EE.UU. habría concedido asilo político a Andrés Felipe Arias

El exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias Leyva recibió asilo político por parte del Gobierno de los Estados Unidos. El exjefe de la cartera política habría recibido este beneficio desde septiembre de 2014, dos meses después que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia lo condenara a 17 años de prisión por el escándalo de Agro Ingreso Seguro (AIS), confirmaron fuentes cercanas de la Oficina de Asilo de Miami a la Revista Semana.

El artículo revela los dos registros de extranjería que tiene el exministro de Agricultura, quien en junio del año pasado salió del país en compañía de su familia, pocos días antes que se emitiera el sentido de fallo en su proceso penal.

Según un abogado especialista de migración de Miami consultado por Semana.com, esto se debería a que el primer número se lo dieron a Arias de manera provisional mientras le concedieron el asilo definitivamente.

La fuente le aseguró a ese medio que, “un año después de haber obtenido el refugio, Arias puede aplicar para la residencia definitiva en el país del norte. Luego de esto debe pasar cinco años para obtener la ciudadanía”.

Cabe recordar, que en repetidas oportunidades el exprecandidato presidencial por el Partido Conservador aseguró que no contó con las garantías judiciales en Colombia, señalando que pese a las pruebas que presentó en el juicio ante el alto tribunal fue sentenciado por las irregularidades en la celebración de contratos con el IICA para la entrega de los subsidios del proyecto bandera del Ministerio.

Según se ha podido establecer Arias Leyva inició todo el trámite del asilo político para él y su núcleo familiar argumentando una persecución política por su cercanía con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. El exministro siempre se declaró inocente de los delitos de peculado a favor de terceros e interés indebido en la celebración de contratos por los que fue acusado por la Fiscalía General.

Este miércoles la Procuraduría General presentó un recurso de insistencia ante la Corte Constitucional para que selecciones para su estudio la tutela presentada por el suegro del exministro de Agricultura en contra del fallo de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. En la acción judicial se argumenta que se le vulneró el derecho al debido proceso y a la defensa.

En el recurso firmado por el procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado se indica que resulta de la mayor importancia que se seleccione para revisión este proceso, en razón a la relevancia constitucional de definir expresamente las situaciones en las que procede la agencia oficiosa para la acción de tutela. Señala, en este sentido, que aunque la jurisprudencia de la Corte Constitucional cuenta con numerosas decisiones sobre la agencia oficiosa, aún no se ha referido a su procedencia cuando el titular de los derechos invocados se encuentra fuera del país.

De otra parte, considera que aunque se trata de un proceso penal que ya fue fallado por el juez competente, justamente lo que se solicita revisar con la acción de tutela es si se respetó el derecho fundamental al debido proceso, o se incurrió en una serie de graves irregularidades como no contar con el material probatorio suficiente para demostrar la existencia del dolo que exigen los tipos penales por los que se profirió la condena.

La tutela fue admitida y decidida de fondo en primera instancia por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, que decidió no amparar los derechos invocados, argumentando que el agente oficioso no se encontraba legitimado para procurar la defensa del señor Arias Leyva y su familia por el solo hecho de que ellos estuviesen domiciliados en el exterior, y que la esposa e hijos del exministro no eran parte del proceso penal, por lo que no podían considerarse afectados directamente por la providencia de la Sala de Casación Penal de esa corporación.

Este fallo de tutela fue impugnado y la decisión de segunda instancia fue adoptada en el mismo sentido por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Arias Leyva fue condenado a 17 años de prisiós por su responsabilidad en los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación a favor de terceros en la entrega de subsidios del programa AIS.

La condena contra Arias

El alto tribunal consideró que existen pruebas documentales y testimoniales que permiten establecer que Arias Leyva incurrió en una falta penal al no celebrar licitación pública para la entrega de multimillonarios subsidios agrícolas, y en vez de esto le entregó esta competencia de manera directa con el IICA. (Ver "Fiscalía mintió en proceso en mi contra por Agro Ingreso Seguro": Andrés F. Arias)

“El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural al celebrar los convenios desconoció los principios rectores de la función pública y de la contratación estatal, en especial los de planeación, transparencia, economía y responsabilidad. Al escoger de manera discrecional al IICA como cooperante soslayó la regla según la cual la escogencia del contratista debe efectuarse a través de licitación o concurso público”, precisó la Corte Suprema.

Igualmente se consideró que el entonces jefe de la cartera de Agricultura y Desarrollo Rural conocía de primera mano las irregularidades sobre frente al fraccionamiento de predios por parte de un grupo de empresarios quienes se vieron beneficiados con más de dos subsidios lo cual iba en contra de la naturaleza de la ley.

Para la Corte “Andrés Felipe Arias Leyva actuó con completo conocimiento de la ilegalidad de su conducta” puesto que siempre tuvo una activa participación y conocimiento en los hechos que rodearon la planeación y ejecución del denominado programa bandera del Ministerio de Agricultura desde el principio.

En este sentido consideró que se vulneraron los principios de transparencia, publicidad, rectitud, entre otros, que exige la ley para la contratación pública. En este sentido manifestó que el monto del contrato y la naturaleza del mismo exigían que se celebrara una licitación hecho que no se presentó en el caso materia de estudio puesto que se le entregó al IICA el convenio contractual “a dedo”.

“Siempre tuvo una intervención permanente y directa en la intervención y desarrollo de estos convenios, así como las convocatorias presupuestales para el manejo de los subsidios”, precisó la magistrada ponente en la lectura del sentido del fallo, en el que se indicó que Arias Leyva tuvo en este proceso gente de su entera confianza para que manejaran todo lo relacionado con el proyecto de Agro Ingreso Seguro.

En este caso se manifestó que el entonces ministro de Agricultura con el fin de justificar la entrega directa del manejo de los subsidios al IICA se cambió la naturaleza de los contratos y se les adjudicó la base de “ciencia y tecnología” las cuales no fueron argumentadas en el desarrollo del juicio que duró más de dos años.

“La ejecución de los convenios se inició antes de que se suscribieran o se concretara su perfeccionamiento (…) así las labores de divulgación de convocatorias que constituían su objeto, se cumplieron en los meses previos a su suscripción y los términos de referencia de los mismos concursos fueron elaborados y en algunos casos divulgados antes de su firma y de la aprobación de la garantía que debía prestar al IICA”, indicó.

Entre los años 2007 y 2009 el Ministro de Agricultura desembolsó más de 550 mil millones de pesos al IICA para la ejecución de tres contratos. "Se demostró que Arias conservó la disponibilidad jurídica de estos dineros y en ese sentido se valió de los términos de referencia de las convocatorias de riego y drenaje, para incluir reglas que favorecían a sectores específico de la producción agrícola”.