Ejército debe pedir perdón por 'falso positivo' en Cauca

El Estado, además, debe construir una placa en memoria de la víctima y brindarle a sus familiares los cuidados que requieran para la superación del duelo.

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Por orden del Consejo de Estado el Ejército tiene un plazo de tres meses para ofrecerle excusas a la familia de Julián Andrés Uni Gironza, un joven de 19 años de edad asesinado por miembros de la Fuerza Pública en zona rural de Cajibío (Cauca), y presentado como guerrillero dado de baja en combate. A la presentación de excusas deben asistir los altos mandos militares y medios de comunicación del Cauca y de regiones aledañas. El Estado, además, debe construir en Cajibío una placa en conmemoración de Uni Gironza y brindarles a los familiares de la víctima toda la atención que requieran para superar el duelo por la muerte de este joven, ocurrida el 13 de junio de 1998.

"Cada una de las víctimas padeció un sufrimiento moral excruciante, dado que al dolor natural del duelo por la muerte de un joven se suma la indignación por la magnitud de la injusticia y la impotencia frente a la arbitrariedad de quienes tienen el poder de las armas. Además, en situaciones como las que se menciona, es dable pensar que al dolor de la muerte se suma el miedo por las represalias de la denuncia", indicó el Consejo de Estado en el fallo de la magistrada ponente Stella Conto Díaz del Castillo.

Para el Consejo de Estado en este caso no hubo una falla en el servicio sino "una perversión en el servicio". Las evidencias allegadas al proceso comprobaron que Uni Gironza fue engañado por un compañero suyo, miembro del batallón José Hilario López, para que lo acompañara a Cajibío a encontrarse con unas amigas. A las pocas horas apareció muerto en esa población por cuenta de un supuesto combate con el Ejército. Los uniformados dijeron que Uni Gironza y otros dos supuestos guerrilleros los atacaron, versión que ya generaba dudas puesto que "ningún guerrillero con el mínimo entrenamiento va a decidirse a enfrentar con una pistola insignificante a un pelotón del Ejército con fusiles", indicó el Consejo de Estado.

Además el revólver calibre 32 largo que el joven llevaba en la mano –mejor dicho que le había sido plantada– no servía. No podía disparar los cuatro tiros que supuestamente había hecho. El joven estuvo enterrado como un NN en el cementerio de Piendamó (Cauca) hasta que su madre, Mariela Gironza, lo reconoció. El 9 de octubre de 1999 la Nación fue demandada por estos hechos. Uni Gironza no tenía ningún vínculo con la subversión. Se dedicaba a recoger café en una finca cerca de Popayán y nunca había tenido investigaciones por delitos relacionados con la guerrilla. Si al caso lo habían investigado por hurto pero no había sido condenado.

El mismo Consejo de Estado fue enfático en que los hechos que condujeron a la muerte del joven Uni Gironza "encajan perfectamente dentro de los parámetros de la práctica, desafortunadamente extendida entre los miembros de la Fuerza Pública a partir de la década de los 80 y que llegó a tener una escala casi endémica a partir de 2004, consistente en la ejecución extrajudicial de civiles y su posterior presentación como bajas de la subversión". La Fiscalía ha documentado cerca de 1800 casos de estos mal llamados 'falsos positivos', ejecuciones extrajudiciales realizadas por miembros de la Fuerza Pública con el fin de obtener reconocimientos por parte de sus superiores. Ya varias veces el Estado ha sido condenado a pedir perdón por estos hechos que son una vergüenza para la Nación y que tienen a varios uniformados en la mira de la justicia.