El juzgado 36 de conocimiento de Bogotá definirá el próximo 27 de enero si avala o no la aceptación de cuatro cargos hecha por los miembros del denominado grupo Nule dentro del segundo proceso que de les adelanta por el "carrusel de la contratación" en la capital de la República.
El pasado 28 de enero Miguel, Manuel y Guido Nule, así como su socio Mauricio Galofre aceptaron su participación y responsabilidad en los delitos de fraude procesal, falsedad de documento privado, concierto para delinquir y cohecho imputados por el fiscal tercero delegado ante la Corte Suprema de Justicia en abril de 2011.
Según la investigación adelantada por la Fiscalía General, por medio de sus empresas habrían entregado comisiones a un grupo funcionarios de la Alcaldía de Bogotá, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), concejales distritales, entre otros, con el fin de recibir multimillonarios contratos viales pese a que no cumplían con los requisitos.
En este sentido los Nule recibieron multimillonarios anticipos para adelantar estas obras en la capital de la República, entre los que se encontraban la tercera fase de TransMilenio por la calle 26, la reparación de la malla vial y la valorización, sin embargo fueron utilizados para pagar deudas de sus empresas y adelantar contratos represados en otros lugares del país.
De avalarse su aceptación de cargos los empresarios podrían enfrentar una condena entre los siete y los ocho años de prisión. Actualmente se encuentran privados de su libertad pagando una sentencia de 14 años por el delito de peculado por apropiación el cual fue aceptado en la audiencia de imputación de cargos. La Sala Penal de la Corte Suprema estudia el recurso de casación presentado por la defensa de los empresarios que buscan que se les rebaje la pena.
En diversas oportunidades los Nule han señalado como los autores materiales de la soloicitud de comisiones para la entrega de los contratos al exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas; su hermano, el excongresista Iván Moreno Rojas (condenado a 14 años de prisión por la Corte Suprema) y la exdirectora del Insituto de Desarrollo Urbano (IDU), Liliana Pardo Gaona.