caso, será el Tribunal de Medellín el que desenmarañe este expediente lleno de inconsistencias y decida en los próximos meses si Julio Acosta es responsable o no del homicidio del exregistrador Plazas Lomónaco. El complot que se ha denunciado también es materia de investigación y es deber de la justicia determinar si existió o no.

En otros expedientes en los que terminó investigado Acosta, este diario supo que el 27 de diciembre de 2012 la Fiscalía ordenó la preclusión de la investigación contra él por su supuesta participación en el asesinato de la recepcionista del Instituto de Salud de Arauca Nubia Jaimes Cantor, ocurrido el 3 de junio de 2003. Para el ente investigador, no había pruebas y en ese proceso se compulsaron copias para investigar a Ferney Alvarado Pulgarín, alias ‘Cúcuta’; Andrés Darío Cervantes, alias ‘Chichi’ y José Helberth Izquierdo, alias ‘El Eléctrico’, por fraude procesal y falso testimonio. Así mismo, el pasado 14 de febrero, un fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, se abstuvo de imponerle medida de aseguramiento al exgobernador por el capítulo del periodista asesinado en Arauca durante junio de 2002, Efraín Varela Noriega. Para algunos la sombra de Acosta Bernal en Arauca tuvo efectos nefastos en la política y de allí la cola de procesos en su contra. Sus defensores aseguran que todo se debe a un complot para sacarlo del camino. La justicia tendrá que aclarar la verdad sobre estas dos orillas.

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