Corría noviembre de 2006. La Corte Suprema de Justicia avanzaba en las primeras investigaciones sobre la parapolítica en Sucre y el país comenzaba a conocer detalles de la infiltración de las autodefensas en el poder legislativo. La lista iría creciendo con los meses. La mayoría de parlamentarios hacían parte de la coalición de gobierno. En septiembre de 2007, la Corte Suprema abrió investigación contra el influyente senador Mario Uribe, primo del presidente Álvaro Uribe. Fue por esa época, según coinciden las investigaciones, cuando el DAS diseñó todo un plan para infiltrar a este organismo.
En octubre de 2008, en una publicitada rueda de prensa desde la Casa de Nariño, el jefe de Estado denunció que el magistrado auxiliar Iván Velásquez estaría buscando desacreditarlo a través de testimonios inducidos a paramilitares condenados, en lo que fue denominado por los medios como el famoso caso ‘Tasmania’. Éste era un exintegrante de las autodefensas quien firmó una carta, elaborada por su abogado, Sergio González, en la que afirmaba que el magistrado Velásquez pretendía inculpar al presidente Uribe de un atentado al paramilitar conocido como ‘René’. Pronto se descubrió la mentira, ‘Tasmania’ rectificó y dijo que hizo lo que hizo para favorecer a unos “señores muy importantes” que le prometieron una casa para su mamá y dinero en efectivo.
El abogado Sergio González fue condenado hace pocos días a más de cinco años de prisión por haber sido uno de los autores de este primer complot contra la Corte Suprema. Y aunque trascendió que Mario Uribe tenía oficina en el mismo edificio del abogado Sergio González en Medellín, y que Santiago Uribe era vecino de finca de González, además de otras coincidencias, la justicia dejó hasta ahí el expediente ‘Tasmania’. El propio Iván Velásquez exigió que la Fiscalía continuara indagando sobre quién fraguó esta emboscada al alto tribunal. Pero no sería la única. En abril de 2008 se dio el llamado encuentro en “La casa de Nari”, al que asistieron el secretario jurídico Edmundo del Castillo, el exembajador Juan José Cháux, el abogado Óscar Iván Palacio, el defensor de alias ‘Don Berna’, Diego Álvarez, y el emisario del paramilitar, Antonio López, alias ‘Job’.
Se justificó entonces ese encuentro porque supuestamente los enviados de ‘Don Berna’ iban a hacer denuncias sobre presuntas malas actuaciones de la Corte Suprema de Justicia. Se entregaron unas grabaciones que el propio ‘Don Berna’ le hizo al ventilador del DAS, Rafael García, quien denunció cómo el paramilitarismo se había tomado la policía secreta en tiempos de la administración de Jorge Noguera. Después se supo que los paramilitares fraguaron ese plan, tal como lo denunció la revista Semana, para enrarecer aún más el ambiente entre la Corte y el Ejecutivo. Ya entonces el DAS había activado todo un plan para desprestigiar a los magistrados. La excusa para comenzar las pesquisas tenía nombre y apellido: Giorgio Sale, un empresario italiano que se movía en las altas esferas de la justicia y que fue detenido en el año 2006. No obstante, sólo un par de años más tarde se supo que era testaferro de Salvatore Mancuso.
Se elaboraron informes reservados de magistrados que tuvieron contacto con Sale, y después de todos los juristas, se indagaron sus propiedades, se verificaron viajes, se rastrearon sus movimientos financieros. Ellos quedaron bajo sospecha. Y durante la administración de María del Pilar Hurtado en el DAS se infiltró una detective de ese organismo, Alba Luz Flórez, conocida como la ‘Mata Hari’, y se grabaron sesiones reservadas del alto tribunal. Flórez convenció al entonces jefe de seguridad del Palacio para que le entregara los números telefónicos de los magistrados con el fin de ‘chuzar’ sus conversaciones. Y también logró que dos empleadas de servicios generales metieran grabadoras a las discusiones de la Sala Plena. Incluso la ‘Mata Hari’tuvo acceso a los expedientes de los llamados parapolíticos que se investigaban y destinó un dinero para tomarle copia al de Mario Uribe, pero finalmente no lo consiguió. En un reporte publicado por este diario se lee que de todos estos pasos estuvieron enterados María del Pilar Hurtado (hoy asilada en Panamá) y alguien a quien denominaron “el número 1”.
Para el DAS era muy importante, además, obtener toda la información posible de la Corte Suprema de Justicia sobre el famoso escándalo de la ‘yidispolítica’, sobre el turbio proceso de aprobación de la reelección presidencial en el Congreso. La Corte, cada vez más asediada, le pedía explicaciones al gobierno, que negaba de plano cualquier maniobra contra el alto tribunal. Hoy, con las nuevas declaraciones de ‘Don Berna’ desde una cárcel federal de Estados Unidos, se siguen conociendo más detalles del complot que se articuló para desacreditar las investigaciones que adelantaba la Corte contra las mafias del paramilitarismo enquistadas en la política. El magistrado Jaime Arrubla ha repetido que el escenario “es sencillamente delirante” y que por mucho menos el presidente Richard Nixon tuvo que salir del poder en Estados Unidos.
Mientras la justicia aclara las piezas del rompecabezas que siguen en el limbo, la Fiscalía pidió investigaciones para todas las personas que fueron señaladas por ‘Don Berna’, es decir, el exsecretario Edmundo del Castillo, el exembajador Juan José Cháux (investigado por sus nexos con los ‘paras’) y el exsecretario general Bernardo Moreno, de quien dijo el excomandante de las autodefensas, que supo desde el principio del plan para enlodar a la Corte.