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El juez 65 de control de garantías se abstuvo de dictar medida de aseguramiento al exsecretario jurídico de la Presidencia de la República, Edmundo del Castillo en el marco del proceso que se le adelanta por su presunta participación y conocimiento en la obtención de información privilegiada por parte de agentes del DAS a magistrados de las altas cortes y congresistas de oposición del Gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
El funcionario judicial rechazó la petición de la Fiscalía General al considerar que no cumplía con los requisitos para emitir una medida restrictiva para salir del país. Con esta decisión el exfuncionario se defenderá en libertad. Del Castillo se declaró inocente de los cuatro delitos imputados por la Fiscalía frente al complot que se adelantó contra la Corte Suprema y la obtención de datos de los opositores a las políticas gubernamentales.
En el caso del exsecretario de prensa de la Casa de Nariño, César Mauricio Velásquez se estableció que tampoco se presentaron argumentos de fondo para que se restringiera su salida de Roma, donde vive desde hace 10 años. Vía teleconferencia, el pasado 9 de septiembre, el exfuncionario no aceptó su responsabilidad en el delito de concierto para delinquir.
Igualmente se abstuvo de emitir medida de aseguramiento en contra de los abogados Diego Álvarez Betancourt –quien defendía los intereses del excomandante paramilitar alias ‘Don Berna’- y Sergio Augusto González –quien defendía los intereses del exjefe de las AUC alias ‘Job’.
La Fiscalía General presentó recurso de apelación en contra de esta decisión judicial. Esta tendrá que ser resuelta en segunda instancia por un juez de conocimiento.
El proceso
Según la Fiscalía General en diversas reuniones se ordenó la obtención de datos reservados con el fin de iniciar una campaña de desprestigio en contra de los magistrados acusándolos de aceptar invitaciones de personas relacionadas con el narcotráfico. Dichos datos fueron filtrados inescrupulosamente a los medios de comunicación.
Diferentes testigos aseguraron que en diversas reuniones en la Casa de Nariño se dieron instrucciones claras y precisas para obtener la información reservada. Ante esto se conformó un equipo con agentes del DAS para infiltrar la Corte Suprema para grabar las Salas Penales y obtener documentos que tenían reserva.
Además se le pidió a la UIAF un informe financiero sobre los magistrados que habían sido invitados a un viaje a Neiva por parte del polémico empresario Ascencio Reyes. Todos los reportes y la información obtenida era socializada en las reuniones en las que participaban Edmundo del Castillo y César Mauricio Velásquez.
“Estuvieron al tanto de recopilar información privada de los magistrados y participación en la infiltración de esa información privada a los medios de comunicación”, precisó la fiscal del caso al manifestar que recibieron en sus respectivos despachos los datos recolectados.
Igualmente hacían presencia la directora del DAS, María del Pilar Hurtado –condenada a 14 años de prisión por las ‘chuzadas’-el asesor presidencial José Obdulio Gaviria; el funcionario de presidencia Jorge Mario Eastman y delegados de la Uiaf. En las mismas se daban instrucciones para obtener otros datos.
Se buscó afectar la credibilidad de los magistrados auxiliares Iván Velásquez y Luz Adriana Camargo de ofrecer beneficios judiciales a excomandantes paramilitares a cambio de vincular al entonces presidente Álvaro Uribe Vélez en un plan para asesinar al jefe de las AUC conocido con el alias de ‘Rene’. Para esto se presentaron denuncias y fueron publicados comunicados de prensa de la Presidencia sobre esta situación.
Tanto Del Castillo como Velásquez participaron en la reunión en la casa de Nariño a la que asistió el excomandante paramilitar Severo Antonio López Jiménez, alias ‘Job’. En dicho encuentro se presentaron inquietudes sobre los acuerdos firmados en el proceso de desmovilización de las AUC y el posible plan de extraditar a los comandantes paramilitares.
El origen de dicho plan se dio tras la apertura de una investigación preliminar en contra del senador Mario Uribe Escobar –primo de Álvaro Uribe Vélez- por presuntos vínculos con grupos paramilitares. Desde la presidencia se habría ordenado la obtención de manera ilícita de dicho proceso.