En EE.UU. Odebrecht reconoce sobornos, en Colombia reclama $1 billón

La Ruta del Sol Sector II pretende unir al centro del país con el Caribe. / Óscar Pérez

Sólo en el país de Macondo habría de ocurrir que el pulpo empresarial que reconoció hace menos de un mes haber sobornado a diestra y siniestra en el mundo pretenda hoy cuadrar caja con demandas millonarias al Estado. Se trata de la multinacional brasileña Odebrecht, que repartió coimas por US$788 millones en 12 países. Lo paradójico es que mientras la firma cocinaba un acuerdo con fiscales norteamericanos y se veía obligada a echar al agua a sus antiguos cómplices, en Colombia emprendía una cruzada judicial con unas pretensiones que hoy suman más de $1 billón.

¿Cómo puede ser esto posible? El origen de este multimillonario pleito es el contrato del sector II de la Ruta del Sol, la construcción de 528 kilómetros de carretera entre Puerto Salgar (Cundinamarca) y San Roque (Cesar), un negocio estimado en $5 billones. La multinacional forma parte de la Concesionaria Ruta del Sol, una sociedad integrada, además, por Episol (una filial de Corficolombiana) y CSS Constructores, empresa del grupo Solarte. ¿Sabían los socios de Odebrecht en este megaproyecto que se “engrasaron” altos funcionarios para asegurar esta licitación?

Esa es una de las preguntas fundamentales que busca aclarar la fiscalía de Néstor Humberto Martínez. Y por eso no se descarta que los miembros de este consorcio tengan que rendir explicaciones ante fiscales de la Unidad Anticorrupción. Pero, ¿cómo fue posible que una multinacional como esta le pudiera ocultar a sus asociados en Colombia una negociación bajo la mesa? Este diario buscó respuestas del consorcio que hoy está bajo sospecha.

Carlos Alberto Solarte, representante del grupo Solarte, le dijo a El Espectador que la participación de su empresa CSS Constructores en el negocio fue mínima y que jamás se enteraron de las movidas de la firma brasileña. “Fue una actuación particular de Odebrecht y nosotros, junto a Episol, no tuvimos conocimiento de lo que sucedió. Por la prensa fue que nos dimos cuenta de que tales pagos se habían realizado por parte de Odebrecht y por fuera del país. No teníamos conocimiento en lo absoluto y eso lo podemos demostrar cuando se analicen los balances financieros del consorcio. Hasta ahora la Fiscalía no nos ha llamado, pero con seguridad lo hará y daremos las explicaciones. No supimos de ningún tipo de coimas”.

Solarte agregó que Odebrecht, muy a pesar del escándalo mundial, es la firma que todavía administra el contrato de la Ruta del Sol, pues tiene el 62 % de las acciones del consorcio. Por lo tanto, explicó, los pormenores del desarrollo de este megacontrato los ha tomado desde 2010 el gigante brasileño, al punto que su compañía -dijo- ni siquiera tenía poder de decisión en las juntas directivas. “En esas obras no hay ni una sola máquina de nuestra empresa ni de Episol. Sólo pusimos la inversión y las cuotas del porcentaje de participación que debíamos pagar. He estado desvinculado del tema, pues hasta la semana pasada me enteré de que hay proveedores a los que se les debe plata por alquiler de maquinaria”, puntualizó Solarte.

Las demandas

El Espectador conoció todos los documentos que presentó la Concesionaria Ruta del Sol -con Odebrecht a la cabeza- para sustentar sus demandas contra Colombia por supuestos incumplimientos y fallas de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). La primera fue instaurada el 6 de agosto de 2015 por un valor de $645.148 millones. En abril del año pasado trascendió este pleito. No obstante, Odebrecht planteó otra demanda. En los mismos términos, y con un año de diferencia, exigió una compensación económica por $394.502 millones.

En agosto de 2016, cuando la ANI fue notificada de esta nueva reclamación las alarmas se encendieron en Palacio de Nariño. Ya entonces había estallado en Brasil el expediente Odebrecht y fueron cayendo uno tras otro de los más curtidos políticos de ese país. Estados Unidos ya venía rastreando los movimientos bancarios de la firma brasileña y todo explotó en diciembre pasado, cuando Odebrecht reconoció una sofisticada operación de sobornos en el mundo.

De vuelta a Colombia, la justicia les dio trámite a estas dos demandas, que finalmente fueron acumuladas en un solo Tribunal de Arbitramento compuesto por tres jueces: William José Namen, Stella Villegas y Alier Eduardo Hernández. Desde hace varios meses estos tres árbitros evalúan las multimillonarias exigencias del Consorcio Ruta del Sol. No obstante, la revelación del pago de coimas seguramente cambiará las estrategias de defensa del Gobierno y del consorcio.

Fuentes cercanas al proceso indicaron que el objetivo de Odebrecht se cumplió, pues el tribunal dictó una medida cautelar que le impidió a la ANI sancionarlos por los incumplimientos en el contrato. En pocas palabras, el Estado quedó en el limbo mientras la obra avanza a media máquina. El presidente de la ANI, Luis Fernando Andrade, ha dicho que con esta decisión se frenaron las sanciones al consorcio por los constantes incumplimientos en los cronogramas. En síntesis, a la ANI le quitaron los dientes. Con la gravedad de que este negocio está amarrado hasta 2036.

En un comunicado de prensa, la Concesionaria Ruta del Sol le dijo a El Espectador que durante su gestión se han logrado construir 300 kilómetros de carreteras y se han rehabilitado 200 kilómetros de vías. Además, que el proyecto se ha ejecutado en un 68 % y hasta el momento se han invertido $3,1 billones. “Es importante aclarar que la Concesionaria Ruta del Sol, independientemente de los procesos legales que se adelantan, sigue comprometida con la construcción de las obras”, resaltó. Además, explicó el consorcio que las demandas se relacionan solamente con aparentes incumplimientos del Estado y que el escándalo mundial de Odebrecht es otra cosa.

Las quejas del consorcio contra la nación parecen infinitas. Por ejemplo, que la ANI no contrató oportunamente la interventoría del proyecto, lo que retrasó los tiempos de entrega de las obras desde el inicio del contrato (5 de abril del 2010) hasta la fecha. También advirtió que los problemas para obtener licencias ambientales y adquirir los predios fueron constantes. Un escenario que, según ellos, generó parálisis y sobrecostos. Las minucias son muy técnicas, pero el grueso de sus críticas es que la ANI desconoció cláusulas vitales del millonario contrato.

“(La ANI) ocasiona graves perjuicios económicos y financieros al concesionario que comprometen su capacidad para ejecutar la obra en la medida en que se han generado mayores costos no reconocidos”, se lee en la demanda en poder de este diario. En contraste, el Gobierno le respondió al consorcio con la misma moneda: lo demandó por idénticas razones. El tribunal de arbitramento deberá saldar esta puja.

Pero todavía queda un interrogante en el aire. ¿Puede una empresa, que aceptó haber sobornado funcionarios, demandar al Estado por un contrato que se ganó de forma fraudulenta? El director de la ANI ha sostenido sin rodeos que el contrato debería ser anulado, lo que dejaría sin efecto el tribunal de arbitramento. Si eso no ocurre, se prevé que la decisión sobre las reclamaciones de $1 billón del consorcio podría conocerse a finales de 2017.

Expertos consultados le hicieron a este diario una comparación aterradora. Mientras Odebrecht pagó en 2009 US$6,5 millones en sobornos para asegurar el contrato de la Ruta del Sol, en 2017 exige que el Estado le cancele 50 veces ese monto. ¿Y las coimas? ¿Es nulo el negocio? ¿Ganará el “engrase”? La justicia tiene la palabra.

Génesis de un soborno

En marzo de 2009 el Instituto Nacional de Concesiones, Inco (hoy ANI), hizo público el documento de estudios previos que justificaban la construcción de tres sectores de la Ruta del Sol. Serían, según anuncio del Gobierno, contratos por concesión para seguir edificando el proyecto vial más ambicioso del segundo mandato de Álvaro Uribe: conectar el centro de Colombia con la troncal Caribe. En varios documentos de planeación nacional se consignó la necesidad y urgencia de ampliar la red vial.

Al Inco había llegado como director encargado Gabriel García Morales, quien entonces ejercía como viceministro de Transporte. Él, desde ese cargo, tenía la responsabilidad de estructurar el proceso de licitación de la Ruta del Sol, y así lo hizo. Inicialmente la licitación fue por $2 billones. Nadie reclamó nada entonces y Odebrecht posaba como una sólida firma internacional.

Sin embargo, casi siete años después el escenario es apocalíptico. La Fiscalía tiene pruebas de que García Morales -detenido desde el jueves pasado- se encargó de manipular el proceso con el fin de que la Concesionaria Ruta del Sol resultara como única apta para ganarse el contrato. Para los investigadores de Colombia y Estados Unidos no hay duda de que García Morales benefició a Odebrecht y sus socios. Y, sobre todo, que en esas vueltas recibió una tajada de US$6,5 millones.

Esa es la columna vertebral de la imputación de cargos que le hizo la Fiscalía al exviceministro que, hace tan sólo unos días, se juró inocente. “Mostraré ante las autoridades que bajo mi encargo en 2009 siempre se procedió con rigor y transparencia (…) Soy el primer interesado en el esclarecimiento de estas denuncias que intentan enlodar mi reputación”, dijo en diciembre García Morales. No obstante, enero le puso otra cara a su defensa. Ahora deberá encarar a un juez de la República, quien decidirá su suerte.

Él es el primer exfuncionario de Colombia en caer por el tsunami Odebrecht. Lo persigue desde el jueves un manto de sospecha y se le procesa por tres delitos: cohecho, enriquecimiento ilícito e interés indebido en la celebración de contratos. No obstante, faltan muchos, según las cuentas de la propia Fiscalía. De hecho, se indagan en total coimas por US$11 millones entre 2009 y 2014. Ya salió al baile un exfuncionario de la era Uribe. Faltan aún los de la era Santos.

El fiscal Néstor Humberto Martínez reveló que ya se identificaron a otros cuatro directivos de la ANI que también habrían recibido sobornos a cambio de adjudicar contratos en otras zonas del país a Odebrecht tanto a nivel nacional como territorial. Una unidad élite de la Fiscalía Anticorrupción adelanta las pesquisas. El expediente Odebrecht por fin empieza a tener nombres y apellidos concretos. ¿Y las demandas por $1 billón, qué?, se preguntan todos en Palacio.

Así cayó la gigante brasileña Odebrecht

Desde 2015 la gigante brasileña de construcción Odebrecht cayó en desgracia, luego de que autoridades de Estados Unidos y Brasil iniciaran la Operación Lava Jato. En ese contexto se capturó al amo y señor de la firma, Marcelo Odebrecht, quien fue condenado en marzo de 2016 y hace tres semanas logró un acuerdo con la justicia norteamericana.

Según reveló el Departamento de Justicia de EE.UU., fue en 12 países –de los 21 en los que tiene operación– en los que se repartieron coimas. Se calcula que fueron US$788 millones los que entregaron en todo el mundo. Razón por la cual en EE.UU. una Corte federal del Distrito de Nueva York le impuso una multa de más de US$2.600 millones, algo así como $7,8 billones.

Los cinco países en los que más sobornos se pagaron

349 millones de dólares se pagaron a funcionarios públicos en Brasil, país donde fue fundada Odebrecht.

98 millones de dólares fueron destinados por Odebrecht para pagar coimas a funcionarios venezolanos.

92 millones de dólares quedaron en manos de corruptos que entregaron contratos en República Dominicana.

59 millones de dólares fueron feriados en sobornos en Panamá, país que al parecer sirvió para ocultar algunos pagos.

50 millones de dólares se repartieron en Angola, el país africano que le dio más contratos a la firma Odebrecht.