El 7 de septiembre será acusada la excontralora General, Sandra Morelli

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia aplazó hasta el próximo 7 de septiembre la audiencia en la cual la Fiscalía General acusará formalmente a la excontralora General, Sandra Morelli Rico por su presunta participación en las irregularidades que rodearon la contratación de la nueva sede del ente de control fiscal en el edificio de Gran Estación II en el occidente de la capital de la República.

El magistrado ponente aceptó la solicitud presentada por el abogado defensor quien aseguró que debido al anexo del escrito de la acusación presentado por la Fiscalía General, que consiste en 178 nuevos documentos, 36 pruebas testimoniales, tres informes de policía, un informe pericial y una entrevista.

Con esto, son en total, la acusación contra la exjefe del ente de control fiscal consiste en 4.300 documentos, 125 testimonios, 66 entrevistas, 80 informes de policía y 31 informes periciales. Por estos hechos le otorgo un tiempo prudencia a la bancada de la defensa para que estudie las nuevas pruebas para plantear su estrategia frente a este juicio.

En la diligencia celebrada este jueves, la Sala Penal de la Corte Suprema avaló como víctimas a la Auditoria General de la República y Contraloría General, al considerar que se vieron afectados por la celebración de dicho contrato de arrendamiento. El pasado mes de diciembre venció dicho convenio contractual y se tuvieron que buscar sedes alternas. 

Morelli Rico es investigada por su presunta responsabilidad en los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y pecuado por apropiación a favor de terceros. En repetidas oportunidades ha calificado este porceso como "una persecución penal" por parte del fiscal General, Eduardo Montelagre.

Para el ente investigador, la entonces jefe del ente de control fiscal no justificó de manera correcta los motivos para arrendar estas nuevas oficinas. Igualmente se le cuestiona el excesivo costo del arriendo por el periodo de cuatro años. En diciembre del año pasado dicho contrato terminó y la Contraloría General tuvo que buscar varias sedes alternas.

Según la Fiscalía, el proceso de contratación no contó con los requisitos exigidos, evadiendo los estudios técnicos y de mercado para inferir la necesidad de trasladar las oficinas ubicadas en los edificios Crisanto Luque y Colseguros, en el centro de Bogotá. La Fiscalía reprochó el hecho que la firma de estos contratos no fuera la más favorable para los intereses del Estado.

También ha sido objeto de acusación, el hecho de que se hayan pagado los cánones de arrendamiento correspondientes a dos meses por un valor cercano a los 5 mil millones de pesos, puesto que estos no fueron utilizados durante esos 60 días por los funcionarios, empleados y oficina central del ente de control fiscal. A esta cifra se le suman los costos globales generados por los dobles pagos realizados al contratista.

Igualmente se indica que existen fallas en la venta de las dos sedes propias de la Contraloría General de la República en los cuales se desconocieron los requisitos legales exigidos en este tipo de contratos. El pasado mes de diciembre un juez se abstuvo de dictarle medida de aseguramiento a la excontralora general.

En este sentido se indica que se vulneraron los principios de transparencia, economía y selección objetiva. Según los documentos se habría presentado un detrimento patrimonial de 12.292 millones de pesos por lo que se cuestiona el hecho que la "funcionaria encargada de velar por el óptimo control del patrimonio haya incurrido en este desfalco".

La Fiscalía General solicitará que en el juicio se cuenten con los testimonios del presidente de la República, Juan Manuel Santos; el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría; el procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado; la senadora libertal Viviane Moreles, entre otros.